Los funcionarios rehúsan quedarse de brazos cruzados tras conocer que todo lo pactado con el Ministerio de Justicia sobre su adecuación salarial queda en agua de borrajas. El pasado lunes, los representantes de los sindicatos de los trabajadores de la Administración de Justicia, junto a unas decenas de personas, se concentraron ante la sede del departamento que dirige Pilar Llop para expresar su malestar y decepción ante la noticia de que finalmente unos 15.000 empleados públicos no recibirán la subida mensual de hasta 195 euros prometida en septiembre. Por ello, han pedido directamente ayuda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que medien en este asunto y ordenen el incumplimiento del acuerdo alcanzado.
La ministra Pilar Llop inició su mandato escuchando las demandas de los distintos colectivos profesionales del sector, entre ellos a los funcionarios, quienes reclamaron reanudar las conversaciones sobre la mejora de las retribuciones después de que no consiguieran cerrar un acuerdo con su antecesor en el Palacio de Parcent, Juan Carlos Campo. Así, con el objetivo de comenzar a tratar este asunto, que está provocando la fuga de muchos de los trabajadores de las sedes judiciales gestionadas por el Ministerio (como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo) a otras que dependen directamente de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, que cobran más por desarrollar las mismas funciones, Justicia volvió a poner en marcha la mesa de negociación, cerrando un acuerdo el pasado 14 de septiembre, tras la celebración de nueve encuentros que se iniciaron el pasado mes de mayo.
No obstante, el pasado 5 de noviembre, el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, comunicó a los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT que el Ministerio de Hacienda echaba atrás el acuerdo y proponía aplazar el pago del incremento salarial mensual en tres plazos, eliminando además el carácter retroactivo pactado, lo que supondría dejar sin efecto el abono de cuantías atrasadas. Un hecho que para las organizaciones sindicales es "increíble", ya que "durante todo el proceso, Justicia fue diciendo que Hacienda estaba al tanto de las negociaciones e iba autorizando todo lo que se acordaba". "Y ahora salen con esto. Han engañado al personal y a los sindicatos", añaden fuentes sindicales consultadas por La Información.
Así, para luchar por la subida salarial, los cuatro sindicatos han iniciado varias ofensivas. Por un lado, han comenzado a reunirse con distintos grupos parlamentarios para que presionen al Gobierno a que haga efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional 157 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que establece que se procederá a la negociación para incrementar el complemento específico del personal al servicio de la Administración de Justicia y adecuar los mismos "al volumen y responsabilidad en el trabajo y aproximarlas a las que se perciben en puestos equivalentes en otros ámbitos".
Por otro lado, directamente han recurrido a la cúpula gubernamental. Los representantes sindicales enviaron el pasado lunes, 15 de noviembre, al jefe del Ejecutivo y a la ministra de Trabajo dos misivas, a las que ha tenido acceso este diario, en las que señalan que el hecho de que Hacienda haya "desautorizado el contenido" del 'pacto' supone una "ofensa inaceptable a la dignidad de 15.000 empleados públicos de Justicia que tras este acuerdo veían la posibilidad de avanzar en la homologación de las retribuciones respecto de sus compañeros de los mismos cuerpos nacionales destinados en CCAA con traspasos de gestión en materia de Justicia".
Justicia, "en evidencia"
En concreto, en la carta dirigida a Sánchez, los sindicatos admiten que en septiembre se alcanzó un acuerdo "muy satisfactorio" para la práctica totalidad del colectivo, por lo que reciben con sorpresa la censura del departamento de María Jesús Montero, ya que en el transcurso de las reuniones mantenidas con Justicia jamás ha puesto ninguna pega. De hecho, apunta que Hacienda conocía perfectamente la evolución de las negociaciones y muestra de ello es que no vetó la enmienda que supuso la introducción de la mencionada disposición adicional sobre la adecuación salarial de los trabajadores de la Administración de Justicia. Por tanto, a juicio de CSIF, STAJ, CCOO y UGT, "el Gobierno incumple un mandato directo de las Cortes Generales (...) vulnerando además el principio de buena fe negocial".
En ese sentido, advierten al presidente de que los últimos movimientos de Hacienda, "deja en evidencia" a Justicia, "y en consecuencia, ataca a la propia credibilidad de su Gobierno". Para concluir, la carta insiste en que "el incumplimiento de la palabra dada desautoriza a la ministra de Justicia y a su equipo para afrontar cualquier proceso de negociación o para adquirir cualquier compromiso en el futuro ya que su credibilidad ha sido puesta en evidencia por su compañera de Consejo de Ministros". Cabe señalar, que en la concentración que tuvo lugar ante la sede ministerial de la calle San Bernardo, los sindicatos entregaron un escrito al 'número dos' de Llop exigiendo que la adecuación salarial se llevara al Consejo de Ministros. Fuentes del Ministerio de Justicia indican que esto no ha ocurrido en la reunión del Gobierno de este martes, puesto que la cuestión está en manos de los sindicatos y el secretario de Estado de Justicia, que a su vez se traslada las peticiones a Hacienda. Asimismo, destacan que la negociación "aún no esta cerrada" y recalcan que se trata de un asunto "sensible" para Justicia, sobre todo en un momento "complejo" como el actual en el que está en juego la "recuperación de una grave crisis social, económica y sanitaria".
Los sindicatos también quieren contar con el apoyo y "máximo interés" de Yolanda Díaz, "máxima representante de una de las fuerzas políticas que integran el Gobierno de coalición y teniendo en cuenta la importancia que ha demostrado conceder a la negociación colectiva en su gestión como ministra y vicepresidenta del gobierno". Así, reclaman a la titular de la cartera de Trabajo que haga un llamamiento a sus compañeros de Gobierno para que "prevalezca la sensatez en este desafortunado y grave incidente, y se repongan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras". Con todo ello, piden su intervención en el conflicto para conseguir "una solución satisfactoria" que, en su opinión, no puede ser otra que el cumplimiento de lo acordado, "que, a última hora y basándose en el engaño y la falta de buena fe en la negociación, el Ministerio de Justicia, del Ministerio de Hacienda y, por ende, todo el Gobierno de España pretende desbaratar de forma incomprensible, injusta, ilegal e inadmisible”.
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