El Ministerio de Transportes ha arrancado los trámites para implantar los peajes en todas las autovías del país, un acuerdo firmado con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos, valorados en más de 70.000 millones de euros. Sin embargo, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, ha puesto en duda que su implantación llegue en 2024, la fecha inicialmente fijada, debido al contexto económico derivado de la crisis de Ucrania, que mantiene la inflación nacional en una cifra superior al 10%.
"Dadas las circunstancias actuales, quizás ahora no sea el momento más propicio", ha señalado Sánchez tras ser preguntada en una entrevista en TVE por la fecha para poner en marcha este sistema de peajes. Los planes del Gobierno pasaban por implementar un peaje barato, de unos 3 céntimos el kilómetro, para financiar así la conservación de las carreteras españolas, que en 2022 alcanzarán un coste de mantenimiento récord: los presupuestos generales del Estado incluyen partidas por valor de 1.371 millones para conservación, el 56% del gasto total dedicado a carreteras.
La consultora pública Ineco ha sido la elegida por la Dirección General de Carreteras del Mitma para estudiar el nuevo sistema de financiación de la red de carreteras del Estado, cuya revisión tendrá lugar en el cuarto trimestre de 2023. Los trabajos planteados contemplan la elaboración de nueve informes para 18 líneas de actuación que van en línea con la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que plantea "un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales", mediante la aplicación de los principios de que "quien contamina paga" y del cobro a los usuarios de la infraestructura, tratando de internalizar los costes externos del transporte.
Ineco tendrá diez meses para desarrollar estos informes a cambio de 1,4 millones de euros, para lo cual ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros, que se encargará de la asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria de las carreteras. Aunque todos los documentos apuntan al año 2024 como el año a partir del cual "podrían" implantarse los peajes, las declaraciones de la ministra de Transportes contradicen, en cierta medida, dicha fecha, ya que los peajes necesitan de "una fórmula que reúna los mayores apoyos posibles", incluida la negociación con otras fuerzas políticas.
Sánchez descartó en junio iniciar el debate con el sector del transporte por carretera, optando por priorizar la situación económica derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania, pero confirmó que el plan de implantación del pago en las autovías seguía adelante. De hecho, los trabajos de Ineco forman parte de la primera fase de un plan que se complementa con una segunda etapa para diseñar el sistema elegido y una tercera para implantarlo.
La consultora deberá presentar informes sobre los sistemas de financiación de las carreteras en España y la Unión Europea o estudiar si se implantarán el sistema de viñetas, como el que tienen implantado Suiza o Austria y que se paga por un período de tiempo; o el sistema de peajes, como ya existe en las radiales españolas y según el cual se paga por la distancia recorrida. También deberá determinar el alcance de la red a tarificar, los efectos que supondría sobre la movilidad, contaminación o la seguridad vial; diseñar las tarifas -que podrían incluir criterios de progresividad fiscal- o estudiar la ampliación a los sistemas de carreteras autonómicos o locales, entre otras acciones.
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