Yolanda Díaz abre un nuevo capítulo en su agenda política. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha convencido a Pedro Sánchez para activar ya la subida del salario mínimo para 2022, a pesar de que la reforma laboral todavía está en el aire. El timing es clave: el Congreso de los Diputados votará el real decreto ley el próximo jueves, 3 de febrero, y la ministra de Trabajo ha convocado a la patronal y los sindicatos el lunes siguiente, día 7, para abordar la negociación del SMI. En el equipo de Díaz dan por hecho que la reforma laboral será convalidada la semana que viene y por eso se remangan ya para el siguiente hito: empujar el salario mínimo hasta el entorno de los 1.000 euros. Los empresarios se inclinan por no apoyar al Gobierno en esta nueva subida del SMI, como ya hicieron el pasado mes de septiembre, pero fuentes de Trabajo avisan de que se va a hacer con o sin el aval de la CEOE.
Aunque la reforma laboral y el salario mínimo son, aparentemente, compartimentos estancos, lo cierto es que el Ministerio de Trabajo no ha querido convocar a los agentes sociales a la mesa de negociación del SMI hasta tener suficientes garantías de que la reforma laboral pactada con la patronal y los sindicatos va a salir adelante en el Congreso. En el equipo de Díaz ya dan por descontado que lograrán los apoyos necesarios y que procederán de sus socios habituales, a los que convencerán "con mucha sensibilidad", encajando sus demandas en fórmulas que no alteren la literalidad del texto acordado con los agentes sociales, tal y como ha exigido Pedro Sánchez. El juego de equilibrios es harto complejo, pero Díaz está convencida de que lo logrará, porque la 'vía Ciudadanos' no suma (el PDeCAT se desmarcaría para no aparecer como la única formación nacionalista que no defiende la prevalencia del convenio autonómico) y todavía hay margen para atraer a ERC, PNV y Bildu sin contraprestaciones que hagan saltar por los aires el pacto social. "Es complicado, pero hay margen", insisten.
El optimismo de la Vicepresidencia segunda del Gobierno, sin embargo, contrasta con el escepticismo de los socios de investidura de la coalición. Fuentes de ERC, la formación que se ha mostrado más crítica con la reforma laboral acordada con los agentes sociales y especialmente con el modus operandi del Ejecutivo para evitar la tramitación parlamentaria del decreto, aseguran a La Información que "no hay ningún avance" en la negociación que se está llevando entre bambalinas y se remiten a que el PSOE ha admitido abiertamente que no reconocerá ningún acuerdo fuera del texto, tal y como está redactado actualmente. Las mismas fuentes insisten en que los socios del Gobierno (socialistas y morados) deben aclararse entre ellos y dirimir si efectivamente tienen la suma garantizada por otro lado (en referencia a los votos del grupo de Inés Arrimadas y otros partidos minoritarios) o están abiertos a introducir cambios en la norma, otorgando al Parlamento la capacidad de ejercer el poder legislativo, como sede de la soberanía popular.
Yolanda Díaz evita entrar al barro públicamente y en sus declaraciones mantiene su habitual discreción respecto a las negociaciones privadas con los socios, aunque sí ha reprochado al líder de ERC, Gabriel Rufián, que exponga "razones de proyectos políticos" cuando se refiere a su reforma laboral. Así lo señaló este miércoles en una atención a los periodistas antes de reunirse con miembros de UGT de Cataluña, donde se encuentra estos días manteniendo distintos encuentros con representantes sindicales y empresariales y buscando apoyos a la norma pactada en la mesa de diálogo social. En las mismas declaraciones, aseguró que la relación con ERC es muy buena y se mostró convencida de que la reforma laboral va a salir adelante. Y además avanzó que el Gobierno ha convocado a la patronal y los sindicatos el próximo día 7 de febrero para abordar la subida del SMI en 2022.
El plan de Díaz, por tanto, pasa por dar carpetazo a la reforma laboral el próximo jueves en el Congreso y sentar a los equipos técnicos del Ministerio, la patronal y los sindicatos el lunes siguiente en la mesa en la que va a producirse un primer posicionamiento de las distintas partes. No está previsto que Trabajo lleve negro sobre blanco una propuesta concreta a esa reunión, pero sí que el planteamiento gire en torno a las recomendaciones de los expertos que han orientado al Gobierno sobre la senda que debe seguir el SMI para situarse en el 60% del salario medio en 2023, tal y como marca la Carta Social Europea. Los sindicatos ya se han pronunciado al respecto y apuestan por elevar esta referencia hasta los 1.000 euros, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, si bien fuentes de la patronal avanzan que no apoyarán una nueva subida, tal y como hicieron el pasado mes de septiembre, cuando el Ejecutivo aprobó un incremento hasta los 965 euros.
Ahora bien, fuentes del Ministerio de Trabajo advierten de que la patronal no va a tener derecho de veto en este asunto y de que la subida del SMI se acometerá con o sin el respaldo de los empresarios. Aunque lo cierto es que la fijación del salario mínimo es potestad exclusiva del Gobierno y no requiere del visto bueno de los agentes sociales, el diálogo social se ha convertido en seña de la coalición progresista y desde el Ejecutivo -y especialmente desde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz- siempre se ha asegurado que se va a practicar en todas las medidas de ámbito laboral, aunque en ocasiones no se logre el consenso, como sucedió, de hecho, con la última subida del SMI o con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que introdujo José Luis Escrivá a última hora en la reforma de las pensiones, que tampoco contó con el beneplácito de los empresarios, aunque sí con el apoyo sindical.
Hay que recordar que, en la recta final del año pasado, Moncloa priorizó la aprobación de la reforma laboral para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y mantener abierto el grifo de los fondos europeos. El atasco en las negociaciones con la patronal y los sindicatos postergó su aterrizaje en el Consejo de Ministros hasta el último cónclave del ejercicio, lo que dejó sin margen a Díaz para abrir la negociación del SMI, que generalmente entra en vigor el 1 de enero. El Gobierno decidió entonces congelar esta referencia salarial porque, aunque no necesitaban del respaldo del diálogo social, el área económica que lidera Nadia Calviño no era partidaria de aprobar una nueva subida tan seguida y se optó por esperar a la convalidación de la reforma laboral en el Congreso y dar un respiro a los negociadores de patronal y sindicatos. Ahora sí, parece haber llegado el momento de que Díaz abra un nuevo capítulo en su agenda política, pese a que todavía no ha cerrado el de la reforma laboral.
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