A través del Banco de España

El juez del Popular pide de urgencia al BCE archivos de las tasaciones infladas

La Audiencia Nacional quiere incorporar los resultados de su inspección ante las sospechas de que se sobrevaloraron para 'infradotar' las provisiones.

EFE
Anticorrupción respalda a los fondos y pide los informes de compra del Popular
Ángel Martínez | EFE

La Audiencia Nacional mantiene en el foco las tasaciones inmobiliarias del Banco Popular. El magistrado José Luis Calama Teixeira busca incorporar al procedimiento penal el resultado de las inspecciones realizadas por el Banco Central Europeo en relación a este apartado concreto del banco extinto. Por ese motivo ha oficiado al Banco de España para que "a la mayor urgencia" requiera al organismo europeo toda la documentación y el material que conserve en relación a las valoraciones del Popular para seguir avanzando en esta vía de la investigación. 

Según explica el instructor en un auto al que ha tenido acceso La Información, los anteriores gestores de la entidad habrían sobrevalorado buena parte de las tasaciones de forma "significativa y consciente" con el fin de infradotar las provisiones exigidas. Por ese motivo, reclama al BCE el inventario base que emplearon para el estudio y los resultados que arrojaron su inspección. En concreto, ponen el foco en los 471 millones de euros en déficit de cobertura que detectó la inspección tras advertir que se habría incumplido la normativa contable influyendo en la valoración de las tasaciones. En este caso, lo que quiere saber el juzgado es cómo se calculó la cifra, los elementos que se analizaron para llegar a esas conclusiones así como un desglose de importe estimado del déficit de cobertura.

También quiere incorporar a la causa resultado del estudio sobre el déficit en activos que superan el tiempo medio de venta y que sería de 465 millones de euros, así como las conclusiones sobre el incumplimiento de las coberturas exigidas. Se trata de una documental que complementa a la requerida hace apenas unas semanas al Banco Santander en calidad de heredero del negocio del Popular. La entidad que preside Ana Botín remitió el material solicitado por la Audiencia Nacional en el que expuso que había más de 32.700 fincas que no había podido localizar. Según explicó, recopilaron todos los datos relativos a los ejercicios comprendidos entre 2014 y 2017, años en los que se identificaron un total de 33.000 fincas no localizadas y otras 1.356 no computadas, lo que supondría cerca de un 13% del total analizado.

PwC negó tasaciones infladas

Al respecto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también solicita los resultados que arrojó la valoración de Krata. El estudio se ciñó a un total de 5.008 adjudicados. De todos ellos 1.105 modificaron su valoración en base a dichas tasaciones, 976 se quedaron invariables, y para los 2.927 restantes se solicitó otra valoración nueva. El magistrado reclama ahora estos listados además de la revisión de una muestra de 82 activos adjudicados la cual, según el análisis del Banco Central Europeo (BCE), arrojarían un déficit de 244 millones de euros. Se trata de unos datos que contravienen la documentación entregada a la Audiencia Nacional por PwC en relación al trabajo que realizó en paralelo al organismo europeo y según el cual no se inflaron las cifras.

Según informó Efe, la auditora llevó a cabo en 2014 la revisión de aproximadamente 10.000 tasaciones y solo se identificaron diferencias por un importe de unos 30 millones de euros (un 0,3% del importe del valor neto contable de los activos adjudicados, considerado irrelevante). También incluye que en los ejercicios de 2015 y 2016 el Popular actualizó las valoraciones de acuerdo con la normativa vigente concluyendo que alrededor del 95% de las tasaciones utilizadas en la estimación de deterioro de los activos adjudicados se realizaron por sociedades de tasación homologadas y supervisadas por el Banco de España. La dotación por deterioro de activos adjudicados para ese ejercicio fue de 1.254 millones de euros.

Las dudas de los peritos

Los peritos judiciales del Banco de España ya analizaron este punto en el informe remitido a la Audiencia Nacional a petición del magistrado instructor. Los expertos explicaron que el Popular se adaptó a las novedades recogidas en la Circular 4/2016 aunque advirtieron que les llamaba la atención de que el socio auditor era consciente de que la política contable del Banco Popular se alejaba en aspectos determinados de los criterios de la Circular Contable del Banco de España, vigente en ese momento, y de que se estaban empleando tasaciones realizadas por empresas que ni seguían criterios ECO ni estaban registradas en Banco de España (a pesar de que la política contable del Popular no lo permitía).

Al respecto, expusieron que los modelos internos, empleados a partir del octubre de 2016, calcularon un recorte a las tasaciones superior al que estaba efectuando entonces el Popular ya que estaba aplicando la política contable aprobada en 2014. De haberlo hecho así se habrían evitado algunas de las diferencias detectadas al cierre del ejercicio de 2016 y que hicieron que el Consejo de Administración estimara a enero del siguiente año necesidades de provisiones de 1.700 millones de euros no previstas en la ampliación. También sentenciaron que la calidad de las tasaciones empleadas en la valoración de activos empeoró en 2016, ejercicio en que un total de 34% de suelos fueron revisados por empresas de tasación no homologadas. Un año antes, la cifra era del 11%.

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