La Fiscalía General del Estado ha archivado este miércoles las tres líneas de investigación que abrió en 2020 al rey emérito relacionado con su patrimonio, según ha informado fuentes fiscales a La Información. De este modo, el Ministerio Público, que afirma que se han encontrado cuotas defraudadas a Hacienda, no ve indicios de delito, por lo que ha descartado la presentación de una querella contra Juan Carlos I ante el Tribunal Supremo, órgano en el que está aforado el monarca, evitando así que los hechos se judicialicen.
El borrador de decreto de archivo de una de las líneas de investigación fue filtrado a principios del pasado mes de febrero, pero aún faltaba que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, firmara los dos documentos que daba carpetazo al asunto y que inició las pesquisas. De este modo, se ha acordado el archivo de las diligencias incoadas por el presunto delito de corrupción en los negocios por el ingreso de 100 millones de dólares (64,88 millones de euros) en 2008 y su relación su intermediación en la adjudicación de las obras del AVE a la Meca en favor de un grupo de empresas españolas; la relativa a los pagos a través de tarjetas de crédito con fondos opacos; y otra sobre la existencia de una cuenta bancaria con 10 millones de euros en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.
Según ha explicado en un comunicado la Fiscalía General del Estado, los dos decretos de archivo exponen la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad de Juan Carlos de Borbón como jefe del Estado, así como las regularizaciones fiscales que efectuó a Hacienda para compensar sus deudas tributarias. Las investigación se inició en 2020 para esclarecer si en la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del tren de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) a un consorcio formado por 12 empresas españolas y dos saudíes, tenía relación con los 100 millones de dólares que el entonces rey saudí Abdul Aziz Al Saud había transferido en agosto de 2008 a una cuenta del banco Mirabaud en Panamá a nombre de la fundación Lucum, cuyo titular era Juan Carlos I.
La noticia sobre la apertura de estas diligencias de investigación no solo supuso un terremoto mediático y político, sino que provocó que Don Juan Carlos saliera de España el 3 de agosto de 2020 rumbo a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece desde entonces. Posteriormente, se iniciaron otras dos líneas de investigación: una, por el supuesto uso de tarjetas opacas por parte del monarca y otros miembros de su familia; y otra, por presuntos delitos fiscales. "Dada la trascendencia institucional” del asunto, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entendió que las pesquisas debían ser dirigida por un representante del Ministerio Público en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por ello, desde junio de 2020 el fiscal Juan Ignacio Campos, quien ocupó el cargo de teniente fiscal del Supremo (número dos de la Fiscalía) desde junio de 2021 hasta su fallecimiento en diciembre del mismo año, se ha encargado del avance de las mismas en estrecha colaboración con el fiscal jefe Anticorrupción.
No existe vinculación
En relación con los fondos que la fundación Lucum recibió en 2008, el decreto de archivo señala que se han identificado cuotas defraudadas a la Agencia Tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios de 2008 a 2012 "que superan con creces el importe de 120.000 euros" establecido como umbral del delito en el Código Penal. No obstante, la responsabilidad penal de los ejercicios de 2008 a 2011 "estaría extinguida" por prescripción. En cuanto a la cuantía correspondiente a 2012, la Fiscalía indica que "tampoco sería susceptible de reproche penal" toda vez que en aquella fecha y hasta el 19 de junio de 2014, Juan Carlos de Borbón estaría protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado.
En cualquier caso, el fiscal señala que la investigación no ha podido establecer ninguna vinculación entre el ingreso realizado por el Rey de Arabia Saudí y el proyecto del "Ave al desierto". "Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de jefe del Estado que Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal. Sin embargo, este posible delito estaría claramente prescrito", afirma la Fiscalía General en su comunicado. Asimismo, el decreto de archivo analiza la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales en relación a las operaciones financieras y societarias llevadas a cabo entre 2008 y 2012 en relación a la donación recibida en la cuenta de Lucum, si bien indica que en esta situación también entra en juego la inviolabilidad.
La Fiscalía ha contado con la información reclamada a la Fiscalía de Suiza, que a mediados del pasado mes de diciembre acordaba el cierre de la investigación abierta por un posible blanqueo de capitales en relación a la donación que el rey emérito Juan Carlos hizo en 2012 a la empresaria alemana Corinna Larsen por la misma cantidad que cuatro años antes habría recibido del monarca saudí. Unas diligencias en las que el rey emérito español nunca estuvo investigado. La conclusión del fiscal de Ginebra Yves Bertossa fue la misma que la alcanzada ahora por el Ministerio Público español: La investigación "no ha permitido establecer de manera suficiente un vínculo entre el montante recibido de Arabia Saudí y la celebración de contratos para la construcción del tren de alta velocidad", según informó en un comunicado.
En cuanto a la investigación para esclarecer si don Juan Carlos y otros miembros de su familia habrían hecho pagos a través de tarjetas de crédito con fondos opacos, la Fiscalía destaca que no existe constancia de contraprestación alguna por las transferencias efectuadas por el importe total de 516.606,32 euros, entre los años 2016 y 2019, por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a las cuentas bancarias a nombre del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga y de las que ha sido beneficiario "directo o indirecto" don Juan Carlos. Para saldar sus deudas, la defensa del rey presentó el 9 de diciembre de 2020 una regularización fiscal para impedir una acción penal por delitos fiscales por la infracción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. De hecho, el decreto apunta que el rey emérito habría ingresado a Hacienda 16.748,14 euros de más.
Poco después, en febrero de 2021 se presentó otra autoliquidación complementaria por el IRPF correspondiente a los ejercicios 2014 a 2018, ambos incluidos por 4.416.757,46 euros correspondientes a los gastos sufragados por la Fundación Zagatka en favor de Juan Carlos I posteriores al 19 de junio de 2014, fecha en la que habría perdido la inviolabilidad tras su abdicación en favor de su hijo Felipe VI. La Fiscalía esperaba a recibir documentación de Suiza sobre la entidad que pertenece a Álvaro Orleans-Borbón, primo lejano del exjefe del Estado, para poder concluir esta segunda línea de investigación. Tras su análisis, el decreto de archivo indica que no se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados en Zagatka, si bien la información bancaria remitida a través del auxilio judicial, así como las declaraciones tributarias complementarias, han permitido establecer que en ese periodo temporal la fundación, mediante transferencias bancarias, "abonó cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento" a Juan Carlos de Borbón, sus familiares y allegados.
Validez de las regularizaciones
Además, el Ministerio Público ha tenido en cuenta los informes de la Agencia Tributaria sobre las dos regularizaciones para analizar la eficacia de las mismas y si han cumplido el requisito objetivo (completo reconocimiento y pago de la deuda) y el temporal (si el reconocimiento y pago se ha efectuado antes de que tuviera conocimiento formal de que Fiscalía incoaba unas diligencias). En este sentido, el fiscal señala que ni los decretos por los que se iniciaban las investigaciones ni sus respectivas notificaciones se hacía referencia a los hechos por los que el exjefe del Estado presentó nuevas declaraciones tributaria, ya que en ese momento "se desconocían las circunstancias a las que las mismas se refieren" y la propia Fiscalía "no tenía entonces constancia del incumplimiento de obligaciones tributarias."
Por último, la Fiscalía ha finiquitado también la tercera y última línea de investigación abierta tras la denuncia del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), y por la que se rastrea 10 millones de euros en una cuenta activa en el paraíso fiscal de la isla de Jersey que el emérito habría intentado mover. El organismo 'antiblanqueo' alertaba de la existencia de un 'trust' denominado 'The JRM 2004 Trust', cuyos recursos procederían de otras dos asociaciones financieras, constituidas por un una persona "muy próxima" al monarca. Tras recibir la información reclamada por una comisión rogatoria a las autoridades de Jersey, Luzón concluye que los fondos "tienen una indudable conexión con quien fuera jefe del Estado español". "En ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario del 'trust' ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas", añade.
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