Más pruebas para justificar la necesidad de protección. El que fuera responsable de Control Corporativo de Iberdrola, José Antonio del Olmo, ha aportado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la demanda laboral por la que la compañía le reclama la devolución de más de 573.000 euros que cobró en concepto de bonus cuando era trabajador. Con ello, el exdirectivo, que es un testigo "clave" para este magistrado que investiga el conocido como 'caso Villarejo' y un 'enemigo' para la eléctrica, amplía los hechos que, a su juicio, acreditan el "acoso" al que le estaría sometiendo la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán por elaborar un informe en el que se denunciaría una serie de irregularidades.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso La Información, que se ha presentado este martes ante el juez encargado de investigar los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en el que la defensa de Del Olmo -que también se encuentra imputado en la macrocausa- destaca que el "acoso" por parte de la eléctrica "no tiene visos de detenerse". Y como prueba de su afirmación adjunta el texto que Iberdrola presentó la semana pasada en los Juzgados de lo Social de Bilbao para formalizar la demanda laboral que inició en diciembre, después de que los actos de conciliación no culminaran con éxito.
De este modo, Del Olmo amplía los argumentos para defender su petición de protección en un momento trascendental, en el que espera a que el juez señale fecha para volver a escucharle como investigado, una comparecencia que solicitó a principios de marzo. Su defensa reclamó hace un mes la "obligación legal" de aplicar las medidas que se contemplan en la directiva europea relativa a la protección de denunciantes de infracciones, como puede ser la suspensión de otros procedimientos secundarios hasta que no concluya el principal, después de que el juez instructor preguntara a las partes sobre la pertinencia de tomar una decisión como ésta.
El exdirectivo de Iberdrola alegó entonces que estaba siendo objeto de "represalias" y de "acoso" por parte de la empresa de Sánchez Galán por ser el "responsable" de las actuaciones que han provocado que la cúpula directiva de la primera compañía eléctrica a nivel nacional fuera imputada por contratar entre 2004 y 2017 los presuntos servicios de espionaje de José Manuel Villarejo. Por el momento, solo la defensa del presidente de ACS, Florentino Pérez (personado en la causa como perjudicado), ha informado a favor de otorgar tal protección, manifestándose la mayoría de las partes en contra. Aún faltaría por conocerse la postura de la Fiscalía Anticorrupción al respecto, que estaría estudiando si cabe dicha posibilidad y si la legislación contempla alguna medida que encaje con la directiva aprobada en octubre de 2019 por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, ya que ésta aún se encuentra en trámite para su transposición al derecho nacional, según han explicado fuentes jurídicas a este diario.
El exdirector del departamento de control de funciones corporativas elaboró un informe en 2004, que depositó ante notario, en el que se constataba la existencia de irregularidades en el abono de facturas giradas por el Grupo Cenyt, el entramado empresarial del agente encubierto, con el conocimiento de la cúpula directiva. Este documento se puso en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en 2019 con la apertura de la decimoséptima línea de investigación de la macrocausa 'Tándem', que sirvió de base para la imputación, un año y medio después, de Sánchez Galán y su equipo directivo en la época de los encargos. El magistrado también apoyó esta decisión en las confesiones del exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, imputado por su papel de intermediario entre la empresa y Villarejo, que admitió que la manipulación de las facturas con conceptos falsos, así como en las agendas y audios del comisario.
Distintos frentes judiciales
A raíz de que este informe saliera a la luz, así como por las declaraciones iniciales de Del Olmo ante el juez, Iberdrola inició varios frentes judiciales con el fin de demostrar que dicho informe es totalmente falso, ya que, según indican fuentes cercanas a la compañía, no se encuentra internamente registrado. Según indicaron Sánchez Galán, los directivos imputados, así como el representante legal de Iberdrola Renovables Energía (investigada como persona jurídica), el antiguo 'controller' ni advirtió de las supuestas irregularidades en los pagos a sus superiores, ni utilizó los canales internos de denuncia, sino que siguió visando facturas hasta su marcha de la empresa en 2016. Así, cargaron sobre él toda la responsabilidad de los hechos que se están investigado al asegurar que sin su visto bueno los abonos no se hubieran producido.
El equipo jurídico de Iberdrola ya consiguió que Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao condenara a su exdirectivo por violación de secretos empresariales al sustraer documentos "confidenciales" relativos a facturas que documentaban pagos de la eléctrica a proveedores de seguridad y miembros de la administración. En relación con esta documentación que sirvió para armar el informe cuya veracidad se cuestiona, la compañía también presentó acciones penales por el presunto delito de revelación de secretos, hechos que se analizan en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Asimismo, una tercera vía judicial abierta es la demanda laboral que Iberdrola ha interpuesto en los juzgados de lo social de Bilbao, por la que reclaman a su exdirectivo 573.128,46 euros por los bonos estratégicos que percibió, por un lado, entre 2007 y 2013, y, por otro, entre 2014 y 2016, así como la retribución variable de ese último año.
Pero quizás el frente más relevante de todos es la querella por falsedad documental que los abogados de Iberdrola presentaron contra Del Olmo por el documento que redactó y que posteriormente pasó a formar parte del 'caso Villarejo', después de que una juez de Bilbao se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. El juez García Castellón aceptó investigar si dicho informe se creó para perjudicar los intereses de Iberdrola, otorgándole así a la empresa la condición de acusación particular, si bien ha decidido dejar a aparcado el análisis de su veracidad hasta que finalice las investigación principal: la contratación del comisario jubilado. Así, lo expuso en la resolución del pasado 27 de enero, con motivo de la prórroga de la investigación, en la que, además de pedir informe sobre si cabe proteger a Del Olmo, afirmó que su informe es un "documento necesario para el esclarecimiento de los hechos". Así retiró la condición de querellante a Iberdrola.
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