La Fiscalía de Madrid ha pedido al magistrado que investiga a Podemos que no incluya en el procedimiento los últimos indicios aportados por la exresponsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona. El Ministerio Público explica en un escrito que no procede acumular estas denuncias a la causa ya existente ya que, de lo contrario, se convertiría en una "auditoría" de su actuación. Entre los hechos que recogió Carmona y que ahora pide la fiscal que se investiguen en pieza separada se encuentra la denuncia sobre la asesora del Ministerio de Igualdad Teresa Arévalo por haber ejercido como supuesta niñera de la hija de la ministra Irene Montero.
La fiscal explica que "carece de sentido acordar la investigación de estos hechos en estas diligencias previas" centradas especialmente en la contratación de la consultora Neurona. De hecho, recuerda en su escrito que "no podemos olvidar" que, de todos los hechos recogidos en la denuncia inicial, solo tendrían a su juicio relevancia penal los relativos a la contratación de esta firma mexicana para la campaña de las elecciones de abril de 2019. "Ampliar los hechos, no hace sino, como ya hemos visto, complicar la investigación y ser completamente ineficaz", precisa. Por este motivo, solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que abra pieza separada para investigar los hechos denunciados por Carmona.
Igualmente expone que mucha de la documentación que ésta remitió a petición del propio juzgado debería ser "expulsada" del procedimiento "por cuanto ninguna relación guarda con el mismo". No obstante, y teniendo en cuenta que se trató de una petición del magistrado instructor, dice que lo más apropiado es desligarlo de la investigación central sobre Neurona para indagar los indicios en una pieza separada. En concreto, Carmona alertó de tres escenarios en los que se podrían haber producido irregularidades y que ella advirtió en calidad de responsable de Cumplimiento Normativo. El primero de ellos implica a Pablo Iglesias. Según expuso, el líder de Podemos se habría quedado con las costas de un juicio contra UPN por vulnerar su derecho al honor. Por ello planteó la duda de que se quedara con el abono de las costas por parte de la formación navarra cuando su defensa en este pleito corrió a cargo de los fondos de Podemos.
En segundo lugar, advirtió de un presunto uso irregular de los fondos del partido en beneficio de Irene Montero. Según explicó, constató la denuncia interna confidencial que recibió acerca de que la ministra de Igualdad utilizó a una persona a sueldo del partido (Teresa Arévalo) para que ejerciera de niñera de sus hijos. "Me indició que la señora Montero utilizaba habitualmente esta empleada de Podemos para cuidar a su hija y que incluso se habían desplazado las tres en el mes de octubre a Alicante para participar en un acto de campaña electoral (...). Además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal del patrimonio del partido", expuso en relación a Arévalo, la cual ejerce como asesora en el Ministerio de Igualdad.
Finalmente, Carmona también advirtió de un uso fraudulento de la Caja de Solidaridad en relación con las donaciones a la escuela Pablo Freire y a la Fundación 25M, ligada al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. De nuevo en este caso explicó que le llegó una denuncia interna acerca de que podría tratarse en realidad de una "tapadera" para desviar dinero a personas cercanas a Podemos. Al respecto matizó que el proyecto 'Escuela Popular Paulo Freire' estaba vinculado en esas fechas a la Secretaría de Sociedad Civil dirigida por Rafael Mayoral y pretendía ofrecer "cursos formación política". "Es un hecho notorio que la realización de 'cursos de formación' ha sido utilizado como mecanismo para el desvío de fondos. De ahí mis sospechas a que los cursos de formación de Podemos pudieran ser utilizados de forma fraudulenta", dijo Carmona.
Cabe destacar que el magistrado Escalonilla imputó recientemente a Monedero y le citó para el próximo 15 de marzo en relación a una factura de Neurona cuya veracidad cuestiona. El objetivo es esclarecer el motivo del cobro de poco más de 26.000 euros en una fecha anterior a la creación de Neurona en España, ya que sospecha que el recibo se creó 'ad hoc' para justificar este pago. A ello hay que añadir que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó este martes la reapertura de la investigación relativa a la Caja de Solidaridad corrigiendo de esto modo el criterio de Escalonilla. En su auto los magistrados explicaron que habría que indagar más a fondo si se cometió desfalco con las donaciones de los afiliados a Podemos admitiendo de este modo el recurso de las acusaciones que litigan en la causa.
Conclusiones de la Policía
Por otro lado, la Unidad de Ciberdelincuencia ha aportado sus conclusiones sobre el análisis de los metadatos que entregó el partido en relación a la contratación de Neurona. El informe, recogido por este diario, determina que la mayoría de archivos analizados se crearon entre los meses de marzo y abril de 2019, es decir, en las fechas previas a la celebración de las elecciones del 28 de abril de ese año. Lo mismo ocurre con las imágenes y los vídeos editados. Igualmente determinan que todo este material se trabajó de madrugada coincidiendo con los husos horarios de América. El partido entregó esta misma semana una serie de evidencias en aras a demostrar que los pagos de 360.000 euros fueron reales. Así, identificaron a un total de 21 personas que habrían sido contratadas para este cometido y aportaron billetes de avión y otras evidencias en aras a probar que el trabajo se realizó.
Sin embargo, la Fiscalía y el magistrado sospechan que se pudo haber hecho un uso irregular de los fondos de la coalición electoral de Unidas Podemos. El Ministerio Público reprochó recientemente a la formación que, pese a haber transcurrido siete meses desde el arranque de la causa, no se ha podido determinar qué trabajadores tuvo Neurona ni el tiempo que estuvieron trabajando en España. Los imputados en el procedimiento, por su parte, explicaron al juez que contrataron esta sociedad para dar más visibilidad a la campaña de las elecciones de 2019 y que lo hicieron por afinidad ideológica tras estudiar otros trabajos desempeñados en América Latina.
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