ERC, Bildu, CUP y BNG piden voluntad para una reforma laboral "ambiciosa"

ERC, EH Bildu, CUP y BNG apelaron este jueves a la “voluntad política del Gobierno” para “abrir un proceso de diálogo y negociación” con el fin de alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma laboral “ambiciosa”, al considerar que la que se debate estos días “no constituye la derogación” de la de 2012 y la nueva legislación laboral debería abarcar “aspectos troncales que han quedado excluidos” de la misma.

Así lo trasladaron Jordi Salvador, Mertxe Aizpurua, Mireia Vehí y Nestor Rego al comparecer en el Congreso para dar a conocer una declaración conjunta acordada sobre la reforma laboral con unas propuestas que, según dijeron, “cuentan con el respaldo de las mayorías sociales”.

“Mostramos nuestra absoluta y sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo ynegociación con el Gobierno y las fuerzas que lo componen, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma laboral ambiciosa que dé respuesta a las peticiones y expectativas de las personas trabajadoras y cumpla con la palabra dada a la mayoría trabajadora”, trasladaron.

Expusieron una serie de propuestas que “han contado y cuentan con el respaldo de las mayorías sociales de los pueblos del Estado y también puede contar -si los partidos del Gobierno están dispuestos a ello- con una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, con el concurso de las fuerzas soberanistas y de izquierda”.

Por ello, subrayaron que “su inclusión en la nueva norma y, en consecuencia, su integración en la reforma laboral depende únicamente de la disposición y voluntad política del Gobierno”. En concreto, pidieron tramitar la reforma laboral como proyecto de ley.

Además, pidieron que se recupere y establezca “la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos”, además de recuperar “la necesaria autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo, recuperando para ello las causas objetivas previas a la reforma laboral del 2012”.

Igualmente, reclamaron especificar “medidas para atajar la precariedad y las posibilidades de descuelgue salarial”, centradas “en una revisión y modificación de las causas y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo bajo las causas de ‘pérdidas’ previstas actualmente”.

Demandaron, asimismo la recuperación de la indemnización por despido improcedente, “incrementando su cuantía a los 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades para los despidos declarados improcedentes. Así mismo se recuperarán los salarios de tramitación”.

Pidieron también recuperar “la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa”. “A los convenios de empresa les corresponderá la función de adecuación y mejora de las condiciones fijadas en los convenios colectivos sectoriales, que constituirán el suelo mínimo de las condiciones en todas las empresas del sector”, defendieron.