Jueves, 25.04.2019 - 14:32 h
Para explicar por qué seguirán las acusaciones en el juicio

Mariana, Pelayo y la estafa en una aldea de Burgos que la juez equipara a Bankia

Según el tribunal, lo ocurrido en esta pedanía de nueve habitantes es el mejor ejemplo de que el descalabro de Bankia provocó un daño colectivo.

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El tribunal del caso Bankia ha escogido un ejemplo, cuanto menos curioso, para apuntalar su decisión de que de este procedimiento no se va a expulsar a ninguna acusación. Es el de Mariana, Donato y Pelayo: tres habitantes de la pedanía de Villalmondar (Burgos) protagonistas de un caso de estafa por una adjudicación de 25.300 euros para unas pequeñas obras de pavimentado de esta aldea que apenas cuenta con una decena de vecinos.

El asunto, que acabó llegando al Tribunal Supremo, se remonta al año 2008 cuando la Junta Vecinal de Villalmondar solicitó a la Diputación de Burgos dicha subvención, siendo Mariana alcaldesa de la misma. Curiosamente, dicha obra fue adjudicada a la empresa de Pelayo, su pareja sentimental en el momento de los hechos. Para justificar esta decisión fingieron que la Junta en su totalidad había dado el visto bueno a la propuesta y así lo plasmó en un documento oficial remitido a la Diputación y firmado por el secretario de la Junta, que no era otro que Donato.

Villalmondar
Vista de la entrada del pueblo de Villalmondar / Paul Spantjaar

De acuerdo con esta notificación, se había acordado por unanimidad otorgar las obras a la empresa de Pelayo; sin embargo, nada más lejos de la realidad puesto que una de las vocales de la Junta negó todos los extremos: ni se había producido tal reunión, ni, por tanto, se alcanzó dicho consenso entre los participantes, sino que fue una "decisión unilateral" de los que se han convertido en protagonistas del último auto en el juicio por el mayor descalabro bancario del país. 

Pero las tropelías no terminan aquí. Según el relato de hechos que recoge la sentencia del Tribunal Supremo, Mariana vació la cuenta de la Junta para darle esta subvención a su pareja. Éste por su parte, no acometió ninguna obra de pavimentación, lo que les llevó a contactar con una segunda empresa (cuyo administrador resultó ser primo de Pelayo) para que realizara las obras. Y una vez terminadas, éste no recibió los cerca de 30.000 euros que había estipulado con la Junta porque en su cuenta solo quedaban 187 euros. No obstante, esta empresa ingresó finalmente poco más de 16.000 euros.

¿Qué relación pueden guardar estos hechos con el macrojuicio a la crisis financiera? Mucha para el tribunal que enjuiciará a Rodrigo Rato y al resto de la entonces cúpula de la entidad, a tenor del auto en el cual resolvían sobre las cuestiones previas planteadas los primeros días de juicio. De hecho, los tres magistrados explicaron que esta resolución de enero de 2015 es "especialmente relevante" porque los hechos que se analizan son de "similar naturaleza" a los del procedimiento de Bankia. 

Y esto es así porque en ambos procesos se trata la falsedad documental. En lo que respecta a la aldea de Burgos, el Tribunal Supremo absuelve a Mariana y Donato de estafa pero les condena por falsedad documental porque los archivos y documentos oficiales de cualquier corporación deben reflejar la realidad "con fidelidad y sin manipulaciones", cosa que no ocurre en este caso. Y, además, porque fingió en un informe que se había celebrado una junta vecinal que jamás existió de ahí que, aunque no hubiera causado ningún perjuicio económico al pueblo en cuestión, el delito se seguiría produciendo.

Pero es que además, el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo recuerda que, lo ocurrido en esta pedanía y lo acontecido en Bankia es aspiración de toda la colectividad; es decir, que no se puede identificar un perjudicado concreto, y si lo hay -reza la Audiencia Nacional en referencia a la Junta de Villalmondar- no lo será con carácter exclusivo. Y en el caso de Bankia este supuesto también se produce dado que era la cuarta entidad y su quebranto impulsó "el mayor rescate bancario con fondos públicos de la historia del país".

Esta respuesta del tribunal marcará el devenir de la causa puesto que viene a dar por válidos los argumentos expuestos por la fiscal Anticorrupción del caso, Carmen Laúna, de que los verdaderos perjudicados por las presuntas irregularidades en la salida Bolsa no son solo los inversores que adquirieron acciones o el Estado sino la sociedad en su conjunto teniendo en cuenta que el descalabro de la entidad acabó derivando en su nacionalización previa inyección de 23.000 millones de euros. 

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