La ministra portavoz y también máxima responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido sortear este mediodía el debate que empieza a quemar las previsiones económicas y las cuentas públicas de las comunidades autónomas: la pandemia del coronavirus está destrozando cualquier previsión de ingresos y de gastos y el déficit se va a disparar por encima de cualquier previsión. "No creemos que las CCAA vayan a tener un problema de financiación", ha contestado antes de recordar que 2020 marcará un récord histórico en recursos transferidos a las regiones.
Y eso sin contar con los 16.000 millones no reembolsables prometidos la semana pasada y sobre los que hoy se ha dado un paso más en su formato final. Si ya se conocía desde el domingo pasado que unos 10.000 millones servirán para cubrir las facturas sanitarias de la crisis, ahora Montero ha adelantado que alrededor de 5.000 irán directamente a satisfacer las necesidades de financiación de cada una, es decir, los desfases sobrevenidos por la disparidad de ingresos y gastos durante lo que resta de ejercicio. ¿Y cómo se repartirá? Para ello, se prepara un equipo que se encargará de decidir.
Porque esos 16.000 millones van a ser claves en la siguiente etapa y cada uno de los ejecutivos concernidos pide para sí la mejor parte del pastel (Cataluña quería solo para ella unos 4.000 millones y Castilla-La Mancha pidió una proporción en función del impacto de la enfermedad). Sea como sea, denominadas como un 'fondo de reconstrucción' por Moncloa, estas partidas son el punto de partida con el que las autonomías tienen que afrontar, sin las ataduras de devoluciones futuras, la salida y la lucha contra la doble crisis económica y social que ya es una realidad.
Tras la novena videoconferencia celebrada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos, los portavoces del Gobierno han agradecido una vez más el trabajo de toda la sociedad y de los profesionales sanitarios y, cuando quedan unas escasas horas de que arranque la Fase 1 en media España, la necesidad de afrontar la etapa con toda la prudencia y cautela posibles.
A esta reunión, las autonomías han llegado con la lógica gran duda y quejas en torno a las regiones que han recibido el visto bueno de Sanidad para pasar a la Fase 1 de la desescalada y las que no, respectivamente. Pero en muchas de las exposiciones de los dirigentes autonómicos también pesa cierta preocupación por la capacidad financiera para afrontar los próximos meses.
Ante esta preocupación compartida, Montero ha insistido en la fórmula de la lealtad institucional y "no trasladar falsos agravios" entre territorios durante la desescalada. "Forzar el ritmo nos puede costar muy caro", tanto desde el punto de vista sanitario, en vidas humanas, como económico, ha dejado claro antes de subrayar que "lo realmente grave sería alejarse de ese criterio sanitario y dejarse llevar por consideraciones de tipo político o de cualquier otra índole".
Montero ha asegurado que entiende que pueda haber una cierta decepción en los territorios que seguirán en la fase 0, pero ha insistido en la prudencia: "Correr más de lo que podemos nos puede devolver a esa casilla de salida, y eso no nos lo podemos permitir ni como país ni como sociedad". Ha destacado así las consecuencias sanitarias, el coste en vidas humanas, pero también las económicas y sociales, ya que para la recuperación es muy importante -ha dicho- que no haya rebrotes, que se consoliden los pasos y que se genere confianza.
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