El equipo jurídico de Iberdrola ha recurrido este viernes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión adoptada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, de no permitirle ejercer la acusación particular en el caso ‘Tándem’ contra el que fuera ‘controller’ de la compañía eléctrica, José Antonio del Olmo, al archivar la querella interpuesta contra él por un delito de falsedad documental.
En un escrito presentado este viernes, al que ha tenido acceso La Información, los abogados de Iberdrola critican que el juez instructor dictara un auto el pasado 9 de julio por el que adoptó tal decisión, al mismo tiempo que acordó la imputación como persona jurídica la filial Iberdrola Renovables Energía por contratar en 2011 al comisario jubilado José Manuel Villarejo cuando aún estaba en activo en la Policía Nacional, sin haber resuelto aún la nulidad de actuaciones planteada por la compañía eléctrica. Por ello, piden a la Sala que revoquen dicha resolución para restituir la "indefensión" ocasionada.
En concreto, Iberdrola solicitó que se anularan una serie de resoluciones dictadas, entre ellas la imputación del presidente de la empresa, Ignacio Sánchez, y su equipo directivo o la petición a las partes para que informaran si la eléctrica debía ser imputada. Todo ello después de que el juez no diera traslado del sumario, pese a que casi un año antes había aceptado acumular a la causa la querella interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao contra Del Olmo por la elaboración de un informe, que no consta registrado internamente en la compañía, en el que acusaba al máximo representante de la misma de estar al tanto de los contratos con Villarejo.
“Sin embargo estas peticiones han tenido como única respuesta el silencio judicial, lo que ha implicado que no se haya notificado ninguna resolución a mi mandante e imposibilitado el acceso a las actuaciones”, subraya el recurso. Asimismo, reprocha que haya acordado el sobreseimiento libre de Del Olmo -quien pasó de ser testigo a imputado- “sin mayores pronunciamientos, y lo que es más importante, sin la práctica de diligencias de investigación previa”.
Discrepancias sobre el plazo de prescripción
Gran parte del recurso se centra en rebatir el argumento del juez instructor para justificar el archivo de los hechos relacionados con la querella contra el exdirector de Control Corporativo de Iberdrola. El magistrado indicó que el presunto delito de de falsedad en documento privado habría prescrito, ya que Del Olmo habría elaborado el informe en cuestión en 2004. No obstante, el abogado que defiende a la eléctrica expone numerosa jurisprudencia para afirmar que el plazo de prescripción comenzaría en el momento que el exdirectivo hizo uso del documento elaborado "con fines incriminatorios" y no en el momento que lo habría redactado.
Así, en contra del criterio del juez instructor, que sostiene que cualquier "acción falsaria" sobre el soporte documental se habría producido en un momento anterior a que depositara dicho informe ante notario el 20 de diciembre de 2004, por lo que "habrían transcurrido con creces los plazos legales de prescripción", Iberdrola indica que en "aquellos casos en los que no consta el momento de elaboración del documento mendaz o en aquellos en que la vocación de perjuicio surge en su autor con posterioridad a esa elaboración, el' dies a quo' para el cómputo de la prescripción debe concretarse en el momento en el que el documento mendaz ha sido introducido en el tráfico jurídico".
Ante cualquier duda, el recurso señala que cuando Del Olmo registró ante notario su documento, con el fin "acreditar un proceso de comunicación interno y formal que jamás existió", no tenía voluntad alguna de hacer uso de él, sino que fue a posteriori, en 2019, tras tener conocimiento de la apertura de una decimoséptima pieza separada del caso 'Tándem', para investigar los contratos de Iberdrola con el agente encubierto, por lo que, a su entender, la prescripción tendría lugar en 2024.
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