El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de procesar a un total de siete personas, entre ellas el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por la compra presuntamente irregular por parte del Canal de Isabel II de la brasileña Emissao y lo ha hecho a petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción, la cual, se ampara en un estudio de Deloitte que determina que se pagó un sobreprecio por la empresa del 65%.
Así consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recogido por este diario, el cual apuntala el presunto fraude cometido en esta operativa en la que los principales acusados se habrían repartido mordidas de 5,4 millones de dólares. El documento en el que se basa Anticorrupción para cerrar esta investigación recoge una serie de trabajos periciales y de escritos del Canal que ya se aportaron al juzgado en 2016. No obstante, añade un informe de Ernst&Young de fecha 7 de abril de 2017 y un estudio de Deloitte del año 2016.
La auditora apuntó que el valor razonable en 2016 de la empresa adquirida por el Canal tres años antes era de 12,9 millones de euros si bien el precio abonado sería de 21,3 millones, por lo que la diferencia entre lo que realmente costó Emissao y lo que se pagó por el 75% de ella es de 8,4 millones de euros. Así pues, la fiscal Anticorrupción al frente del caso Lezo, Ana Cuenca, considera que estas nuevas valoraciones de la IGAE "evidencian las ilicitudes cometidas en el proceso de adquisición" de Emissao Engenharia e Construcoes que serían constitutivas de delito de fraude y malversación de caudales públicos agravado.
De acuerdo con el escrito presentado al juzgado al que ha tenido acceso La Información, el resultado de las pesquisas que arrancaron con la querella de Anticorrupción a mediados de 2016, ponen negro sobre blanco en lo que respecta a esta operación de compra por la que el Canal pagó 31 millones de dólares. De hecho, el magistrado García Castellón se apoya en el escrito del Ministerio Público para actuar contra Ignacio González, el que fuera hombre fuerte del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, y otros actores tales como el exdelegado del Gobierno de Ceuta Luis Vicente Moro; la exdirectora de negocios del Canal María Fernanda Richmond; el también exdirectivo de Inassa Diego García Arias y el empresario que vendió Emissao, Sebastiao Cristovam.
"El proceso de compra de Emissao, desarrollado entre los años 2012 y 2014, estuvo plagado de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la Administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado", reza el escrito del Ministerio Público el cual añade además que todos los ahora procesados acordaron repartirse 5,4 millones de dólares (aproximadamente 4 millones de euros) en comisiones ilegales. Para ello contaron con la colaboración "esencial" de Sebastiao Cristovam, quien se avino a incrementar el precio de la venta con el solo fin de facilitar el reparto de los fondos.
La confesión de los acusados
Las declaraciones en sede judicial de los principales acusados en esta pieza primera del caso Lezo han sido determinante para el avance de la investigación puesto que algunos de ellos, como es el caso de Vicente Moro o Diego García Arias, admitieron el reparto de dádivas e incluso que Edmundo Rodríguez Sobrino les prometió "premios" por su intervención en esta operativa. Así lo expresó el pasado mes de julio Moro en su interrogatorio en la Audiencia Nacional. El político confesó que se embolsó medio millón de euros tras el reparto de comisiones y que a Ignacio González le dieron 1,8 millones de dólares, si bien el principal acusado de esta trama niega estos hechos.
Moro expuso además que ocultó 300.000 euros percibidos en cuentas bancarias de República Dominicana gracias a la ayuda de García Arias, el cual ya relató a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que se realizaron viajes a paraísos fiscales para esconder las cuantías ilícitas. La otra parte de estas dádivas de dinero público habrían ido a parar a cuentas del Banco Santander y Deutsche Bank en España, siempre según el relato de Moro en sede judicial. Estos detalles llevaron al Ministerio Fiscal a cursar determinadas comisiones rogatorias a países como Suiza o República Dominicana que habrían permitido apuntalar su tesis de desfalco.
No obstante, la fiscal Cuenca pidió al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que archivara la causa contra un total de 14 acusados en esta pieza al no quedar suficientemente acreditada su participación en estos hechos. De entre ellos destacan Alesandro Cristovam (hijo del dueño de Emissao); Clarisa Guerra (secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino); Ángel Varona (secretario del Consejo de Administración de Canal Extensia) así como de integrantes de los consejos de Inassa, empresa colombiana adquirida por el Canal en 2001.
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