El Gobierno marcará fecha antes del 10-N para trasladar a Franco en una mañana

Los responsables del Ejecutivo lo tienen muy claro: una vez que se cuenta con la sentencia firme del Tribunal Supremo para trasladar los restos de Franco desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, solo cabe esperar a la sentencia y poner manos a la obra lo antes posible para ejecutarla, de forma que todo quede cerrado antes incluso de que se inicie la campaña de las próximas elecciones. El fallo del alto tribunal, tomado por unanimidad en lo que respecta a la exhumación de los restos y la imposibilidad de volver a enterrarlos en la catedral de La Almudena, avala además que la decisión del Consejo de Ministros de ordenar su reinhumación en El Pardo está tomada conforme a la ley y la Constitución, de forma que deja vía libre para que se lleve a cabo el traspaso en cuento se publique la sentencia.

Fuentes cercanas a Moncloa se muestran convencidas de que los magistrados van a tardar poco tiempo (no más de dos semanas) en redactar la sentencia completa, en la que se argumentará el fallo anunciado y el rechazo de la totalidad del recurso que había presentado la familia de Franco contra la exhumación. Una vez conocida la sentencia, la Abogacía del Estado emitirá un informe rápido y dará paso a que el primer Consejo de Ministros que se celebre desde ese momento marque la fecha concreta en la que se va a proceder a sacar los restos del dictador de la cripta del Valle de los Caídos.

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Aunque se trate de una cuestión privada y cerrada al público, desde el Ejecutivo se quiere realizar de forma que todo el mundo sepa el cómo, el cuándo y el dónde. Se cuenta además con un informe de los técnicos y arquitectos de Patrimonio del Estado que asegura que el traslado completo se puede dejar hecho en una misma mañana, de forma rápida y sin estridencias. Si todo discurre como se espera en Moncloa, antes del próximo día 1 de noviembre, que es cuando empieza la campaña electoral, se habrán trasladado los restos de Franco a Mingorrubio.

Aunque la sentencia del Supremo no conlleva de forma explícita la obligación de llevar los restos de Franco al nuevo cementerio público, sí admite que la decisión del Gobierno está tomada con toda la legalidad posible para hacerlo. Esa cuestión, no obstante, abre a la familia Franco todas las opciones para interponer los recursos que considere necesarios, dado que todo su interés durante el proceso ha sido trasladar el cadáver el dictador al panteón privado que la familia tiene en la catedral de La Almudena, en el centro de Madrid. 

Los familiares de Franco ya han advertido que agotarán todas las vías contra la decisión del Supremo, a sabiendas de que son procesos largos que tardarán años en resolverse. No obstante, las fuentes jurídicas consultadas advierten que esa acción quedaría limitada a dos opciones: primero, a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que, una vez admitido, se resolvería en los plazos previstos por esta institución, que no serán de menos de un año; y segundo, también se puede recurrir ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que también tardará un tiempo en resolver. 

Frente a ello, desde el Gobierno se hace hincapié en la firmeza de la sentencia y en la obligación de que se ejecute lo antes posible y con toda la legalidad. Tampoco se ve con gran preocupación la existencia de un recurso administrativo contra el Ayuntamiento de El Escorial por la licencia de obra concedida para llevar a cabo la exhumación. Por más que se trate de un fleco legal, fuentes jurídicas cercanas al proceso aseguran que eso no va a paralizar el traslado de los restos del dictador. Se trata de un procedimiento en el que el Estado no es parte y que deben resolver entre el Ayuntamiento y el abogado en cuestión.

Aunque ese tema esté pendiente en el ámbito contencioso-administrativo, desde el Estado se advierte que, por el momento, cuenta en su haber con el permiso de obra pertinente para poder cumplir la sentencia del Supremo. En todo caso, si finalmente se establece que había una falta o error administrativo en ese permiso, puede ser susceptible de una sanción o multa, pero en el Ejecutivo entienden que no cuenta con la suficiente fuerza legal como para frenar la exhumación cuanto antes.