El empresario Adrián de la Joya ha conseguido recuperar las llaves de cuatro vehículos de alta gama que le fueron decomisados tras su detención el pasado mes de mayo por su presunta implicación en el caso Villarejo. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Abascal, con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción, ha levantado el depósito judicial de dos Porsches, un Ferrari y un Mercedes Benz que figuran a nombre del empresario de la 'jet' pero que pertenecen a la empresa suiza de automóviles Pichler GFC, de acuerdo con un escrito de comparecencia de entrega recogido por La Información.
El escrito del Juzgado Central de Instrucción número 6 recoge el acto que tuvo lugar en la Audiencia Nacional este mismo mes de diciembre en el que se hizo entrega a la defensa letrada de De la Joya de las llaves y toda la documentación intervenida por la Policía en los registros de la operación desarrollada en mayo. De acuerdo con el documento, todos estos vehículos pertenecen, como ya expuso el investigado, a la empresa Pichler aunque estaban depositados en la Audiencia Nacional bajo responsabilidad De la Joya. De hecho, en la comparecencia en cuestión se acreditó la autorización del propio Consejo de Administración de la mercantil para recuperar los coches de alta gama.
En concreto, se trata de un Porsche 911 Targa; un Porsche 911 GT3; un Ferrari modelo 488 GTB y un Mercedes Benz modelo AMG G63. El propio empresario reclamó al juzgado que se los devolvieran en tanto no eran de su flota; hecho que el magistado Abascal acredita en su providencia del pasado 25 de noviembre en la que hace constar que Pichler es la "legítima propietaria de los mismos". Con todo, la Audiencia Nacional no solo le devuelve las llaves de los vehículos sino que también le levanta el bloqueo de la cuenta bancaria relativa a su sociedad Serena Digital SL.
Los negocios de Villarejo
Estos hechos se produjeron tras su imputación por delito de cohecho en la pieza cuarta del caso Tándem, bautizada como 'Pit', en la que se investiga la contratación de los hermanos Pérez-Maura de los servicios de Villarejo para frenar la extradición de uno de ellos a Guatemala. El magistrado Manuel García Castellón ordenó la detención del empresario además de la de Álvaro y Ángel Pérez Maura; el abogado Enrique Maestre, Mateo Flandorfer y Javier Soucheiron, todos ellos implicados en la pieza cuarta del caso Tándem. Tras tomarles declaración en sede judicial y pese a que la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión incondicional por presunta organización criminal para De la Joya, el magistrado acordó su libertad sujeta al pago de fianza de 500.000 euros.
Aunque fue de las primeras piezas en formarse (la causa suma una veintena de investigaciones separadas), se mantuvo bajo secreto de sumario muchos meses hasta que en mayo se procedió a la operación de detención coordinada por el juzgado y llevada a cabo por los agentes de la Policía. Todos ellos declararon en sede judicial antes de quedar en libertad bajo fianza por su implicación en este encargo por el que los Pérez Maura abonaron más de 7 millones de euros aunque su precio total de 10 millones. Las grabaciones efectuadas por el comisario jubilado y que obran en el procedimiento del caso pusieron de manifiesto cómo Villarejo alardeó acerca de su capacidad de influencia en el extranjero para provocar un cambio de Gobierno en Guatemala llevando a la presidencia al exembajador Julio Ligorría.
El comisario jubilado expuso a los Pérez Maura que un cambio en la presidencia del gobierno guatemalteco implicaría reducir de manera drástica la investigación que llevaba a cabo la CICIG (órgano dependiente de Naciones Unidas) por los presuntos sobornos de hasta 30 millones de dólares al expresidente Otto Pérez-Molina y su segunda Roxana Baldetti. En este sentido, De la Joya figura como investigado en el caso por su presunta implicación en este plan para frustrar la extradición de Ángel Pérez-Maura, si bien en sede judicial negó cualquier irregularidad.
Con todo el empresario, que también está imputado en el caso Lezo relativo a presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, no solo obtiene la victoria en lo relativo a la recuperación de los vehículos puesto que también ha conseguido que admitan la testifical en esta pieza cuarta de los últimos jefes de la Policía Nacional, diligencia que solicitó Mateo Flandorfer después de que él mismo entregara las cartas de estos tres jefes policiales al procedimiento, tal y como adelantó este medio. Las misivas, firmadas en enero de 2018, recogen los testimonios de los exjefes policiales Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino según los cuáles la Policía Nacional no era ajena a los trabajos de Villarejo e incluso se valió de ellos en sus investigaciones. Las declaraciones de los tres jefes policiales están pendientes de practicarse después de que se suspendiera la primera fecha de citación el pasado 28 de noviembre.
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