La decisión de la Justicia belga de reconocer la inmunidad de Carles Puigdemont en calidad de diputado electo en el Parlamento europeo ha vuelto a poner la pelota en el tejado del Tribunal Supremo, que ahora tendrá que pronunciarse sobre este último capítulo en la batalla judicial del independentismo catalán. El magistrado al frente de la causa del 'procés', Pablo Llarena, se enfrenta a un abanico de opciones a modo de respuesta entre las que se encuentra solicitar a la Cámara europea que se suspenda la inmunidad del expresidente de la Generalitat de Cataluña.
De hecho, esta es la postura que mantiene la Fiscalía del alto tribunal y que trasladó al magistrado de la Sala de lo Penal cuando éste pidió a todas las partes del procedimiento el pasado 19 de diciembre que se pronunciaran acerca de la decisión que adoptó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con Oriol Junqueras. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que el juez belga ha acordado esta medida de oficio, es decir, de 'motu proprio', teniendo en cuenta que tanto Junqueras como Puigdemont fueron elegidos como diputados en las elecciones al Parlamento europeo el pasado mes de mayo.
De este modo, y una vez reciba las alegaciones de todas las partes de la causa (falta por pronunciarse la Abogacía del Estado), moverá ficha en torno a los derechos del expresidente catalán, a quien el juez procesó pese a estar huido de la Justicia. Otro de los asuntos candentes es el relativo a la euroorden contra Puigdemont por sedición y malversación el mismo día que el tribunal del procés condenó a los doce líderes independentistas juzgados por su implicación en la deriva catalana. Al respecto, la Justicia belga ha decidido suspender la tramitación de esta orden de detención al considerar que goza de inmunidad en calidad de eurodiputado.
El "paraguas de la inmunidad"
Ahora bien, eso no quiere decir que rechace de plano entregarle a España, como sí hizo la Justicia alemana en mayo de 2018, sino que la mantiene en suspenso. El escenario actual puede llevar al magistrado Llarena a retirarla (como ya hizo con la primera euroorden que emitió la entonces magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en octubre de 2018) o bien esperar al pronunciamiento de Europa. Sobre este punto la Fiscalía recuerda que las euroórdenes (dictadas también para los exconsellers Antonio Comin, Lluis Puig y Clara Ponsatí) implicaban el ingreso en prisión provisional de todos ellos ante la gravedad de los delitos que se les atribuyen.
En su escrito del pasado mes de diciembre, el Ministerio Público también pedía que se diera traslado a la Justicia belga de la decisión del TJUE respecto a Junqueras con el fin de que suspendiera la tramitación de la euroorden para dejar sin efecto los plazos de resolución de entrega a la espera de que se pronuncie Europa; es decir, lo mismo que ha hecho la Justicia belga. El argumento principal que sostienen los cuatro fiscales de la causa es precisamente que su elección como europarlamentarios se produjo mientras se encontraban en rebeldía, y por tanto, lo que pretendían "en realidad" al concurrir a los comicios europeos era "acogerse al paraguas de la inmunidad" que otorga la elección de este cargo y evitar ser enjuiciados por el 'procés'.
Por su parte, la defensa de Puigdemont respondió que se trata de una postura "insostenible" puesto que adquirió condición de eurodiputado en junio de 2019. Y no solo eso sino que mantuvo que la sentencia sobre la inmunidad de Junqueras tenía una "incidencia directa" en su caso y que el hecho de que se le reconozca esta condición lleva implícito el levantamiento de medidas cautelares; esto es, que no podría ser detenido ni en Europa ni en territorio nacional. Igualmente su defensa pidió al magistrado Llarena que se apartara de la instrucción de esta pieza relativa a su caso y el de Comin al considerar que actuaba con "imparcialidad".
La respuesta de Marchena
Lo que está claro es que el pronunciamiento del TJUE sobre la situación de Junqueras ha supuesto un varapalo para el tribunal que preside el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, tras la cuestión prejudicial planteada en torno a la situación del exlíder de ERC. Al respecto, la Justicia europea dio la razón a Junqueras y determinó que, de acuerdo con el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, gozaba de inmunidad en el momento de su elección, la cual se produjo mientras se encontraba en prisión provisional y, por tanto, antes de ser condenado en firme a 13 años de prisión por sedición y malversación.
Aunque la Abogacía todavía no se ha pronunciado sobre la petición de Llarena, sí lo hizo a comienzos de esta semana en lo que respecta al caso de Junqueras. Su postura, conocida en plenas negociaciones de investidura entre el PSOE y ERC, chocó con la mantenida por el Ministerio Fiscal en tanto reconoció la inmunidad de Junqueras en el momento que recurrió a la Justicia europea. No obstante, también pidió a la Sala de lo Penal que requiriera cuanto antes al Parlamento Europeo la inmunidad del exvicepresidente catalán a la par que reconoció la "total validez" del fallo del procés. Con todo, sobre este asunto se pronunciará la Sala de lo Penal a partir de la próxima semana, sumándose de esta manera a la respuesta que dé el instructor Llarena a la cuestión relativa a Puigdemont.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios