Más de 100 millones de euros reclama la Fiscalía Anticorrupción a Iberdrola Generación por el 'tarifazo' de la luz de 2013. Una petición que ha dado a conocer apenas un mes después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictara el auto por el que propuso enviar a juicio a la compañía, junto a cuatro de sus directivos, al ver indicios de la comisión de un delito relativo al mercado y a los consumidores por presuntamente alterar los precios de la luz hace casi nueve años, en plena ola de frío. La 'rapidez' con la que el Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación provisional se debe a que la eléctrica decidió no recurrir su procesamiento, lo que implica que ha aceptado la celebración de una vista oral.
Según han informado fuentes jurídicas a La Información, los abogados de la filial del Grupo Iberdrola, encargada de la producción de electricidad mediante la construcción, operación y mantenimiento de centrales de generación, y de los cuatro responsables de la empresa imputados por este asunto, no se han mostrado en contra de la decisión que adoptó, el pasado 26 de mayo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional de cerrar la investigación que se inició justo cuatro años antes y de dejarles al borde del banquillo.
Tras constatar que no hubo ningún tipo de impugnación, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en sustitución de su compañero Ismael Moreno -que ha dirigido en todo momento las pesquisas-, declaró la firmeza de la resolución equivalente al procesamiento. Así se indica en una providencia dictada el pasado 8 de junio, que ha podido ser consultada por este diario, en la que además se emplazó a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones a presentar, en los siguientes 10 días desde la notificación, su escrito solicitando penas de prisión y multas o el archivo del procedimiento.
Un plazo que Anticorrupción ha cumplido, ya que el pasado jueves 24 de junio presentó su escrito de conclusiones provisionales, reclamando que Iberdrola Generación y los cuatro directivos imputados vayan a juicio. Entre sus peticiones, el fiscal interesa que se imponga a la eléctrica una multa de 84.891.272 euros (el cuádruplo del beneficio obtenido) y el decomiso de 21.222.818 euros que tuvo de ganancias. Asimismo, pide que la filial de la compañía del Ibex 35 indemnice con el total de 107.340.000 euros a una veintena de empresas comercializadoras y a las personas físicas y jurídicas que acrediten que se vieron afectadas por el incremento del precio de la luz. No obstante, sobre este último punto, el Ministerio Público precisa que la reparación del daño debe hacerse de manera "conjunta y solidariamente" con los cuatro directivos acusados, para quienes interesa la pena de dos años de cárcel y una multa de 144.000 euros.
Estrategia de defensa
Las fuentes jurídicas consultadas destacan que el hecho de que Iberdrola no haya recurrido su procesamiento ni ante el juez instructor ni ante la Sala de lo Penal es "bastante llamativo y poco habitual", ya que acorta los plazos para la celebración de la vista oral, pues la 'fase intermedia' que se abre para resolver las cuestiones que se suelen plantear con el objetivo de evitar el juicio prácticamente deja de existir. En esta línea explican que esta forma de actuar suele responder a una estrategia de los abogados en busca de que sus clientes, en este caso concreto la eléctrica y los empleados involucrados, se vean perjudicados lo menos posible de cara a una eventual sentencia condenatoria.
Otra posibilidad sería un pacto con la acusación pública. Sin embargo, esta última hipótesis no parece encajar con el planteamiento de la defensa de Iberdrola, ya que Anticorrupción ha presentado un escrito duro con respecto a la empresa, a la que reclama una multa millonaria y la devolución de los beneficios. Asimismo, solicita penas mínimas de prisión para los directivos Javier Paradinas Zorrilla, José Luis Rapún Jiménez, Gregorio Relaño Cobián y Ángel Chiarri Toscano.
La postura de Iberdrola contrasta con la mantenida en julio de 2021 cuando solicitó al juez Moreno el archivo de la causa, una vez que éste decidió no prorrogar más el procedimiento. El magistrado consideró entonces que debía mantener imputada a la empresa filial y a los directivos, puesto que aún estaba pendiente de recibir las últimas diligencias que había ordenado. Ya con toda la documentación e información recabada para tratar de entender por qué la compañía eléctrica subió los precios de la luz, el instructor concluyó que existen indicios de que tanto Iberdrola Generación como los responsables de fijar los costes de la energía habían actuado de manera irregular, generando a los consumidores un perjuicio superior a los 100 millones de euros.
Cabe recordar que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) multó en 2015 a la multinacional vasca con 25 millones de euros -cuyo pago dejó en suspenso la Audiencia Nacional hasta que se resuelva este asunto por la vía penal- por la supuesta "manipulación fraudulenta" de los precios de la luz a finales de 2013. Tras este expediente sancionador, Anticorrupción presentó una querella que provocó la apertura de una investigación penal y el registro de las sedes de Iberdrola Generación en Madrid y Bilbao en mayo de 2017. Por su parte, Iberdrola ha defendido en todo momento que el coste de la energía en esas fechas lo marcó las "demandas altas, producción eólica baja, indisponibilidades de centrales nucleares y precios altos de gas en mercados internacionales". En este sentido, ha asegurado que en esas fechas no se ofertó menos cantidad de producto y que el precio de mercado subió por "circunstancias ajenas" a la compañía, como la escasez de agua.
Iberdrola defiende que el precio de la luz se fijó en base a las "demandas altas, producción eólica baja, indisponibilidades de centrales nucleares y precios altos de gas en mercados internacionales".
Sin justificación
El juez Ismael Moreno sostiene una tesis distinta. Según explica en su resolución, a partir de 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de ese mismo año, la filial de la multinacional española incrementó de forma "artificial", y "sin causa legítima que lo justificara", el precio de las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo. Una conclusión a la que ha llegado tras la práctica de numerosas diligencias documentales, periciales y testificales como las declaraciones del exministro de Industria José Manuel Soria y su 'número dos', Alberto Nadal; o informes de la CNMC, de Red Eléctrica de España o de la Agencia Española de Meteorología (AEMET).
El fiscal Antonio Romeral -'número dos' de la Fiscalía Anticorrupción- también cree que no se dio ninguna circunstancia que justifique el incremento de los precios. Así, subraya en su escrito de acusación que la consecuencia directa de las acciones ejecutadas por Iberdrola fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 euros megavatio/hora, "lo que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 euros", unos dos millones más que lo que estimó el magistrado instructor en su auto. Asimismo, recuerda que "esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía".
En cuanto a la presunta responsabilidad de los directivos procesados por estos hechos, el Ministerio Público no detalla cuáles fueron sus actuaciones concretas. Sí lo hace el juez Ismael Moreno en su resolución del pasado mes de mayo, en la que explica que Javier Paradinas Zorrilla dirigía el departamento de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, el encargado de elaborar las ofertas de mercado, en virtud de una serie de parámetros (aportaciones hidráulicas, niveles de los embalses, coste de combustibles o disponibilidad de las plantas). Este área de Iberdrola Generación celebraba reuniones de "planificación semanal" con otros departamentos para determinar el coste de la luz, atendiendo a factores como la demanda esperada o el potencial de generación, cuyos responsables eran José Luis Rapún Jiménez (Gestión de Activos) y Gregorio Relaño Cobián (Optimización, Gestión de Recursos y Trading). Todos ellos dependían jerárquicamente del Despacho Central de Generación de la Energía, encabezado por Ángel Chiarri Toscano, indica.
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