Un total de 16 fiscales de Sala del Tribunal Supremo, la mitad de la cúpula del Ministerio Fiscal, ha remitido una carta conjunta a la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, en la que rechazan de plano la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que se ha planteado a través de una enmienda a la Ley Concursal y en la que piden que inste al Grupo Socialista a retirarla. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales ponen el foco en el apartado de la enmienda que modifica el artículo 9.2 del EOMF, que contemplaría en caso de aprobarse que el fiscal general deba informar por escrito al Gobierno, por su propia iniciativa o cuando éste lo interese y siempre que no exista obstáculo legal, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer.
Los fiscales firmantes entienden que "ni la forma elegida para llevar a cabo una reforma legal de semejante calado, ni el contenido material de la misma son asumibles". Y eso es así, alegan, porque tratándose de un cambio normativo que afecta manifiestamente al funcionamiento del Ministerio Fiscal y a las relaciones con otros poderes del Estado, las normas legales vigentes exigen que los mismos sean informados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal. "No existe constancia alguna de que uno y otro órgano hayan sido consultados y evacuados sus preceptivos trámites de informe sobre la viabilidad jurídica de semejantes modificaciones legales", recalcan, para luego añadir que esas medidas que se pretenden sacar adelante vía enmienda afectan "muy particularmente" a la independencia de la FGE del Gobierno como órgano de justicia, "contraviniendo las recomendaciones del grupo GRECO del Consejo de Europa".
Al hilo, recuerdan que tanto el Estatuto como la Constitución garantizan la independencia de la FGE en el desarrollo de sus funciones con un modelo que se sustenta en tres bases: no existe dependencia orgánica y funcional del FGE o de la institución respecto del Gobierno; se da un reconocimiento de la autonomía y la independencia funcional, sin subordinación alguna al Poder Ejecutivo; y los principios rectores en los que se fundamenta su desarrollo funcional son los de la legalidad y de imparcialidad.
Quiebra de la autonomía
Por eso, entienden que en caso de que se establezca la obligación para el FGE de informar al Gobierno, incluso por propia iniciativa, sobre los asuntos de especial trascendencia "representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno". Y añaden que es "una quiebra importante de la autonomía y de la independencia respecto a aquel, lo cual es absolutamente incompatible con el modelo constitucional de Ministerio Fiscal". Señalando además que ese punto de la enmienda permitiría al Gobierno "conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a los que nadie que no sean las partes del proceso debe tener acceso".
Asimismo, los firmantes de la carta a Delgado indican que esas modificaciones, entre las que se incluía que la FGE sea ascendida a fiscal de Sala del Supremo tras su cese, "son inviables jurídicamente" y explican que las posibles modificaciones estatutarias futuras debe abordarse en el contexto de una reforma más general del Estatuto Orgánico que abarcase cuestiones estructurales (como la reestructuración e incremento de su planta o la autonomía presupuestaria), orgánicas y funcionales.
Indican que de esa manera se puede preparar a la institución para el cambio del actual modelo procesal penal, asumiendo la dirección de las investigaciones, que fortalezcan la independencia de su actuación como institución "y que alejen de una vez por todas las permanentes sospechas de intromisión y dependencia del Poder Ejecutivo". Tras exponer sus razones, los firmantes, todos pertenecientes a la primera categoría del Ministerio Fiscal, piden a Delgado que transmita el escrito de manera urgente al Congreso de los Diputados y al Grupo Parlamentario Socialista -proponente de la enmienda- para que reconsidere la tramitación y se proceda a su inmediata retirada.
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