El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha tenido sus propios problemas de comunicación en sus primeros noventa días. La moción de censura obligó al presidente a configurar un Ejecutivo de forma apresurada que en cuestión de horas se cobró su primera víctima, Maxim Huerta. Los errores han sido varios y de diversa índole, aunque donde más polémicas se han producido es en todo lo referente a la reforma fiscal que Moncloa y Hacienda están negociando con Unidos Podemos. El punto culmen se ha vivido este mismo lunes cuando la ministra de Industria ha calificado de "globo sonda" el anuncio realizado por el propio presidente de subir el impuesto al diésel en los Presupuestos de 2019. Ya, a última hora de la tarde, rectificó en un vídeo grabado para apoyar al jefe del Ejecutivo.
En el Gobierno son conscientes de que nunca se había puesto en marcha un Ejecutivo de forma tan precipitada como lo ha hecho Sánchez. Es la explicación que ofrecen, en privado, a los errores que han tenido en estos tres meses. Y, en este sentido, los impuestos son, sin duda, el punto débil del sanchismo. Además del 'globo sonda' del diésel, en el Gobierno no terminan de aclarar si habrá finalmente un impuesto a la banca, tal y como lo anunció el PSOE en la oposición. La ministra María Jesús Montero ha hablado de que sería un "impuesto novedoso" y finalista para financiar las pensiones, pero ahora, después de las advertencias de los banqueros, parece que ya no es una prioridad. ¿Fue otro 'globo sonda'?
El Ejecutivo socialista tampoco termina de aclararse con la subida del IRPF a las rentas altas, ni tampoco a la hora de considerar quiénes son los ricos del país. Del "no se trata de subir los impuestos a los ciudadanos, IRPF no", que dijo la ministra Montero en la Cadena SER, se ha pasado ahora a la versión de que Hacienda va a "explorar" una subida a las rentas superiores a los 150.000 euros. Dos versiones contradictorias en cuestión de días.
Unidos Podemos es quien, precisamente, está 'radiando' las conversaciones mientras Hacienda está comunicando a contrapié e, incluso, metiéndose en un embrollo con afirmaciones opuestas en cuestión de horas, como ocurrió la semana pasada. "No vamos a contar cómo marchan las negociaciones; cuando haya algo que comunicar se hará", aseguran en el Ministerio del ramo para justificar su silencio sobre la reforma fiscal en ciernes.
Los errores de coordinación o de comunicación también han alcanzado al Ministerio de Trabajo. El motivo ha sido la creación y anulación en cuestión de horas de un sindicato de trabajadoras sexuales. Así se expresó la ministra Magadalena Valerio dando cuenta del error: "Cuando me enteré el disgusto que me pillé ha sido de lo más gordo a lo largo de mi vida profesional y política. Sinceramente lo voy a decir: me han colado un gol. Y eso cuando uno está en política e intenta ser responsable con sus actos es muy duro".
Algo similar ocurrió con la financiación autonómica. Las negociaciones transcurrían a buen ritmo y los segundos niveles continuaban avanzando. Pero, de repente, unas palabras de Sánchez paralizaron todo: no hay "tiempo material" en esta legislatura para poder reformar el sistema en su conjunto. Colaboradores cercanos al presidente no sabían que la decisión estaba tomada y que cualquier modificación de calado se iba a posponer hasta después de las próximas elecciones. Así es el presidente, justifican en su entorno de mayor confianza.
También hubo orden y contraorden a la hora de abordar la renovación de RTVE. El Gobierno se implicó a fondo, con Iván Redondo, el todopoderoso jefe de gabinete de Sánchez, participando directamente en la negociación y batiéndose cara a cara con Podemos y ERC. En esta ocasión el Ejecutivo también tuvo que dar marcha atrás tras perder la votación para renovar el Consejo de Administración de la Corporación. Tras un mes de intensas negociaciones la elección de Rosa María Mateo como administradora temporal fue una decisión consensuada para poner en marcha los cambios de calado que finalmente se han ejecutado.
En el terreno judicial también se ha producido una rectificación que no ha sentado nada bien a los socios del Gobierno. El jueves Moncloa anunciaba que no defendería al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en Bélgica, pero apenas 72 horas después daba marcha atrás y, ante el revuelo formado por las críticas de las asociaciones de jueces, anunciaba que el Estado pagaría los honorarios de sus abogados. Sánchez hablaba entonces de una "cuestión de Estado".
Las polémicas veraniegas también afectan al Valle de los Caídos. En un principio el Gobierno planteaba que el monumento se convirtiera en un "lugar de reconciliación". Pero el propio Sánchez lo dejó claro la semana pasada y ahora el objetivo es que se convierta en "un memorial de las víctimas del fascismo", es decir, en un "cementerio civil".
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