El ciberataque al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del pasado mes de marzo dejó en evidencia la carencia de medios materiales y humanos en un organismo encargado de gestionar y pagar el desempleo y cientos de miles de subsidios todos los meses. El SEPE no estaba preparado para hacer frente a un ataque informático de esa envergadura con una plantilla diezmada y molesta por sus condiciones laborales -con bajos sueldos y expuesta a agresiones- y una tecnología obsoleta, que acentuó los retrasos en los pagos de prestaciones y los errores en un contexto de pandemia con un aluvión de subsidios y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), unidos a los millones de gestiones habituales.
Con apenas 8.600 empleados, incluidos los 1.500 interinos contratados para afrontar los ERTE y cuyos contratos finalizan, en principio, a finales de este mes, el Gobierno ha decidido externalizar y subcontratar buena parte de la gestión informática, de consultoría y evaluación ante la imposibilidad de que la menguante plantilla, que además tiene de media más de 50 años y se jubilará masivamente durante la próxima década, de acabar con un colapso que se agravado por los turnos de vacaciones. Según los sindicatos, el organismo heredero del Inem ha perdido más de 3.400 trabajadores en los últimos diez años.
Ante una situación previsible, con informes recientes alertando de la posibilidad de contundentes ataques informáticos y con unos equipos con más de dos décadas, el SEPE adjudicó por 312.000 euros -con dos años de duración- el contrato de monitorización y análisis para detectar los problemas que pueden afectar el rendimiento de sus aplicaciones informáticas. La empresa ganadora, que se adjudicó el contrato tres meses antes de que produjese el ciberataque, fue GFI Informática.
Las filiales de ingeniería de Tragsa, Defensa e Ineco ya gestionan millonarios contratos del SEPE ante el malestar de la menguante plantilla del organismo
Pero ha sido en 2021 cuando el organismo ha puesto en marcha toda su maquinaria de contratación, en muchos casos de manera restringida y tirando de otros organismos públicos mejor preparados tecnológicamente y, sobre todo, con recursos humanos suficientes para hacer frente a situaciones extremas. El pasado julio, Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec), la rama informática se Tragsa, se hacía con el contrato para la prestación de servicios en el ámbito de la atención a usuarios para los próximos tres años por un valor superior a 6,6 millones de euros. Al mes siguiente y por 3,2 millones, lograba otro para la prestación de asistencia y servicios técnicos de alto contenido tecnológico dentro de un programa -que lleva años en marcha- para la inclusión de los jóvenes menores de 25 años en el mercado laboral. La eficacia y experiencia de la entidad dependiente de Agricultura avaló la adjudicación.
También Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), participada por Enaire, Renfe y Adif, se ha hecho con una importante licitación, resuelta de forma restringida y valorada en 8,3 millones, con el objeto de modernizar los sistemas de información del SEPE en el marco del Plan de Digitalización. Con este servicio se pretende reforzar la arquitectura de seguridad del organismo y en materia de ciberseguridad y mejorar los procesos informáticos. Mientras, ante la incomodidad patente de empleados y sindicatos por la falta de recursos, los responsables de los servicios de empleo han decidido volver a poner en marcha un plan de evaluación para detectar problemas de organización y carga de trabajo.
En febrero y con el objetivo de poner freno a estas graves deficiencias, el Ministerio de Trabajo y Economía Social adjudicó un contrato millonario a Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa, que se presentaba como el mejor aliado de las administraciones para "dar soluciones a los principales retos nacionales e internacionales a través de su ingeniería, consultoría y servicios de asistencia técnica y proyectos llave en mano".
Los servicios de empleo tienen en marcha licitaciones para evaluar su organización y la carga de trabajo en un organismo que gestiona millones de expedientes
El valor del contrato superaba los 11,1 millones de euros y tenía como objeto hacer más eficaces los servicios a los ciudadanos que se prestan desde las oficinas de Empleo Público. La Isdefe va a prestar recursos de ingeniería, calidad y seguridad a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones "para mejorar y modernizar de los sistemas de información, procesos y los servicios de TIC", se asegura en el contrato.
Tampoco faltan las licitaciones de servicios que tienen el objetivo acortar la brecha entre hombres y mujeres en el mercado laboral, como el que está en marcha, por un valor estimado de 5 millones de euros, para integrar la transversalidad de género en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas de activación para el empleo. Mientras, las plantilla menguante del SEPE espera que Hacienda de el visto bueno a la renovación de los contratos de interinos y a nuevas contrataciones que faciliten la gestión diaria de expedientes.
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