Golpe sobre la mesa de Pedro Sánchez ante las grandes compañías eléctricas. Mientras los precios de la electricidad se encuentran en registros históricos, el Gobierno ha decidido aprobar un paquete de medidas de urgencia para intentar que los consumidores y las empresas, especialmente las pymes, vean reducida su factura mensual.
Una de las medidas que se aprobarán será detraer los ingresos extraordinarios de las empresas, los conocidos como 'beneficios caídos del cielo', para destinarlos a topar el precio del gas. Suponen alrededor de 650 millones de euros. Es una medida extraordinaria que supone toda una declaración de guerra a un sector que vigila de cerca todos los movimientos del Ejecutivo. La medida, la de acabar con los 'windfall profits', se encontraba en tramitación parlamentaria pero el Consejo de Ministros la aprobará este martes con carácter de urgencia para intentar atajar lo antes posible la factura.
El anuncio de 'confisca' esos beneficios caídos del cielo ha sido realizado por Pedro Sánchez en una entrevista en TVE. El Gobierno tomará esta decisión ante la escalada del precio de la electricidad. En la misma entrevista, Sánchez ha reiterado su compromiso para que los españoles paguen a finales de 2021 el mismo recibo de la luz que en 2018.
"Vamos a detraer esos beneficios de las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y redirigir a los consumidores para topar ante el alza en los próximos meses del precio del gas, y con esta medida también reducir el recibo de la luz". Este ha sido el anuncio concreto de Sánchez, a falta de conocer mayores detalles de la decisión.
El paquete de medidas urgentes para intentar abaratar el recibo de la luz llega tras una intensa negociación en la coalición que se ha intensificado en las últimas horas. El PSOE venía desde la semana pasada ocultando a Unidas Podemos su plan pero todo cambió este fin de semana. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, fue la principal negociadora por la parte socialista del Gobierno. La número dos de Teresa Ribera, según explican fuentes gubernamentales, llevó el peso de las conversaciones con sus socios.
UP llevaba desde hace varias semanas proponiendo la necesidad de topar el precio del gas. Sin embargo, hasta hace unos días todas sus propuestas habían caído en saco roto. Finalmente, el fin de semana los socios negociaron y se llegó al acuerdo intermedio de utilizar los 'beneficios caídos del cielo', una medida que se encontraba en tramitación parlamentaria, para topar el gas. UP también reclamó en su día aprobar el fin de los beneficios caídos del cielo por real decreto en lugar que lo proyecto de ley, lo cual hubiera provocado su inmediata entrada en vigor.
Transición Ecológica, no obstante, carga la mayor parte de la intervención del recibo de la luz en los ingresos públicos. Es una decisión que no gusta en Unidas Podemos pero que el área socialista del PSOE ha decidido también adoptar. El Ministerio, incluso, tiene aún mayor margen para seguir actuando, ya que podría rebajar el IVA al 4% a partir de enero. Hacienda no descarta tener que tomar la decisión si continúa la escalada de precios, aunque se podría encontrar con el rechazo de Bruselas.
Los beneficios caídos del cielo suponen alrededor de los citados 650 millones de euros que, en lugar de ir directos a las cuentas de resultados de las compañías eléctricas, revertirán directamente en la factura de los consumidores. España es, en este sentido, el primer país que propone esta medida.
Sánchez también ha anunciado una segunda medida que se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes: el impuesto especial a la electricidad, del 5%, se situará en el 0,5%. No se puede eliminar ya que se encuentra armonizado. Además, se prorroga hasta final de año la congelación del impuesto de generación (7%).
Sánchez también ha anunciado por sorpresa que asistirá a la reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat que se celebrará el miércoles en Barcelona. De esta forma el presidente encabezará la delegación del Gobierno compuesta por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez; la de Transportes, Raquel Sánchez; el de Cultura, Miquel Iceta; y el de Universidades, Manuel Castells.
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