El productor de televisión José Luis Moreno vuelve a cuestionar la validez del 'caso Titella', que instruye la Audiencia Nacional y en el que se le sitúa como principal imputado. Tras haber pedido en varias ocasiones, sin conseguir el resultado esperado, el archivo de las pesquisas, el humorista acusa a los investigadores de haber iniciado una causa sin importar los "fondos públicos" que se destinan a "mantener una prohibida investigación prospectiva". Por ello, pide al juez instructor que informe del "altísimo coste" que está suponiendo este procedimiento para "las arcas públicas".
Así lo ha manifestado su abogado en un breve escrito presentado ante el juez Ismael Moreno el pasado 27 de octubre, al que ha tenido acceso La Información, en el que insiste en que la causa judicial se inició como consecuencia de unos informes policiales "erróneos, que ya han quedado desvirtuados". En este sentido, el letrado Javier Zabala indica que "al día de la fecha ya han transcurrido más de tres años" desde que se inició la investigación contra el ventrílocuo sin que, en su opinión, existan indicios sobre una conducta "merecedora de reproche penal".
José Luis Moreno se encuentra investigado por ser el presunto líder de una trama que habría estafado más de 80 millones de euros a bancos e inversores privados. Así, en junio de 2021 fue detenido, junto a casi otras 50 personas, en el marco de la 'operación Titella' -títere, en catalán-, que fue coordinada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno. La causa se nutre de las diligencias practicadas hace años en varios juzgados españoles, como el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, que admitió una querella interpuesta en febrero de 2018 por parte de Abanca. Así, al existir varias causas abiertas por hechos similares, el Tribunal Supremo acordó que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la presunta macroestafa, tras la aparición de "nuevos hechos" relacionados con "la apreciación de una organización criminal".
Sin embargo, a juicio del abogado del conocido productor, la investigación no tiene ningún tipo de justificación, sino que se basa en unos argumentos expuestos en unos informes policiales, que ya tachó de "inveraces". Así, en el reciente escrito, repite este punto y recalca que "el colmo del esperpento" es tener que reclamar "insistentemente la concreción de los hechos, indicios y delitos" para poder defenderse, así como el "impulso urgente de la causa". En esta línea, el letrado subraya que nada de ello se ha conseguido, ni tampoco el archivo del procedimiento con respecto al humorista, lo cual, asegura, "está suponiendo un coste altísimo para las arcas públicas, pues la Administración de Justicia sigue destinando fondos públicos para mantener una prohibida investigación prospectiva".
En base a la ley de transparencia
Por ello, solicita al juez instructor que, bien directamente o bien mediante solicitud al Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, informe del "coste económico incurrido" como consecuencia de la "incoación y sustanciación" del conocido como 'caso Titella'. Todo ello en base a la ley aprobada el 9 de diciembre de 2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que, según indica el escrito, "reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la transparencia, al acceso a la información pública y a someter a los responsables públicos a fin de que expliquen cómo se manejan los fondos públicos".
La petición llega unas semanas después de que Moreno instara al juez instructor a averiguar si los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que elaboraron dichos informes o que participaron en la operación de su detención han sido premiados con "órdenes de Mérito Policial (distinción española creada para ofrecer una recompensa especial)" por 'idear' una trama en la que le han dado el "papel protagonista". El magistrado rechazó rotundamente esta petición por "falta de idoneidad y utilidad", al no ver la finalidad que ello tiene para el esclarecimiento de los hechos irregulares que se le atribuyen.
Asimismo, el productor de televisión interesó un doble careo, por un lado con los responsables policiales que elaboraron dichos documentos que dan vida al sumario de la causa; y, por otro lado, con Antonio Aguilera, quien habría sido una de sus personas de confianza en esta trama que buscaba financiación. Con este segundo cara a cara, José Luis Moreno pretende "evidenciar" que el origen de su imputación deriva de sus "falsas declaraciones" y de los "colaboradores" de éste. Por el momento, el juez instructor no se ha pronunciado al respecto.
Otras acusaciones
Además de la investigación sobre la presunta estafa a bancos e inversores, José Luis Moreno se enfrenta a la acusación de Alejandro Roemmers, con quien se asoció para llevar a cabo la producción de la serie 'Glow & Darkness' (Resplandor y Tinieblas), basada en la vida de San Francisco de Asís. El empresario argentino asegura que el ventrílocuo le estafó 35 millones de euros con dicha adaptación televisiva. Durante el año que lleva en marcha la causa judicial, el también escritor ha defendido sus intereses a través de su empresa Franciscus Productions, si bien hace poco solicitó poder ejercer directamente como acusación particular, al considerarse "víctima como persona física" de un engaño.
Todo ello después de comprobar, a través del 'caso Titella', que Moreno no destinó a sus verdaderos fines el préstamo de 3,5 millones de euros que le hizo en 2018 para que saldara sus deudas con Hacienda, con el objetivo de que se centrara en la producción de la serie sin ninguna otra preocupación. En este sentido, Roemmers también reclama la devolución de 623.883,67 euros que supuestamente el humorista gastó en viajes sin justificar y sobre los que no preguntó para "evitar un nuevo conflicto". El juez instructor ha reconocido la personación directa al empresario argentino.
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