El exdirector de comunicación del Banco Popular, Carlos Balado, ha señalado ante el juez que investiga la resolución del banco a Emilio Saracho como una de las personas que están detrás de las filtraciones en los medios sobre la mala situación de la entidad. El que fuera jefe de prensa ha señalado en su testifical en la Audiencia Nacional que el último presidente le echó de su cargo porque su objetivo era vender la entidad y no quería que estuviera presente. Según ha asegurado, el banquero le dijo que iba a "estampar el avión en la boca de Danièle Nouy", entonces presidenta del Consejo de Supervisión del BCE.
En su comparecencia, que ha arrancado a las 9.00 horas, el que fuera dircom bajo la etapa de Ángel Ron se ha referido expresamente al capítulo relativo a las filtraciones que se investigan en este procedimiento penal. Balado, que ya advirtió en su día en una carta al Consejo que se estaban difundiendo informaciones "perniciosas, irresponsables y desconsideradas" en un momento muy crítico para la entidad, ha vuelto a apuntar en esa dirección. En esta ocasión, y según fuentes presentes en la declaración consultadas por este periódico, Balado ha señalado directamente al expresidente de la entidad, Emilio Saracho.
Según ha explicado ante el juez y el fiscal Anticorrupción del caso, el banquero le dijo que su intención era vender el banco el 2 de abril, es decir apenas dos meses después de relevar en la presidencia a Ángel Ron. Sobre este episodio ha dicho que reunió en el despacho del bufete Uría Menéndez a los directores generales del Popular para preparar el hecho relevante que se trasladó a la CNMV a principios de ese mes. Al respecto ha señalado que solo él pudo dar traslado a prensa de estos hechos y ha añadido que el expresidente encargó a los directivos que "encontrasen algo" para publicar el hecho relevante.
La marcha de Larena
Esta versión choca con la mantenida por el propio Saracho, el cual en su interrogatorio de octubre del pasado año expuso que la decisión de cuándo comunicar a la CNMV la reformulación de las cuentas no fue suya sino que la tomó el comité de auditoría a instancias del auditor externo de PwC. También se pronunció sobre la dimisión del entonces consejero delegado del Popular y mano derecha de Ángel Ron, Pedro Larena. Sobre su marcha, que se produjo ese mismo mes de abril, Saracho expuso que era algo dilatado en el tiempo y que, cuando se filtró a la opinión pública, la CNMV requirió que se comunicara al mercado. Respecto este punto concreto, y según las fuentes consultadas por este diario, Balado ha apuntado que Larena solo le comunicó su cese al entonces presidente, dejando entrever de este modo que la filtración vino de las altas esferas.
Siguiendo el orden cronológico de los hechos, Balado también se ha pronunciado sobre la Junta General de Accionistas del Banco en la que Saracho explicó que no había otra salida para la entidad que no fuera su resolución. "No tenía más opción que comunicar noticias malas", dijo entonces. Ahora, el exjefe de comunicación del Popular arroja más luz sobre ese episodio y explica que Miguel Escrig, que se incorporó al Banco Popular como director adjunto al presidente, advirtió a Saracho que no dijera en dicha Junta del 10 de abril que el banco no tenía capital, ya que era solvente. Los últimos testigos que han declarado en la causa se han manifestado en este sentido al apuntar que el problema del banco era de liquidez y no de solvencia. Así lo expusieron el presidente de la CNMV Sebastián Albella, el exministro de Econonía Luis de Guindos o la presidenta del Santander, Ana Botín, en sus declaraciones ante el juez.
La testifical de Balado, que solicitó Ángel Ron, se produce una semana después de la comparecencia del expresidente de Santander de España, Rodrigo Echenique. El banquero expuso que Saracho también le trasladó su intención de vender el banco en el mes de febrero, apenas días después de su aterrizaje en la entidad. Saracho explicó que quería salvar la entidad pero que cuando llegó se encontró un escenario mucho peor del imaginado. Entre las opciones que barajó, según dijo, se encontraban una nueva ampliación de capital o una operación corporativa, si bien la intensa salida de depósitos que se produjo en aquellos meses acabó por dejar el entonces sexto grupo bancario en manos de la autoridad de resolución de la Unión Bancaria Europea.
Este es uno de los asuntos que investiga el instructor en el procedimiento. La causa, que se abrió en octubre de 2017 se divide en dos partes: por un lado indagar posibles irregularidades en la ampliación de capital un año anterior por 2.505 millones de euros, y, por otro, las filtraciones que se produjeron desde el consejo acerca de una situación del banco mucho peor de la real que tendría como fin hacer caer el valor de la cotización de la acción. En el sumario de la causa figura una carta que remitió el propio Balado al entonces secretario del Consejo, Francisco Aparicio Valls, en 2016. En la misma dijo que algunos medios se estaban haciendo eco de informaciones "opuestas a la posición oficial e incluso contradictorias" a las que la entidad había acordado hacer públicas. Además, el testigo que ahora declara en la Audiencia Nacional dijo que estaba asistiendo con "perplejidad" a la difusión "interesada e intencionada" de información confidencial que estaba en posesión de los consejeros de la entidad.
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