El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha ordenado la retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional para Alberto Luceño y Luis Medina, los dos comisionistas investigados por el ‘pelotazo’ de las mascarillas. Asimismo, les obliga a comparecer cada 15 días en un juzgado y notificar cualquier cambio de domicilio. Así lo ha acordado el magistrado tras tomarles declaración este lunes como imputados por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por el cobro de 6 millones de dólares en comisiones con la operación de compraventa de material sanitario en el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, en uno de los momentos más duros de la pandemia.
Tras las breves declaraciones de los dos empresarios, conocidos en el mundo de la 'jet set', quienes solo han contestado a las preguntas formuladas por el juez; las acusaciones populares ejercidas por PSOE, Más Madrid y Podemos han solicitado imponer contra Luceño y Medina la medida cautelar de retirada de pasaporte, según han informado fuentes jurídicas. En el caso de los socialistas y la formación 'morada' también han solicitado comparecencias periódicas ante un juzgado. Las acusaciones representadas por el Ayuntamiento de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción no han interesado ninguna medida cautelar contra Luceño y Medina.
A la hora de tomar estas medidas cautelares, el magistrado plantea "el posible riesgo de fuga y en especial la manipulación de pruebas" por las elevadas penas de prisión a las que se pueden llegar a enfrentar de hasta "23 años de prisión" . Según explica en dos autos, a los que ha tenido acceso La Información, los investigados ofrecieron su capacidad para conseguir material sanitario de primera necesidad "con ánimo de lucro, aunque aparentaban altruismo". Y por todo ello, dice el juez, se les atribuyen delitos "graves" debido a su "enorme trascendencia pública, al ser cometidos en la peor época de la pandemia Covid-19 (marzo de 2020), con miles de fallecimientos diarios y afectar a fondos públicos necesarios" para obtener las mascarillas, test rápidos y guantes.
Así las cosas, el juez Carretero afirma que aunque Luceño y Medina insistan que tienen arraigo y quieren colaborar con la Justicia, "es también connatural a la naturaleza humana, tratar de evitar tan duras penas, cuyo conocimiento es ahora cierto desde que se conoce la imputación judicial". A ello añade que los comisionistas han dispuesto de dinero "ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa" y que en caso de no retirar el pasaporte, podrían salir de España "para manipular pruebas con el pagador malayo de las comisiones", San Chin Choo, dueño de la empresa proveedora del material sanitario, "cuya colaboración con la Justicia española hasta el momento es nula".
"Perdón, quiero entrar"
El juez Adolfo Carretero ha citado a declarar a los dos comisionistas a las 12.30 horas de este lunes. Luceño ha sido el primero en llegar a los juzgados situados en la madrileña Plaza Castilla, cerca de las 10.00 horas cuando aún solo había pocos medios de comunicación esperando a captar la imagen de los investigados. Con ayuda de los empleados de seguridad de la sede judicial, ha logrado sortear la larga cola que había para entrar en el edificio, donde ha esperado más de dos horas hasta que ha llegado su turno para declarar. No ha corrido la misma suerte Medina, quien ha entrado en los juzgados a las 11.40 horas ante la presencia de medio centenar de periodistas, que han intentado conseguir unas primeras declaraciones sin éxito. "Perdón, quiero entrar", es lo único que ha dicho el hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal.
Medina y Luceño están investigados por los tres contratos firmados que el Ayuntamiento de Madrid firmó en marzo de 2020 con una empresa de Malasia para la adquisición de un millón de mascarillas KN95, dos millones y medio de guantes y 250.000 test rápidos. Por todo ello se pagó un total de 11,9 millones dólares (10,9 millones de euros), un importe que según la Fiscalía Anticorrupción se elevó de forma "exagerada", lo que permitió que ambos empresarios se embolsaron hasta 6 millones de dólares. Con la intención de recuperar esta cantidad ante posibles responsabilidades económicas, el juez Adolfo Carretero ha intentado embargar 5 millones de euros a Luceño -que fue quien se encargó de todos los pormenores de la operación de compraventa de material sanitario- y un millón de euros a Medina. Sin embargo, ello no ha podido ser posible.
Por un lado, Medina ha ido vaciando sus cuentas, dejando solo 247 euros, y sin rastro de los dos bonos bancarios que adquirió con el dinero ganado. Por ello, el magistrado ha embargado el yate que compró con parte del millón de euros que obtuvo de la compraventa de mascarillas, y el pago de una fianza de 891.000 euros, al tiempo que amplió la imputación a un delito de alzamiento de bienes. Asimismo, el magistrado abrió la puerta a embargar también los derechos de este imputado sobre la herencia de su abuela, por el valor de más de 4 millones de euros. En cuanto a Luceño, el juez también ha constatado que el empresario se ha ido deshaciendo de algunos coches de lujo que compró tras la operación, por lo que solo ha podido embargar un piso en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y bloquear 130.000 euros de sus cuentas. A la espera de conocer la postura de las partes personadas en la causa, el magistrado fijará también una fianza para este investigado.
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