El informe que elaboró el ex 'controller' de Iberdrola tiene que ser investigado. Así de claro lo ha dejado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un reciente auto en el que, por segunda vez, sobre este asunto ha corregido al juez instructor del conocido 'caso Villarejo' y ordena tener a la compañía eléctrica como perjudicada en la causa. Una decisión que, según han indicado fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento a La Información, complicaría la desimputación de José Antonio del Olmo, el exdirector de Control Corporativo de la multinacional vasca, que se ha convertido en un testigo "clave" para el magistrado que dirige las pesquisas.
Del Olmo está imputado en la decimoséptima pieza separada de la macrocausa 'Tándem' (o 'caso Villarejo'), abierta para indagar en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte de Iberdrola entre 2004 y 2017. El juez instructor Manuel García Castellón le otorgó la condición de investigado al inicio de esta investigación, en noviembre de 2020, si bien en varias resoluciones le ha calificado de "testigo clave" por ser el autor de un informe que elaboró al inicio de las relaciones comerciales con el agente encubierto, en el que denunció que la cúpula de la compañía del Ibex 35 conocía que en los pagos se estaban cometiendo irregularidades.
De hecho, por el mismo documento -depositado ante notario en 2004 y sacado a la luz 15 años más tarde con la apertura de la investigación judicial-, Iberdrola presentó una querella contra el ex 'controller' por la presunta falsedad del mismo, al entender que la intención era perjudicar a la compañía, ya que no encontró en sus canales internos ningún registro relacionado con el informe. Así, debido a que el juez aceptó en julio de 2020 acumular estos hechos a la investigación sobre la contratación del Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, se 'reforzó' la imputación de Del Olmo.
El juez García Castellón prácticamente no realizó ninguna diligencia sobre la veracidad del informe en cuestión, que además sirvió de base para imputar al presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, y un año después acordó el archivo de la querella, lo que implicó quitar la condición de acusación particular a Iberdrola, y rebajar la presión sobre el exresponsable de Funciones Corporativas. Sin embargo, la Sala de lo Penal revocó esta decisión el pasado mes de noviembre, pero con escaso efecto, ya que el instructor volvió a imponer su criterio el pasado 27 de enero cuando decidió "posponer" el examen del informe "hasta la conclusión de la investigación y, de producirse, del enjuiciamiento de los hechos supuestamente delictivos por los que se sigue esta pieza separada", es decir, la contratación de Villarejo para presuntos servicios de espionaje.
Para la Sala de lo Penal, la interpretación que ha hecho el instructor es totalmente equivocada, ya que si entiende que el documento que denunciaba la existencia de un sistema de triangulación de facturas para abonar los servicios de Cenyt en 2004"es necesario para la investigación de los hechos objeto de esta pieza separada", lo es aún más investigar si se trata de un "documento privado manipulado", como defiende el primer grupo eléctrico a nivel nacional, o no. Según las fuentes jurídicas consultadas, este último 'revés' de los magistrados de la instancia superior al juez García Castellón dificulta la posibilidad de que Del Olmo pueda ser desimputado en este procedimiento y que vuelva al estatus inicial de testigo. En este sentido, apuntan que la Sala deja claro en su auto que no existe ningún obstáculo para que el instructor atienda a la ampliación de la imputación por los delitos de revelación de secretos y de revelación de datos reservados de persona jurídica.
Protección como denunciante
Se da la circunstancia de que en el mismo auto en el que se retiraba a Iberdrola la condición de acusación particular, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 preguntaba a las partes sobre la posibilidad de aplicar a Del Olmo medidas de protección que contempla la directiva europea 'whistleblowing'. Sobre este punto, las mismas fuentes recuerdan que, pese a que dicha norma aún no ha sido transpuesta en el ordenamiento jurídico español, no sería la primera vez que a un denunciante, investigado en alguna causa de corrupción, se le ha otorgado un "carácter especial". Aún así, subrayan que la Sala de lo Penal también ha precisado en su resolución que "la condición de investigado" del exdirectivo de la eléctrica "no ha variado" desde que en noviembre se anuló su desimputación.
Por el momento, solo la defensa del presidente de ACS, Florentino Pérez (personado en la causa como perjudicado), ha apoyado la iniciativa de otorgar tal protección a Del Olmo, quien alegó que estaba siendo objeto de "represalias" y "acoso" por parte de Iberdrola, por lo que solicita paralizar, al menos hasta que concluya esta línea de investigación del 'caso Villarejo', los distintos frentes abiertos en distintos tribunales por denunciar irregularidades. El juez García Castellón ha aplazado esta decisión hasta volver a escucharle en sede judicial, tal y como ha interesado la Fiscalía Anticorrupción. El ex 'controller' está citado el próximo 18 de abril y declarará a petición propia.
Declaraciones clave
A esta declaración le seguirá las directoras de cumplimiento normativo ('compliance') de Iberdrola, Dolores Herrera, y de Iberdrola Renovable (imputada como persona jurídica), María José Sanz, citadas el próximo 21 de abril. Unas comparecencias que serán clave para la causa, ya que de ellas dependerá si la empresa matriz de la eléctrica es imputada como persona jurídica, tal y como piden la representaciones de Florentino Pérez y de Del Olmo. Cabe recordar que la filial de energías renovables fue imputada por el pago en 2012 de 29.500 euros a las empresas de Villarejo por el último proyecto que desarrolló, denominado como 'Wind', centrado en espiar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que la compañía eléctrica se había aliado para acometer proyectos en Rumanía.
La imputación de esta empresa, y no del Grupo, se debió a que el artículo 31 bis del Código Penal, que permite investigar a las empresas, entró en vigor en 2011, por lo que los hechos cometidos anteriormente no pueden ser perseguidos. No obstante, algunas la defensa del presidente de ACS ha cuestionado este criterio, alegando que el responsable que contrató durante años a Villarejo fue el exdirector de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios