El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se enfrenta en el Pleno a una retahíla de acusaciones que le quieren situar detrás de la detención del expresident Carles Puigdemont en Cerdeña. Interpelaciones que van de la mano JxCAT y que cuestionan que el ministro ignorase tanto lo ocurrido en L'Alguer como las actuaciones de los departamentos de Interior en el exterior. Por su parte, el ministro de Interior mantiene su coartada y afirma que "ninguna autoridad española" estaba presente en la intercepción de Puigdemont. La escalada acusatoria de JxCAT al Gobierno no ha cesado desde el pasado jueves, cuando el epicentro catalán en Cerdeña fue la 'comidilla' mediática tras la intervención de la policía italiana. El grupo parlamentario independentista también acusa al Gobierno de utilizar servicios de espionaje e incluso el senador Josep Lluís Clerles i Gonzàlez ha solicitado la comparecencia de Grande-Marlaska en la Comisión de Interior del Senado para que "explique el papel de la policía española en la detención ilegal". De esta forma, JxCAT busca poner entre las cuerdas a un ministro que nada tiene que ver con lo ocurrido, según confirman fuentes cercanas al caso.
En el momento de la detención el ministro se dirigía a Málaga donde tenía lugar la cumbre migratoria del MED5, compuesto por Italia, Grecia, Italia, Chipre, y España como anfitriona tras celebrarse la última reunión en Atenas hace siete meses. El objetivo del encuentro era ir acotando 'puentes' de colaboración para hacer frente al reto migratorio, así como atajar las mafias y el compromiso de repartir el flujo de personas en tránsito de manera equitativa. Tal y como confirman fuentes conocedoras, Grande-Marlaska se enteró en dicho evento de la intervención internacional contra el expresident. De esta forma, la intervención respondió a un aparato judicial autónomo que sigue unos protocolos que se activan ante determinados mecanismos. El 'botón rojo' saltó tras el 'chivatazo' del sistema de información de pasajeros (Advanced Passenger Information), que avisó del propósito de Puigdemont de aterrizar en Italia al seguirse el protocolo del aviso del prófugo de la Justicia española. Es entonces cuando, gracias a una bases de datos del espacio Schengen, se avisó al país de llegada, Italia.
Esa es la baza que juega Grande-Marlaska y lo que ha repetido hasta la saciedad. Así, el ministro se blinda sin mover un dedo. No cambiará el discurso en el Pleno de este martes. Tal y como explican fuentes de Interior, la estrategia es seguir defendiendo lo dicho estos días. "No hay otra verdad", afirman. Explican que el Gobierno no ha estado detrás de la operación y que en el momento de la detención no había ningún autoridad "de ningún departamento", algo que sí ha defendido el abogado de Puigdemont. Desde Interior, no dan crédito a las insinuaciones de JxCAT y tildan sus acciones como una estrategia más que les beneficia para "mantener vivo el discurso". De esta forma, en la preparación del debate, Interior resta importancia a las acusaciones, hace muecas al intento de JxCAT de devaluar su credibilidad pública y hace una lectura ridícula de la situación: "JxCAT se empeña en tener conversaciones de estar por casa", aseguran.
Así, el 'ala dura' del independentismo toma protagonismo a través del nuevo proceso internacional que afronta su líder. Un proceso que sigue abierto y que tendrá nuevos estallidos mediáticos en los próximos días, dado que Puigdemont regresará a Cerdeña el próximo 4 de octubre para declarar ante el tribunal de Sassari, la segunda ciudad más importante de la isla. Puigdemont y su equipo pretenden volver a dejar con las 'manos vacías' a la Justicia española ante otros tribunales internacionales, tras desestimar la Justicia alemana en julio que cometiera un delito de rebelión y dejarle en libertad. En aquel entonces, el expresident se vio envuelto en un procedimiento legal que duró casi 120 días y finalizó sin su extradición. A ese proceso se sumaron otros dos 'fallidos' por parte de la Justicia española para con los 'fugados' del procés: Bélgica y Escocia, en el caso de Ponsatí.
Ahora JxCAT quiere repetir la gesta. Tal y como ha anunciado el abogado de Puigdemont: "Nos llevaremos el resultado que todos sabemos que nos vamos a llevar", haciendo alusión a una supuesta e 'inevitable' victoria. Por su parte, el aparato judicial español ya ha iniciado los trámites para lograr la extradición. El juez Llarena se ha encargado de remitir un oficio al Tribunal de Apelación de la localidad que incluye la euroorden contra Puigdemont y que resalta, para evitar falta de consistencia, que dicha resolución siempre ha estado activa. Tras la experiencia con los tribunales alemanes, Llarena ha adjuntado también una copia de la cuestión prejudicial que presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en marzo. Dicha consulta cuestiona la acción de la justicia belga al no haber extraditado a Puigdemont, Puig y Ponsatí. Está línea, aún por resolver, determina el procedimiento actualmente abierto.
Como ha declarado la Abogacía del Estado, el tramo temporal en el que se esclarece si las autoridades jurídicas belgas han aplicado de forma correcta el derecho de la UE condiciona el periodo de entrega porque, hasta que el TJUE no resuelva su inmunidad, la incertidumbre jurídica supone un escollo en el trámite de su devolución a España. Aún así, la euroorden sigue activa y el Ministerio de Justicia puntualiza un hecho clave: la Justicia italiana, igualmente, puede pronunciarse sobre la entrega del expresident. Por ahora, la magistrada de L'Alguer ha dejado el libertad a Puigdemont sin medidas cautelares. Está por ver si Italia será otra Alemania, Bélgica o Escocia. Si es el fin o un punto y final. Otro estilo de gira europea auspiciada por Puigdemont: 'pasear' un conflicto nacional como estrategia de desgaste.
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