Los accionistas minoritarios del Banco Popular han solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de investigar los motivos que llevaron al banco a desaparecer en junio de 2017, nuevas pruebas para esclarecer los hechos. La Asociación Española de Entidades Cotizadas (AEMEC), ha dirigido un nuevo escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso La Información, para solicitar numerosa prueba documental que serviría para aclarar qué responsabilidad tuvo el expresidente Emilio Saracho, quien solo estuvo en el poder 108 días, en la quiebra de la entidad.
El escrito de la AEMEC llega justo después de que Saracho presentara ante el magistrado instructor otro documento duro para su antecesor en el cargo, Ángel Ron, al quien acusó de dejar las imagen de Popular "seriamente alterada". Ahora la asociación, que representa a más de 7.000 antiguos accionistas del Banco Popular, ofrece una versión contraria e insiste en que fue el último máximo responsable del banco quien contribuyó a que la Junta Única de Resolución (JUR) acordara la resolución por su "deslealtad" y "mala gestión".
En este sentido, a lo largo de 37 páginas, la asociación de accionistas minoritarios, que ejerce la acusación en el conocido como 'caso Popular' tras interponer una querella contra Saracho, hace una síntesis de las diligencias practicadas hasta el momento y asegura que existen "evidencias más que acreditadas" de que se ha cometido un delito de administración desleal. De hecho, resalta la declaración del propio expresidente de la que, según indica, "se aprecia la precipitación e irregularidad en su nombramiento" y las "incomprensibles actuaciones que realizó u omitió desde su llegada".
De este modo, la AEMEC insiste en la batería de diligencias que ya solicitó en un escrito de junio de 2018 y añade nueva documentación como un requerimiento a JP Morgan para que informe "cómo y en qué términos económicos se produjo la salida de Saracho" de dicha entidad, en la que ocupó altos cargos directivos. Asimismo, la asociación pide al juez que solicita al Banco Santander -como heredero de Popular al adquirirlo por el valor simbólico de un euro- una carta que el exdirector de Comunicación del banco extinto, Carlos Balado, envió al secretario del Consejo, Francisco Aparicio, en noviembre de 2016, en la que se denunciaría "filtraciones, a los medios, de secretos del Consejo, y la incidencia que tienen o pueden tener en la acción y en la reputación del banco".
Asimismo, AEMEC también quiere que Santander aporte las actuaciones que llevó a cabo Popular entre 2014 y 2107 sobre análisis de imagen y reputación, elaborados por el área que dirigía Balado. Y, por último, los antiguos accionistas interesa que la empresa de cazatalentos Spencer Stuart, a la que la expresidenta de la Comisión de Nombramientos del Popular Reyes Calderón encargó con "altísima urgencia" un candidato "humilde" y con carrera "inmaculada" para suceder a Ángel Ron en la Presidencia del banco, los detalles concretos de cómo y cuándo se realizó este encargo.
Críticas a la actuación de Saracho
El escrito con fecha de este 6 de abril justifica la petición de todas estas nuevas pruebas en acreditar que el último presidente de Popular hizo una gestión que "deliberadamente se situó fuera de lo que debía hacer". En este sentido, los accionistas se detienen en el "abandono" del 'Proyecto Sunrise', el "banco malo" ideado por Ron en 2016 como parte del plan de saneamiento de la entidad. Según sostienen, este plan "fue deliberadamente postergado", bajo el argumento de que se estaba a la espera de la creación de un "banco malo europeo" que nunca se llegó a constituir, pero en verdad se hizo porque "su ejecución era la única forma de gestionar adecuadamente el patrimonio inmobiliario improductivo en balance, y eso era contrario a su voluntad de transmitir el banco a corto plazo a un tercero a bajo precio".
Así las cosas, la AEMEC hace alusión a las declaraciones de los peritos del Banco de España y del Banco Central Europeo (BCE), que en los últimos meses han ratificado sus informes. En esta línea, subrayan que los expertos del primer organismo concluyeron que Popular "era solvente y viable en el momento de su resolución", en junio de 2017. Es más, recuerdan que Saracho viajó en marzo de 2017 a Frankfurt para tratar la situación en la que se encontraba la entidad y que, "de manera inaudita, acabó planteando tres escenarios posibles" que pasaban desde una ampliación de capital, a la venta del banco y la resolución, que finalmente tuvo lugar.
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