El Gobierno ha fijado el próximo 19 de abril para decir prácticamente adiós a las mascarillas, salvo en determinados espacios en los que su uso aún será obligatorio. Un objeto que en los dos últimos años se ha convertido en imprescindible para protegerse de la covid-19. La falta de provisión de este material en marzo de 2020, uno de los momentos más duros de la pandemia, hizo que las distintas administraciones estatales, autonómicas y locales fueran a la carrera para conseguir este material y otros como guantes, batas, o equipos de protección. Ello provocó la firma de diversos contratos por el trámite de urgencia. Sin embargo, algunos empresarios vieron en la escasez y las prisas por adquirir estos productos un nicho de mercado que aprovecharon para sacar una alta rentabilidad de su intermediación. Unos negocios que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y varios jueces que determinarán si las comisiones que cobraron son legales.
El Tribunal de Cuentas ya fiscalizó varios contratos de emergencia -para los que se rebajaron los controles habituales y no existió concurso de publicidad- que realizaron 13 administraciones públicas para la gestión de crisis sanitaria. Su conclusión fue que la mayoría de ellas no comprobaron la solvencia económica, financiera y técnica de las empresas adjudicatarias, así como la capacidad de las mismas para poder cumplir con el contrato, cuando algunas ni siquiera se dedicaban al objeto de la licitación. En este sentido, detectó "deficiencias de gestión" y destacó que, en algunos casos, los productos suministrados no cumplían las características exigidas. Por todo ello, el órgano fiscalizador aconsejó a las administraciones que siempre estudien "ofertas de diferentes licitadores" y traten de negociar los términos de los contratos, intentando tener una referencia de los "precios habituales de mercado" de los productos que se intentan conseguir.
Por su parte, la Justicia ha puesto ya en marcha los mecanismos para sentar precedentes y averiguar si algunos intermediarios utilizaron su red de influencia (conocidos, familiares o amigos cercanos a las administraciones) para lograr con facilidad los contratos públicos y detectar si en la inflación de precios se ocultó el cobro de comisiones no pactadas legalmente. Precisamente esto es lo que va a investigar el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que interrogará el próximo 25 de abril a los dos empresarios que compraron mascarillas, guantes de nitrilo y test rápidos para el Ayuntamiento de Madrid. Todo ello después de admitir a trámite la querella del Ministerio Público contra Luis Medina, hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal, y su socio Alberto Luceño, a quienes se les atribuyen los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por cobrar de más 6 millones de dólares en comisiones.
Según la querella de Anticorrupción, estos dos intermediarios conocidos en el mundo de la 'jet set' aumentaron los precios del material sanitario con el objetivo de "obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Para ello, no solo engañaron a la responsable de la adjudicación, la consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (participada al 100% por el Ayuntamiento), asegurando que eran expertos en importación de productos del mercado asiático y agentes exclusivos de la empresa malaya con la que se llevó a cabo la operación; sino que escondieron las cantidades reales que se repartieron por este negocio, lo cual sí que se podría entender como irregular.
Así, según indica el escrito de la Fiscalía -que comenzó a investigar estos hechos de manera preliminar en noviembre de 2020- de los 11,9 millones dólares (10,9 millones de euros) que la empresa municipal abonó en total entre el 24 de marzo y el 6 de abril de 2020, cinco millones fueron a parar a la cuenta de Luceño, quien después compró tres relojes Rolex, un piso con tres plaza de garaje y tres trastero, y 12 coches de alta gama, entre otras cosas. Por otro lado, Medina recibió un millón de dólares, que sirvió para costear la compra de un yate, llamado 'Feria', en honor al título nobiliario de su familia. Unos bienes que el juez ha ordenado embargar de forma preventiva mientras se aclara todo este asunto, en el que el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida se personará como perjudicado.
El hermano de Ayuso
Este es uno de los muchos casos repartidos por el territorio nacional que jueces y fiscales estudian para poner coto al 'negocio pandémico' en el que varios comisionistas pusieron el ojo, según han indicado fuentes fiscales, que no han detallado cuántas investigaciones hay en curso al tratarse de diligencias reservadas. Uno de los que sí se tiene conocimiento es el denominado 'caso Ayuso', relacionado con contratos de la Comunidad de Madrid para la gestión de la crisis sanitaria. Desde el pasado 23 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón analiza las denuncias presentadas por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, que pidieron investigar desde los vuelos en los que llegaron mascarillas en la primera ola de la pandemia hasta el equipamiento de la sala de prensa del Hospital Isabel Zendal, construido en tiempo récord para hacer frente a la pandemia.
Anticorrupción analiza algunos contratos de la Comunidad de Madrid, como el firmado el 1 de abril de 2020 para la compra de mascarillas, en el que intervino el hermano de Díaz Ayuso.
Pero el contrato más destacado es el firmado el 1 de abril de 2020 para la adquisición de mascarillas FFP2 y FPP3, por el importe de 1,5 millones de euros, en el que intervino el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Una adjudicación que ha sido la causante de varias polémicas. Desde el punto de vista político, fue el que originó una gran crisis interna en el PP, que ha terminado por desbancar al que fuera su líder, Pablo Casado, tras revelarse que se intentó espiar a Tomás Díaz Ayuso. El objetivo era aclarar si por este contrato se llevó una comisión de 280.000 euros. La presidenta madrileña precisó que la comisión "legal" que su familiar recibió por mediar en este asunto fue de 55.850 euros, mientras que no aclaró de dónde procede el monto restante.
Así las cosas, Anticorrupción trata de despejar esta incógnita, por lo que inició una investigación preprocesal -es decir aún no se encuentra judicializada- para ver si en la adjudicación pública a Priviet Sportive, cuyo administrador es un amigo de la familia Díaz Ayuso, existen indicios de delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación o negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Desde el punto de vista jurídico, la investigación de Anticorrupción dio pie a otra disputa, pues la Fiscalía Europea reclamó todas las diligencias practicadas para unirlas al procedimiento que tenía esta institución en marcha ante la presunta malversación de fondos 'Feder'. Finalmente, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras oír a la Junta de Fiscales de Sala -órgano consultivo en materia técnica- decidió que la Fiscalía nacional especializada en la lucha contra la corrupción era la competente para investigar este contrato, dejando solo la parte de fondos comunitarios en manos de la otra Fiscalía con sede en Luxemburgo, que tiene la competencia exclusiva en esta materia. Así, pese a las reticencias de los colegas europeos, el fiscal Alejandro Luzón ha continuado con sus planes y ya ha llamado a declarar a testigos como el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Los contratos del Gobierno
Por su parte, Díaz Ayuso ha tratado de contrarrestar cualquier tipo de acusación dirigida hacia ella -aunque Anticorrupción ha descartado por el momento su participación en los hechos- y también ha presentado, a través del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, una denuncia sobre 12 contratos que adjudicó el Ejecutivo en plena pandemia por el total de 326 millones de euros. En en este sentido, además de instar a que se estudie si en este caso también se vieron afectados fondos europeos, se pide investigar los presuntos vínculos de las adjudicatarias con gente cercana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al exministro de Sanidad Salvador Illa; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; o al propio exministro de Transportes José Luis Ábalos.
La Fiscalía Anticorrupción se encuentra terminando el análisis de esta denuncia presentada por los 'populares', según han indicado fuentes fiscales a La Información, por lo que en los próximos días dará a conocer si abre diligencias de investigación sobre estos hechos, como hizo con el 'caso Ayuso', o lo archiva directamente. Independientemente de este asunto, algunas contrataciones del Gobierno en pleno confinamiento ya están siendo objeto de investigación, debido a que la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, admitió a trámite una querella presentada por Vox en mayo de 2020 contra tres altos cargos.
El partido de Santiago Abascal acusa al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; a la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) de Hacienda, Paloma Rosa; y a la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz, de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, al considerarles responsables de las irregularidades presuntamente cometidas en el gasto de más de 310 millones de euros para la compra de mascarillas, respiradores o pruebas PCR, entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020.
Precisamente este jueves, la juez de Madrid interrogó a los investigados, que negaron los hechos imputados por Vox. Así lo hizo el director de Ingesa, que negó las irregularidades y aseguró que el exministro Illa estaba al tanto de las contrataciones, pues hablaba con él "dos veces al día". En cuanto a la directora del departamento dependiente de Hacienda, señaló que no había intervenido en estos contratos, pues su Ministerio no participó en ellos. Asimismo, apuntó que los relativos a los respiradores, los llevaba "directamente" el secretario general de Sanidad, según indicaron fuentes presentes en las declaraciones.
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