El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha llegado puntual a la Audiencia Nacional para declarar como investigado en el caso 'Villarejo'. El máximo representante de compañía eléctrica ha entrado por la puerta principal de la sede principal pocos de la sede judicial minutos antes de las 10.30 horas para comparecer ante el juez instructor Manuel García Castellón, que le imputó por su presunta implicación en la contratación de los servicios de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Ante la expectación de una decena de medios de comunicación que esperaba a su llegada, Sánchez Galán ha entrado en los juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional escoltado por el equipo de abogados que le defenderán en esta importante cita judicial que le lleva salpicando, indirectamente, desde hace más de dos años, y, directamente, desde hace poco más de seis meses. La defensa legal del presidente de Iberdrola está liderada por Carlos Domínguez, el experto que ya se ha 'enfrentado' anteriormente al magistrado García Castellón, como abogado del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir en el caso 'Púnica' y 'Lezo'. Este letrado llevó al instructor de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo por entender que había actuado de manera irregular al autorizar unas escuchar, pero alto tribunal no le dio la razón.
El presidente de la compañía del Ibex 35 es el último en declarar de la cúpula directiva imputada desde el pasado mes de junio por los delitos de cohecho activo, falsedad en documento mercantil y contra la intimidad, por lo que antes de ponerse ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tendrá que esperar a que termine de declarar el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, quien estaba citado a las 10.00 horas para declarar también como investigado.
Becker ha entrado en el órgano judicial unos 20 minutos antes de la cita y también ha llegado acompañado por sus letrados. La comparecencia de este exdirectivo se sumará a las dos que tuvieron lugar este lunes, cuando declararon el exdirector general de Negocios Francisco Martínez-Córcoles y el exjefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Según indicaron fuentes jurídicas presentes en ambas declaraciones, estos dos antiguos miembros de la cúpula directiva se desligaron por completo de las presuntas irregularidades cometidas en la contratación y pagos de los servicios prestados por el Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo.
Manipulación de facturas
El juez Manuel García Castellón acordó imputar a Sánchez Galán y a su equipo en el momento de los encargos del agente encubierto, que entonces seguía en activo en la Policía Nacional, al considerar que existen indicios de que conocían “exclusivamente” que los servicios contratados fueron “ocultados mediante la manipulación de los conceptos que se hicieron figurar”. Para plasmar tal afirmación en el auto de imputación, el magistrado se apoyó en la declaración del que fuera jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, que admitió haber alterado las facturas para saltarse los controles internos de la empresa, si bien aseguró que el máximo responsable de la eléctrica no tuvo ninguna participación en este asunto.
Fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que Sánchez Galán tan solo tendrá que demostrar que, como presidente del primer grupo energético de España, no podía estar en el día a día de las actos de cada uno de los directivos de la multinacional. Cabe recordar que el juez García Castellón acordó el pasado mes de julio la desimputación en el caso 'Tándem' de los máximos responsables de Repsol, Antonio Brufau, y de Fundación La Caixa, Isidro Fainé, al descartar la existencia de indicios de que la contratación recayera en el "ámbito de control" de los presidentes y señalara que la "obligación de supervisión y vigilancia corporativa" está delegada en los órganos competentes para ello.
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