La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado a la juez el archivo de la causa que sigue contra tres cargos del Gobierno a los que Vox acusa de haber cometido una serie de irregularidades para la adquisición de material sanitario al inicio de la pandemia. A su juicio, el partido no ha concretado de forma "suficiente" los indicios "mínimos" para llevar a cabo una investigación al tratarse de una acusación que se sustenta en "meras conjeturas y sospechas" sin que pueda apreciarse delito alguno.
El Ministerio Público ha remitido escrito este mismo lunes al titular del Juzgado de Instrucción Número 26 para solicitar el archivo provisional de la querella dirigida contra el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez, contra Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC); y contra Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF).
Los tres declararon el pasado abril en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en calidad de querellados. Según informaron entonces fuentes jurídicas a Europa Press, Jiménez negó las presuntas irregularidades denunciadas por Vox en la compra de material sanitario y aseguró, además, que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba al tanto de las contrataciones.
Vox sostiene en su querella que entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del INGESA sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además alude a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de dudosa existencia puesto que solo se conocía una denominación social. Sin embargo, la Fiscalía explica que Vox no concreta en qué tipo de incumplimientos incurrió la entidad pública en dichas contrataciones.
A juicio del Ministerio Fiscal no se justifica la petición de investigar unos hechos por razón de su importancia y notoriedad "por poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica". La Fiscalía expone que "hubo que adaptar la forma de contratar" a un hecho "notorio e incuestionable" como fue la pandemia, y se remite a un informe del Tribunal de Cuentas realizado con todos los contratos celebrados por INGESA entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, incluidos por tanto los que son objeto de la querella de Vox, que concluye que "fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa".
"La mera confrontación de los indicios relatados en la querella con el informe conciso y detallado elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre los contratos es lo que lleva a solicitar el sobreseimiento de la causa", señala la Fiscalía. Además, sobre los contratos a los que se refiere Vox precisa que la Abogacía del Estado ha aportado los expedientes administrativos y ha apreciado la existencia de fiscalización suficiente relativa tanto a la forma de contratación como a la exigencia de cumplimiento de obligaciones contraídas por el adjudicatario".
Para el Ministerio Público resulta relevante la declaración que prestó en el Juzgado el director del INGESA, quien, si bien admitió que era el responsable respecto a los contratos, recordó que todos ellos fueron objeto de fiscalización previa y posterior por el Tribunal de Cuentas. En cuanto a la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación del Sistema Nacional de Salud recuerda que sostuvo el cumplimiento de la ley y respecto a la de Cartera Común explica que carecía de competencias para participar en los contratos denunciados.
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