El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha concluido la investigación de la pieza del caso Tándem relativa al proyecto Iron. El instructor ha dado por zanjadas las diligencias días después de que Anticorrupción así lo pidiera y ha procesado a un total de 14 personas, entre las que se encuentra el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Se trata pues de la primera pieza de las más de 25 que integran la macrocausa que el magistrado culmina y en la que se ha investigado el encargo que efectuó el despacho Herrero y Asociados al agente encubierto para espiar a antiguos empleados de la compañía.
De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número deja a Villarejo al borde del banquillo ya que el siguiente paso sería la apertura de juicio oral por estos hechos. Junto con el agente encubierto, el magistrado procesa a su mujer Gema Alcalá, al exjefe de la UCAO de la Policía Nacional Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', y otras 11 personas más, entre las que se encuentra su socio, el abogado Rafael Redondo. A todos ellos les atribuye los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil por estos hechos que tuvieron lugar entre los años 2012 y 2013.
El magistrado acepta de este modo la petición de Anticorrupción y apunta en su auto de procesamiento al que ha tenido acceso La Información que los indicios obrantes en las actuaciones han permitido corroborar que el encargo de Herrero y Asociados "iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives" y que recurrieron a Villarejo "a sabiendas de su condición de comisario en activo de la Policía Nacional". No obstante, archiva la causa para los policías imputados Manuel Novoa, José María Serrano y Juan José Díez. Según explica el instructor, no ha quedado acreditado que hicieran entrega de información confidencial de empleados de Balder a sus superiores en la UCAO, del mismo modo que tampoco se ha podido probar que recibieran dádivas por ello.
El bautizado como 'Proyecto Iron' se investigó en la pieza número 2 de la macrocausa y tuvo como eje central el encargo que realizó el despacho Herrero y Asociados, el cual acabó siendo imputado como persona jurídica. El bufete recurrió a los servicios del Grupo Cenyt para que investigara por competencia desleal a antiguos trabajadores de la firma que acabaron fundando Balder IP Law. De acuerdo con las pesquisas de los investigadores, en el encargo participaron agentes de la Policía como los inspectores Antonio Bonilla o Constancio Riaño. Precisamente, de la cuenta de correo de este último se enviaron comunicaciones a altos cargos del BBVA (como César Bilbao) para que facilitaran datos confidenciales de carácter tributario y bancario de las personas espiadas. No obstante, el magistrado también archiva el caso para Bilbao porque aunque consta que filtró "datos bancarios de carácter reservado", no lo hizo a cambio de dádivas.
Gestiones 'Big'
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía acreditó que Riaño pidió en correos enviados entre los años 2012 y 2013 información privada relativa a transferencias bancarias nacionales e internacionales e ingresos en las cuentas de los exempleados del bufete ahora procesado. De acuerdo con estas comunicaciones, a las que tuvo acceso este periódico, la solicitud se formuló desde cuentas oficiales de la Policía Nacional en nombre de una tercera persona, el comisario García Castaño. De hecho, en los correos dirigidos a la entidad bancaria se alegaba que era información de interés para la Comisaría General y que detrás de las encomiendas estaba el comisario, a quien se referían como 'tu amigo Enrique'. Éste, por su parte, se ha desvinculado por completo de estos encargos en sede judicial.
La Policía acreditó que la documentación que entregó de vuelta a Riaño el BBVA -desde la cuenta del exdirectivo César Bilbao- coincidió plenamente con los documentos denominados 'BalderBBVA' y 'Gestiones Big' que se intervineron en uno de los registros efectuados en el domicilio de Villarejo en Boadilla del Monte (Madrid). Por estos hechos, el instructor acordó la imputación de la firma Herrero y Asociados el pasado mes de septiembre. En su auto, el magistrado explicó que el despacho era consciente de que el encargo "excedía con mucho de los servicios propios de una agencia de detectives privados" y que además se costeó al margen de la contabilidad oficial del mismo.
El precio del encargo, según explica ahora García Castellón, se fijó en 325.000 euros más otros 300.000 euros en concepto de prima de éxito. Sin embargo, las investigaciones practicadas hasta el momento determinan que Herrero y Asociados abonó un total 302.500 euros entre los meses de agosto y septiembre del año 2013 a través de facturas creadas 'a posteriori' para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de unos servicios ficticios. Por ese motivo, entre los procesados se encuentran estos empleados de Herrero y Asociados: Francisco Carpintero, Mario Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martinez y María Ángeles Moreno.
El magistrado da plazo ahora de diez días a las partes para que formulen escrito de acusación -como hará la Fiscalía Anticorrupción- o bien de sobreseimiento. El fin de esta pieza segunda del caso Tándem deja a Villarejo más cerca del banquillo por la causa de espionaje que provocó su detención e ingreso en prisión en noviembre de 2017. No obstante, no es la única causa pendiente con la Justicia. El agente encubierto iba a ser el juzgado el pasado 23 de marzo por un delito de calumnias al apuntar que el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán había amenazado de muerte a Corinna, antigua amiga del rey Juan Carlos. Sin embargo, la vista por la que afrontaba una pena de cárcel de dos años y que iba a acoger el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid se vio suspendida con motivo de la pandemia del coronavirus.
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