La falta de seguridad en las comunicaciones y en los sistemas informáticos de diversos organismos públicos, que ha quedado patente tras el espionaje con el 'software' israelí Pegasus de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa y del Interior y después de los ciberataques a los ordenadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto en alerta a las administraciones, que se han lanzado a reforzar sus macrocontratos de ciberseguridad. El último conocido ha sido impulsado precisamente por el Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a través de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, que busca apoyo técnico, ante la falta de medios propios, para el soporte y en mantenimiento de sistemas de información del Ministerio del Interior.
El anuncio previo de este contrato, valorado en nueve millones de euros, se hizo en el mes de julio del año pasado, apenas un mes después del espionaje al ministro Marlaska, y el primer lote fue adjudicado ayer a Wairbut, una consultora independiente especializada en el desarrollo de soluciones y servicios de alto valor añadido, y trabaja con las administraciones y organismos públicos. acordes a las necesidades operativas y de negocio de sus clientes. Este lote prevé tareas relacionadas con el mantenimiento y configuración de los sistemas, administración, gestión, seguimiento y control, así como el soporte de segundo nivel a los diferentes cuerpos policiales y clientes de los sistemas en general que mantiene y opera la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS). Esta subdirección está ubicada en el Centro Tecnológico de Seguridad, inaugurado en 2016 y que también acoge Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas.
Entre los objetivos previstos en el pliego está el "análisis forense digital en dispositivos de telefonía móvil con uso de técnicas y herramientas especializadas" ante incidentes de seguridad, que será necesario identificar y recopilar, preservar y analizar las evidencias. Estas tareas hubieran evitado, posiblemente, el acceso a los móviles oficiales y el robo de datos a través de 'software' malicioso de Pegasus, en pleno conflicto diplomático con Marruecos y con avalanchas continuas de migrantes en el verano de 2021. El equipo de profesionales que designen las empresas adjudicatarias deberán tener, en algunos de los perfiles, másters en ciberseguridad y ciberinteligencia y desarrollar sus labores en el Centro Tecnológico de Seguridad para salvaguardar la confidencialidad y garantizar la eficacia de operaciones que no se pueden realizar en remoto.
Los contratistas deben ayudar a gestionar y administrar los sistemas de control de inmigración ilegal, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros
Entre los requisitos de la licitación se señala la necesidad de cubrir un espectro de soluciones muy amplio y con grandes diferencias, que requiere un alto nivel de preparación técnica, una gran capacidad de adaptación y una flexible disponibilidad horaria. "Para alcanzar estos niveles -destaca- es necesario contratar estos servicios tecnológicos a empresas especializadas que disponen del personal y los medios adecuados para ello. Mientras, el pliego recoge un amplio listado de sistemas y bases de datos, muchas compartidas, que los contratistas deben ayudar a gestionar y administrar. Menciona los sistemas de control de inmigración ilegal, delincuencia organizada y terrorismo, tráfico, los informes de la actuaciones y antecedentes policiales, violencia de género, la base de personas desaparecidas y cadáveres, bandas juveniles y los expedientes, requerimientos, búsqueda de delincuentes internacionales y los sistemas de almacenamiento de huellas y ADN, entre otros.
El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, también puso en marcha una protección 'extra' a las telecomunicaciones de su departamento en agosto de 2021, solo tres meses después de que fuese espiado a través del programa de 'software' Pegasus el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ella misma. El pliego del megacontrato, valorado en 170 millones de euros, para blindar y renovar las telecomunicaciones de su departamento. Entre los objetos del contrato, negociado con publicidad y tramitado de urgencia, que contemplaba ocho lotes y que ha sido formalizado hace apenas dos semanas, estaba poner los medios para detectar y corregir la vulnerabilidad de 20.000 líneas de móviles y otras 6.500 de datos de Defensa y el reemplazo total de los terminales para responder a las ciberamenazas de forma eficaz. Robles y Sánchez fueron espiados entre mayo y junio en un contexto de crisis diplomática con Marruecos y en paralelo a la decisión de indultar a los soberanistas del 'procès' condenados.
El contrato, que fue adjudicado el pasado febrero, se lo repartieron Telefónica -cuatro lotes-, Vodafone -líneas móviles-, Hisdesat Servicios Estratégicos -infraestructuras de comunicaciones satelitales-, Grupalia -videoconferencias- y Zelenza Sistemas de Información -soportes y atención al usuario-. El Acuerdo Marco, recogido en un pliego de prescripciones técnicas de 442 páginas, tenía como objeto la prestación de los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones para la Defensa en España y en el exterior. Así, según recoge la Plataforma de Contratación del Estado, la provisión y gestión de los servicios de voz y datos necesarios para todos los emplazamientos del Ministerio, el lote con más presupuesto, 71 millones, recayó en Telefónica de España.
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