La Fiscalía del Tribunal Supremo no solo se opone a que tenga recorrido jurídico la querella presentada por el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, sino que va más allá y le reprocha que busque con estas acciones dilatar en el tiempo una instrucción ya de por sí densa y compleja.
El empresario, investigado en el caso 'Lezo' por una presunta donación irregular de 2,5 millones de euros para adjudicarse la construcción del fallido proyecto de tren de Navalcarnero, está llevando a cabo una estrategia de defensa que parece lograr una "apariencia" de confusión, según expone el Ministerio Público en un escrito. Además, le reprocha "contradicción en sus resoluciones y retraso en el cumplimiento de lo acordado".
Aunque se trata de un pequeño párrafo en un escrito de 13 hojas, el 'recado' de la fiscal Pilar Fernández al expresidente de OHL refleja de forma muy manifiesta la postura que tiene la acusación en la guerra abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 6 por los 'pinchazos' telefónicos de los principales investigados. La polémica desatada en este caso concreto fue tal que acabó con la interposición de una querella en el Tribunal Supremo contra García Castellón.
Villar Mir busca apartar del procedimiento al titular de este juzgado y le acusa de los delitos de prevaricación, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la Administración de Justicia y falsedad en la custodia de documentos, al haber permitido la grabación y posterior inclusión en la causa de once horas de conversaciones mantenidas con su letrado entre los meses de diciembre de 2017 y enero de este año.
Sin embargo, si la Sala de Admisión de Recursos sigue el criterio adoptado por el Ministerio Público, la querella contra García Castellón no tiene visos de prosperar, puesto que ampara su decisión en que la legislación da validez a la grabación de este tipo de conversaciones entre letrado y cliente cuando existen indicios que incriminen al letrado. Se trata de un supuesto que se da en este caso, dado que la escucha en cuestión puso de manifiesto cómo el empresario quería alegar problemas médicos para sortear una citación.
Guerra abierta con el Colegio de Abogados
La fiscal recuerda que "en ningún momento" se acordó judicialmente la el 'pinchazo' telefónico de Villar Mir con su abogado Carlos Domínguez sino que las grabaciones se produjeron en el curso de otras intervenciones autorizadas por el juez. Además, añade que se creó una 'pieza relativa al derecho de defensa' bajo secreto de sumario, con el fin de proteger la privacidad de los implicados y que las partes del proceso no pudieran acceder a su contenido.
La decisión del magistrado y el posterior respaldo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional provocó el estallido de una crisis entre este órgano judicial y el Colegio de Abogados. El colectivo amparó la defensa de Villar Mir y emitió un durísimo comunicado contra el magistrado asegurando que se estaba tratando de criminalizar la labor de un abogado en el marco del diseño de la estrategia de defensa de su cliente. Tanto es así, que si finalmente el alto tribunal admite la querella a trámite, el Colegio no descarta personarse en el procedimiento.
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