Domingo, 05.04.2020 - 00:13 h
Por delitos de prevaricación y lesiones imprudentes

Investigan al delegado de Gobierno de Madrid por no prohibir la marcha del 8M

La juez admite parcialmente una querella dirigida también contra el presidente del Gobierno y solicita batería de diligencias a la Guardia Civil.

Las mujeres llenan Madrid por el 8-M
Imagen de la manifestación de la mujer el pasado 8 de marzo. / EFE . 

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha incoado diligencias de investigación contra el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, para esclarecer si cometió delito de prevaricación administrativa y lesiones imprudentes por no prohibir las manifestaciones en la capital entre los días 5 de marzo y el 14 de marzo. La denuncia, presentada también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras autoridades, incide en que no se hizo caso de la recomendación emitida por Europa para el control y prevención de enfermedades ante la amenaza del coronavirus.

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ordena en su auto la práctica de una batería de diligencias entre las que se encuentran el encargo de un atestado a la Guardia Civil en el que se refleje qué autoridades fueron las receptoras del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades y si éste se remitió a la Delegación de Gobierno de Madrid. Igualmente pide a la Policía Judicial que indague si las autoridades sanitarias españolas recomendaron a la Delegación alguna norma de actuación en relación con las marchas que no se prohibieron y que se aporten las comunicaciones en las que se evaluó el riesgo que conllevó no prohibir estos actos, entre los que se encuentra la marcha del Día de la Mujer del 8-M. 

La instructora también pide a la Guardia Civil que le informe si las autoridades competentes suministraron medidas de prevención a los participantes de las marchas que se celebraron en la capital desde el pasado 5 de marzo, tales como guantes o mascarillas. En aras a esclarecer si se puso en riesgo la salud de la población, también ordena al médico forense adscrito a su juzgado que emita informe acerca de si todos estos actos "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida y la integridad física de las personas" que participaron en ellos. 

Diligencias en 'standby'

En el auto, la magistrada recuerda que todas estas actuaciones que ordena no se consideran urgentes por lo que se tendrá que esperar a que el Gobierno ponga fin al estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo. La magistrada actúa en base a las directrices del CGPJ que, ese mismo día, acordó suspender todas las actividades judiciales, a excepción de los servicios esenciales para los asuntos de especial urgencia. Precisamente la denuncia se dirigía contra una veintena de personas, entre ellas el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y otros delegados de gobierno como Pilar Alegría (Aragón); José Javier Izquierdo (Castilla y León); Teresa Cunillera (Cataluña) o María Yolanda García (Extremadura). 

La magistrada explica que sus actuaciones solo van dirigidas contra José Manuel Franco puesto que la competencia del resto es del Tribunal Supremo (en el caso de Pedro Sánchez,) y de los órganos judiciales de sus comunidades autónomas (en el caso de los delegados y subdelegados del Gobierno) al tratarse de personas aforadas. Con todo, se trata de la primera investigación judicial abierta por haber dado luz verde a estas concentraciones antes de la pandemia del coronavirus avanzara en nuestro país hasta provocar la declaración del estado de alarma. 

Sin precedentes en los tribunales

La magistrada razona que la decisión de abrir diligencias "no es fácil" puesto que los hechos denunciados plantean un escenario "absolutamente excepcional" teniendo en cuenta que se piden responsabilidades por no anticiparse a la crisis generada por el COVID-19 y ello hace que no sea viable buscar precedentes en este sentido. No obstante, explica que solo procedería archivar la denuncian de plano si no existiera "indicio alguno" de que el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid no cometió delito alguno con su actuación.

La instructora también plantea "serias dudas" acerca de la calificación procedente en este tipo de situación. Aunque no descarta que se le pueda investigar por prevaricación administrativa, deja la puerta abierta a que también se le pueda investigar en concurso con delito de lesiones por imprudencia profesional. Para ello, no obstante, será determinante lo que dictamine el forense del juzgado. 

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios
NOTRACKING