Dos años después del arranque de la investigación por el caso 'Lezo' en la Audiencia Nacional no se han concretado los flecos de la presunta comisión de 1,4 millones de euros que OHL le habría abonado a Ignacio González para adjudicarse el proyecto de cercanías de Móstoles-Navalcarnero. Aunque los investigadores apuntan directamente a la existencia de esta 'mordida' que habría ordenado el propio Juan Miguel Villar Mir, el expresidente madrileño se desvincula de la misma asegurando que "jamás" medió en ningún pago.
El exmandatario regional pide el archivo de su causa en esta pieza separada del procedimiento que investiga el pago de la comisión multimillonaria que habría ejecutado el exconsejero delegado del grupo, Javier López Madrid. En un escrito recogido por La Información, el entonces vicepresidente del Gobierno regional afirma que "no existe ninguna prueba, ni indicio si quiera" de que él fuera la persona a la que se refirió López Madrid en sus anotaciones. Las mismas obran en el sumario de la causa y reflejan que el dinero iba para 'Nacho'.
La libreta del yerno de Villar Mir recogía la cita 'CAM-OHL R Matin Nicolás' y más abajo 'Mintra excluir Navalcarnero (darle instrucción)'. Tanto el expresidente de OHl como el empresario negaron el pago de esta mordida concreta y expusieron que si consiguieron adjudicarse el proyecto, presupuestado en 45 millones de euros, es porque su oferta fue "limpiamente ganadora del concurso". Sin embargo, este no es el único frente abierto que tiene la compañía en la Audiencia Nacional, puesto que en la misma causa el magistrado investiga a directivos y exaltos cargos de la empresa igualmente por pagos de hasta 40 millones de euros para adjudicarse proyectos en otras zonas estratégicas de España.
La sombra de Granados
El escrito precisa que este tipo de adjudicaciones eran competencia en el momento de los hechos a la empresa pública Mintra, dependiente de la Consejería Madrileña de Transportes. Al frente de esta cartera estuvo entre los años 2003 y 2004 Francisco Granados, el cual en el momento de la adjudicación ya ostentaba el cargo de consejero de Presidencia. Precisamente, su defensa no descarta, a tenor de lo que expuso el propio López Madrid en sede judicial, que la persona a la que se refirió en sus anotaciones fuera Ignacio Palacios, entonces jefe del Gabinete de Granados, o Ignacio Martínez, director de finanzas y tesorería de OHL.
"En el año 2007 al señor González que le identificaron, yo creo que no tenía relación con él (...). Pero tampoco sé, porque estoy anotando lo que otra persona me dice (el exdirectivo de OHL Rafael Martín de Nicolás), una anotación que hago hace diez años… pero no es una anotación singular, es que yo en los últimos diez años si ustedes lo tienen, a lo mejor tienen ustedes 15 carpetas, es que yo anoto todo", dijo López Madrid en su interrogatorio en la Audiencia en mayo del pasado año.
La Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil rastrearon los movimientos de la cuenta que recibió este presunto ingreso, sita en un banco suizo y perteneciente a la sociedad panameña Lauryn Group Inc. La misma se vinculó igualmente al empresario de la jet, Adrián de la Joya, que ya figura como investigado en esta parte del procedimiento por estos hechos. Precisamente, a tenor de su labor de mediador en este tipo de negocios, el magistrado Manuel García Castellón, instructor del caso 'Lezo' y 'Tándem' le investigó por sus presuntos negocios con José Manuel Villarejo. En concreto, por haber intermediado entre el comisario jubilado y el naviero Ángel Pérez-Maura, el cual contrató los servicios del policía para frenar su extradición a Guatemala.
Las escuchas de OHL, bajo la lupa
Por todo ello, Ignacio González pidió al juzgado que pusiera punto y final a esta investigación que arrancó con su detención y la de otros exaltos cargos del Canal de Isabel II en abril de 2007. Sin embargo, García Castellón ha decretado la prórroga de las actuaciones de esta pieza relativa a la adjudicación cuyas presuntas irregularidades plasmó el primer instructor de la causa, Eloy Velasco. Estas pesquisas avanzan de forma paralela con las diligencias que se están practicando en la última pieza abierta en esta causa sobre las presuntas 'mordidas' de OHL para adjudicarse grandes construcciones en Canarias, Andalucía y Extremadura.
Hasta el momento ya han desfilado por sede judicial distintos altos cargos de la compañía, entre ellos el propio exdirector general Rafael Martín de Nicolás, que figura en las notas manuscritas del yerno de Villar Mir. En su interrogatorio, el exdirectivo expuso que las cuantías a las que hacían referencia en las escuchas interceptadas por la UCO no eran mordidas sino pagos a proveedores para garantizarse los suministros en las obras dado que en algunos puntos, como las islas, era más fácil que mediaran las empresas de allí en la compra de suministros.
Sin embargo, las intercepciones telefónicas que grabó el exdirectivo de OHL Paulino Hernández (al que se le conoce como 'el Villarejo de la compañía') puso en un aprieto a todos los exaltos cargos de la entidad así como a otros imputados en esta pieza que también aparecen en las grabaciones, tales como el exdirector del Puerto de Melilla, José Luis Almazán o el exdirector técnico del Puerto de Cádiz, Albino Pardo. Las escuchas recogidas en el informe de la UCO al que ha tenido acceso este diario, pusieron de manifiesto cómo hacían continua alusión a los pagos de sobrecoste del 3%. El propio Martín Nicolás le expuso a un directivo: "La verdad es que hace tantísimo tiempo que ya no me acuerdo ni cuando... ni si lo hablé. ¿Tú has confirmado esta terna con Luis o no, lo del tres?, a lo que éste respondió "Sí, como siempre".
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