Los motores del sector privado empiezan a bramar para acceder a los fondos europeos. La carrera va a comenzar en las próximas semanas, una vez que Bruselas apruebe el reglamento definitivo, que ahora está en formato borrador, y que la Comisión Europea dé el visto bueno al Plan de Inversiones y Reformas que está ya negociando con el Gobierno español. En ese momento empezarán a presentarse los proyectos candidatos a recibir el maná comunitario. De momento las grandes empresas ya se están posicionando, con equipos multidisciplinares que tienen un cometido: presentar iniciativas sensibles de recibir las ayudas. En esos departamentos quiere apoyarse Moncloa para que el dinero fluya a todo el tejido productivo.
Uno de los objetivos del Gobierno es que los 72.000 millones de euros en ayudas lleguen tanto a las grandes compañías, que van a presentar multitud de proyectos, como a las más modestas. A los fondos se accederá en régimen de concurrencia competitiva, destacan desde el Ejecutivo, de forma que el objetivo es que se establezca una colaboración público-privada para que el dinero llegue a todo tipo de empresas, desde las del Ibex hasta el emprendedor que apenas cuenta con media docena de empleados para desarrollar su proyecto. Es el gran reto del equipo económico de Sánchez.
Para conseguirlo, Moncloa ya está en contacto con grandes despachos de abogados, a los que les está exponiendo la posibilidad de colaborar con las pymes que deseen 'competir' por los fondos europeos. Se trata de que estos bufetes -las fuentes consultadas citan los Uría Menéndez, Garrigues o Cuatrecasas, por citar alguno de ellos- abran una especie de ventanillas para que los empresarios o emprendedores interesados puedan recurrir a ellos a la hora de presentar sus proyectos. Los equipos multidisciplinares se encargarían de preparar la documentación y los trámites para presentarlos ante la oficina única que se va a abrir en Bruselas.
Las relaciones que plantea el Gobierno entre unos y otros buscan la colaboración mutua. Esencialmente para que las pymes reciban asesoramiento y ayuda en caso de que sus proyectos puedan ser candidatos a las ayudas. En este proceso también están colaborando las 'Big Four', que llevan meses centradas en este proyecto que está llamado a transformar el país, según ha venido exponiendo el presidente Pedro Sánchez desde que consiguió los 140.000 millones de euros para España.
Tanto los grandes despachos de abogados como las consultoras están colaborando activamente con el Gobierno activamente en la configuración del sistema que va a repartir los fondos europeos. Se está haciendo a través de los llamados "foros sectoriales de alto nivel", donde los ministerios interlocutan desde hace meses con empresas del Ibex 35, patronales, sindicatos, universidades... Y donde se les expone cómo se quiere configurar el reparto e las ayudas. Del mismo modo, la Comisión Interministerial que va a presidir Pedro Sánchez ha abierto la puerta a recurrir a expertos del sector privado, como los citados actores, para que puedan aportar su visión en el diseño y ejecución del plan de recuperación.
Moncloa habla de una "cogobernanza activa" y el sector privado ha sabido interpretar la oportunidad que supone para ellos la llegada de los 140.000 millones. Hay que recordar que el equipo de Sánchez ya echó mano de cinco grandes despachos de abogados para crear una unidad jurídica de élite formada para conformar el mecanismo que repartirá los fondos. Con su ayuda se configuró el decreto de agilización de la administración para repartir los fondos europeos, aprobado la semana pasada in extremis en el Congreso gracias a la abstención de Vox. O también se está trabajando con alguna consultora, como EY, en la elaboración de las fichas que se están negociando con Bruselas sobre el Plan de Inversiones y Reformas que dará acceso a que Bruselas vaya desbloqueando las ayudas.
Así es el Reglamento de los fondos europeos
En la Comisión Europea no van a quitar ojo de los países que no cumplan con sus compromisos en cuanto a las reformas se refiere. De esta forma, en ese Reglamento que está a punto de ver la luz y que se encuentra en formato borrador final se puede leer (artículo 19) que "en caso de que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora indebida una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera". El cumplidor no tendrá problemas. En cambio, "cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente [con los compromisos acordados] el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá". De forma inmediata, además. En ese caso el país afectado podrá presentar sus explicaciones para cobrar la ayuda paralizada. Es, por tanto, un mecanismo duro: primero se suspende la transferencia y posteriormente el Estado miembro podrá recurrir la decisión.
Prosigue el reglamento: "Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión [de las ayudas] la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera". Es un aviso a navegantes: si no se cumple el fondo europeo que le corresponde a cada país podría rebajarse.
La orden que han recibido de Sánchez los ministros implicados en la negociación del Plan de Inversiones y Reformas que dará acceso a los fondos europeos es clara: que todo se haga con acuerdo en el diálogo social. La Comisión Europea, por su parte, también ha contestado a este primer envío y ha comenzado el intercambio entre ambos ejecutivos. Papeles, llamadas, cruce de correos electrónicos... La relación es intensa, reconocen fuentes implicadas en las conversaciones. En este intercambio se juega la polémica reforma de las pensiones.
Teniendo en cuenta esa condicionalidad de los fondos europeos, el Gobierno ha decidido establecer un férreo mecanismo de control a la hora de repartir las ayudas entre las comunidades autónomas. Bruselas desbloqueará el dinero a los países si van cumpliendo con esa serie de reformas que van a estar por escrito y a las que tiene que dar el visto bueno tanto la Comisión como el Ecofin. Es decir, avisan, que los países que no ejecuten reformas o las demoren en el tiempo no recibirán el dinero. ¿Qué implica eso? Que los gobiernos que vayan ejecutando más objetivos recibirán más ayudas.
Se trata, en definitiva, de unos incentivos positivos que el Gobierno también va a aplicar a las comunidades autónomas que, en definitiva, van a gestionar la mayoría de los fondos europeos. Por eso se ha ideado la cogoberanza y se va a poner en marcha la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ya hubo una primera reunión hace dos semanas que no acabó bien. En definitiva, si una comunidad autónoma no ejecuta con diligencia los objetivos a los que se ha comprometido puede poner en riesgo las ayudas tanto a otras autonomías como al país en general. Desde el Gobierno avisan que se va a realizar un control inflexible de todo el mecanismo para que los convenios-marco (se van a firmar 17, uno por cada comunidad autónoma) se cumplan en tiempo y forma.
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