El Gobierno está pisando el acelerador para disponer de los primeros 27.000 millones de ayudas del súperfondo Next Generation cuanto antes. El área económica del Ejecutivo ha desplegado una intensa negociación con la 'Task Force' de la Comisión Europea, el grupo de trabajo que está en estrecho contacto con los diferentes gobiernos comunitarios, para clarificar cómo debe elevarse a Bruselas el Plan definitivo con los proyectos candidatos a las ayudas. Pedro Sánchez quiere tener en enero ese documento, una vez amarrados los Presupuestos a finales de diciembre. Las ayudas europeas, según explican desde su equipo de colaboradores, son en este momento "la prioridad en nuestra hoja de ruta", con permiso de la vacuna. El equipo del Departamento de Asuntos Económicos es la punta de lanza para conseguir el maná europeo.
Esas intensas conversaciones las está capitaneando el gabinete del presidente. En concreto, es Manuel de la Rocha, el director de la 'Oficina económica' quien se encuentra en continuo contacto con esa 'Task Force' compuesta por 150 funcionarios que están coordinando con el Gobierno español cómo deberán ejecutarse esas ayudas. Se están celebrando varias videoconferencias cada semana entre Moncloa y la Comisión para aterrizar las líneas maestras de ese plan de ayudas e ir puliendo detalles. Se trata, explican fuentes del área económica el Gobierno, de un trabajo de "clarificación y preguntas" que tiene como objetivo "afinar" el proceso y la presentación de los proyectos candidatos.
El Gobierno ya ha enviado a Bruselas una serie de fichas con las líneas maestras del plan de acción para optar a las ayudas. Son unos documentos que han ido elaborando los ministerios basándose en el Plan "España puede" que presentó Sánchez el pasado 7 de octubre en Moncloa. Este texto es el vademécum que está guiando las conversaciones Madrid-Bruselas. Contiene cuatro líneas de actuación (transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial) de las que cuelgan diez "políticas tractoras" (agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación; pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud; infraestructuras y ecosistemas resilientes; educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades; transición energética justa e inclusiva; nueva economía de los cuidados y políticas de empleo; una Administración para el siglo XXI; impulso de la industria de la cultura y el deporte; modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas; y modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible). De ellas se derivan 30 "componentes", en terminología burocrática, que son sobre los que se van a articular los proyectos finales.
Las conversaciones están siendo intensas y Bruselas está siendo férrea con España. El Gobierno de Sánchez es el más avanzado de los 27, según confirman desde Moncloa, en la elaboración del plan de ayudas y eso ha provocado que la Comisión ponga la lupa sobre nuestro país. Los funcionarios de la UE están siendo firmes a la hora de exigir clarificaciones del plan de ayudas. Es una continua interlocución Moncloa-Comisión que está obligando a rehacer documentos y proyectos para afinar los detalles que reclaman desde la capital comunitaria. Esta circunstancia ha obligado a establecer una coordinación aún más exigente entre la Unidad de seguimiento del fondo de recuperación, dirigida por De la Rocha, y los diferentes ministerios, que están teniendo que concretar con mayor pulcritud los documentos que elaboran.
El Gobierno de Sánchez es el más avanzado de los 27 en el plan de ayudas y eso ha provocado que la Comisión ponga la lupa sobre nuestro país
El papel de Pedro Sánchez en este proceso es destacado, añaden las fuentes consultadas. El presidente del Gobierno ha querido tomar un protagonismo importante y está participando en las conversaciones con Bruselas. Dicen que está ejerciendo de 'CEO', al tanto de los detalles de las negociaciones. El pasado martes, por ejemplo, Sánchez habló por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para concretar algunas de las cuestiones encaminadas a la elaboración de ese documento final en el que se integrarán los proyectos candidatos y que se remitirá a Bruselas, como decimos, a lo largo del mes de enero.
El pasado 16 de noviembre, el presidente se reunió, acompañado de un amplio elenco de ministros, con los primeros espadas de los agentes sociales. Del encuentro salió el anuncio de la creación, por parte del Gobierno, de una nueva figura, la de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, para incluir en el ordenamiento jurídico novedosos instrumentos de colaboración público-privada en el marco de un Real Decreto-Ley que va a eliminar cuellos de botella, reducir trámites y acortar plazos administrativos. La patronal, en público, se mostró partidaria de levantar obstáculos y acelerar la tramitación al máximo para que los fondos lleguen al tejido productivo, mientras los sindicatos, en privado, cuestionan que los recursos acaben concentrándose en las grandes empresas, que se van a llevar "la mayor tajada" y reclaman al Ejecutivo que oriente las ayudas hacia las pymes, "las más necesitadas en este momento".
12 millones para una granja de cerdos
En el encuentro con los líderes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, el Ejecutivo detalló estas conversaciones que se están manteniendo con las autoridades europeas y la importancia de que los proyectos que presenten tanto las empresas como las comunidades autónomas o las entidades locales aterricen las políticas tractoras (transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial) y la decena de líneas de actuación, todo en términos generales. Si bien en conversaciones informales, según ha podido saber La Información, el Gobierno ha explicado que ya cuenta con una recopilación de proyectos de la totalidad de autonomías que incluyen desde "planes desempolvados que estaban en el cajón y a los que ahora se ha puesto la etiqueta digital" hasta ideas "estrambóticas como la petición de 12 millones de euros para poner en marcha una granja de cerdos".
Además de la interlocución con Bruselas, con la patronal y los sindicatos, el Gobierno está haciendo un ejercicio de pedagogía con diferentes agentes del mundo económico con el objetivo de avanzar en la cadena de colaboración que se está configurando para acceder a este 'maná' europeo. El Ejecutivo ha establecido una relación directa con empresarios de todo tipo, desde los grandes del Ibex hasta los más modestos, en forma de reuniones donde se les explica cómo funcionarán los mecanismos que se van a habilitar para presentar los proyectos ganadores y cómo encauzar los mismos de cara a la apertura de la ventanilla comunitaria a principios de año.
Varios ministerios están interlocutando con el tejido empresarial, según detallan fuentes gubernamentales. En primer lugar, la Vicepresidencia tercera, con Nadia Calviño al frente. El Ministerio de Hacienda y el de Industria, con María Jesús Montero -pieza clave en el reparto de los fondos europeos- y Reyes Maroto, respectivamente, también mantienen contactos fluidos. Y, por supuesto, Moncloa. La relación del área económica del Gobierno es completada con los encuentros que están manteniendo con empresarios tanto el director del Departamento de Asuntos Económicos, como el gabinete del presidente. Iván Redondo, Francisco Salazar y Félix Bolaños también están recibiendo en sus dependencias a actores interesados en conocer los mecanismos.
Asimismo, a través de la CEOE -que tiene su propia oficina de fondos y va a presentar quince macroproyectos-, Moncloa mantiene contactos formales e informales con algunos de los grandes bufetes del país. La idea, según señalan fuentes conocedoras de estas conversaciones de ámbito jurídico, es establecer un "diálogo frecuente" para agilizar la tramitación de los fondos. Así, a la espera de que, a finales de año, Europa detalle el reglamento que despejará las dudas sobre qué proyectos concretos son susceptibles de recibir los fondos, la primera parada para el Gobierno español en esta carrera es tan compleja como salvar el citado cuello de botella que provocan la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones. La nueva normativa, por tanto, se está ultimando y se espera que sea aprobada en un Consejo de Ministros próximo, según ha avanzado el propio Sánchez.
En el primer trimestre de 2021 se darán a conocer las convocatorias y, para entonces, empresas, comunidades autónomas y ayuntamientos deberán tener bien armados sus proyectos. Por eso, las consultoras han desplegado su maquinaria para ayudar al sector público y privado a captar fondos. Aquí juegan un papel clave las 'Big Four' -Deloitte, PwC, EY y KPMG-, que también aspiran a lograr presencia en las oficinas que se van a desplegar en los distintos ministerios involucrados en la gestión de los fondos (Transportes, Transición Ecológica o Industria) y tienen línea directa con Moncloa y De la Rocha. La colaboración es estrecha y constante, según manifiestan los actores implicados en estas relaciones. Igualmente, el Ejecutivo ha anunciado la creación de foros de alto nivel sobre ciencia e innovación, digitalización, energía, agua, movilidad, turismo, industria, reto demográfico, cultura o deporte que se activarán en las próximas semanas. "El llamamiento a la interlocución continua y a la colaboración público-privada es unánime", destacan las fuentes consultadas.
