Membretes de organismos que no tienen ninguna relación con la compraventa de material sanitario, como el FBI y a la Interpol; firmas distintas del dueño de la empresa de Malasia que se contrató como proveedora; o una fecha incorrecta en el calendario. Esos son los indicios por los que juez atribuye a los comisionistas del 'pelotazo' de las mascarillas, un delito de falsedad documental. Así consta en el sumario de la causa abierta a Luis Medina y Alberto Luceño, al que ha tenido acceso La Información, en el que se incluyen los documentos que, según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, podrían haber sido manipulados con el fin de demostrar al Ayuntamiento de Madrid su capacidad para adquirir gran cantidad de mascarillas, guantes y test rápidos, y justificar el cobro de sus millonarias comisiones.
Luceño y Medina tienen una cita importante el 25 de abril, cuando deberán comparecer ante el juez de Madrid, Adolfo Carretero, quien les imputó por dicho delito, además de estafa agravada y blanqueo de capitales. Aunque como investigados pueden acogerse a su derecho a no declarar a todas o algunas de las preguntas que se le formulen durante el interrogatorio, lo más previsible es que se indague en este asunto de la falsedad. Ya ocurrió así en febrero de 2021, durante la declaración que prestaron los dos comisionistas ante la Fiscalía Anticorrupción -que inició la investigación en noviembre de 2020, antes de presentar una querella-. En dicho encuentro, el fiscal Luis Rodríguez Sol trató de aclarar si los dos empresarios eran realmente "agentes exclusivos" de la empresa contratada como proveedora del material sanitario, Leno Marketing.
Luceño explicó al fiscal que él trabajaba con "gente de China" para la "importación e importación de bolsos" y que a raíz de ello comenzó a tener varias reuniones con San Chin Choon, dueño de Leno Marketing, para realizar el mismo negocio con "pollo, cerdo y azúcar". "Entonces firmamos un documento en 2018 en el que me nombraba agente para poder distribuir, porque él era el comprador y yo tenía que buscar los suministradores", relató el empresario. Así, preguntado si alguna vez le indicó a Elena Collado, la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid encargada de comprar las mascarillas, que tenía dicha condición, Luceño recordó que sí le hizo referencia a ello: "Le digo que son mis fábricas". "Entonces no se podía suministrar ningún material sanitario que no estuviera dentro de una lista aprobada por el Gobierno chino. Cuando yo hablo de mis fábricas, son las que están aprobadas dentro de la lista", apostilló.
Sin embargo, estas explicaciones no convencieron del todo al fiscal. Unos meses después del interrogatorio, en mayo de 2021, el representante de Anticorrupción emitió una comisión rogatoria a Malasia para que localizaran a este socio de Luceño con el objetivo de averiguar si el grado de relación que narró existe tal cual. En dicho escrito de auxilio judicial, que se encuentra incorporado en el sumario, el fiscal Rodríguez Sol adjunta un listado de 19 preguntas para descubrir si Medina y Luceño realmente eran "agentes exclusivos" de Leno Marketing y 17 documentos que los investigados habrían aportado a sus entidades bancarias para justificar las comisiones de hasta 6 millones de dólares que cobraron por la compraventa de material sanitario.
Acuerdos y cartas de designación
Según explica, entre los documentos que los investigados aportaron se encuentran dos acuerdos de "No Divulgación (confidencialidad), No Elusión y Trabajo", fechados el 29 de agosto de 2019, firmados por Luceño, San Chin Choon y Medina; así como las cartas de designación como agentes de Leno para "el suministro y obtención de productos de carne congelada (incluidos productos de protección sanitaria) para su importación y exportación a China y otros mercados asiáticos", fechadas ambas el 12 de septiembre de 2018. En relación a los acuerdos, el fiscal destaca que ambos papeles "son idénticos salvo por la existencia de una página más en el segundo, añadida al final" en los que aparece los datos y firma de Medina.
En cuanto a las cartas, al representante del Ministerio Público le "llama la atención" que ambas tienen "misma fecha, texto y formato", con la excepción de que en un documento se designan como "agentes exclusivos" a Luceño y a otra persona de origen asiático; y en el otro, el compañero de agencia sería Medina. A todo ello añade la sorpresa de que en los dos archivos la fecha es incorrecta: "Están fechados el jueves 12 de septiembre de 2018, cuando en realidad el 12 de septiembre de 2018 fue miércoles, no jueves". A todo ello, el fiscal suma otra discrepancia, pues "a simple vista" se puede apreciar que la firma de San Chin Choon estampada en 13 documentos es distinta a las plasmadas en los mencionados acuerdos y en las cartas de designación. No obstante, este extremo será más complicado aclarar, ya que el dueño de Leno Marketing se ha negado a colaborar con la investigación, según comunicaron recientemente las autoridades malasias.
El fiscal Anticcorupción también preguntó a Medina sobre la condición de agente. Durante su interrogatorio, el hermano del duque de Feria afirmó que nunca había hablado con nadie de Malasia, ni había pactado los precios de las mascarillas, ya que de eso se encargaba Luceño. "Me tenía que fiar de él", indicó al tiempo que aseguró que él sólo fue el "facilitador" del contrato del Ayuntamiento de Madrid, al conseguir el contacto de Elena Collado. En esta línea, apostilló que quedó con Luceño en que un día le llamaría para decirle la comisión que le tocaba: "Él me dice: 'Luis, tú tranquilo que un día te llamo y te digo la parte que te corresponde'", que finalmente fue un millón de dólares. En el sumario también aparece un correo electrónico en el que Luceño adjunta a Medina una copia de la transferencia a su favor de 750.000 euros con el mensaje "pa la saca". ""¡Bien!!!!", contestó el empresario conocido en la alta sociedad.
"Alguno ha sido falsificado"
Llegado el día del cobro, Luceño también se encargó de elaborar toda la documentación para cumplir con la normativa de blanqueo de capitales, por lo que Medina le mandó su firma digital. Y así se lo explicó el imputado al fiscal, quien le mostró uno de los documentos que se aportó al banco, el "Irrevocable Master Fee Protection Agreement", un tipo de contrato para el pago de honorarios y comisiones, según aparece en el vídeo de la declaración: "Aquí aparecemos como agentes del este, pero porque me lo dijo este muchacho, me dijo: 'Luis, más que nada para que el banco que te paga... por el tema de blanqueo de capitales y tal'. Es muy común en las operaciones de comercio internacional. Tú no puedes aparecer como uno que está por ahí. Entonces, como yo al final he sido el facilitador, yo no soy intermediario...".
Pero estos no son los únicos documentos que en opinión del fiscal "induce a pensar que, si no todos, al menos algunos han sido falsificados". En la comisión rogatoria también se hace hincapié en los membretes reflejados en los acuerdos de confidencialidad firmados con la empresa malasia. Estos documentos, al igual que el contrato para el pago de comisiones, están basados en modelos de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés). No obstante, en el caso de los pactos, junto al membrete de dicha organización se incorporan los de otros, y las direcciones de estos, "que nada tienen que ver con las operaciones documentadas". Entre ellos se encuentra el del FBI, la agencia federal de investigación de los Estados Unidos, o la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).
En los acuerdos de confidencialidad, junto al membrete de la ICC aparecen los de otros organismos, y la dirección de estos, "que nada tienen que ver con las operaciones documentadas".
Con todo ello, Medina y Luceño tendrán que dar explicaciones sobre su actuación en los tres contratos firmados en marzo de 2020 con el Ayuntamiento de Madrid por el importe total de 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros), y del que se embolsaron 6 millones de dólares. Por estos hechos se les imputa un delito de estafa agravada y blanqueo de capitales. Así, con la intención de recuperar esta cantidad ante posibles responsabilidades económicas, el juez Adolfo Carretero ha intentado embargar 5 millones de euros a Luceño -que fue quien se encargó de todos los pormenores de la operación de compraventa de material sanitario- y un millón de euros a Medina. Sin embargo, ello no ha podido ser posible.
Por un lado, Medina ha ido vaciando sus cuentas, dejando solo 247 euros, y sin rastro de los dos bonos bancarios que adquirió con el dinero ganado. Por ello, el magistrado ha embargado el yate que compró con parte del millón de euros que obtuvo de la compraventa de mascarillas, y el pago de una fianza de 891.000 euros, al tiempo que amplió la imputación a un delito de alzamiento de bienes. Asimismo, el magistrado abrió la puerta a embargar también los derechos de este imputado sobre la herencia de su abuela, por el valor de más de 4 millones de euros. En cuanto a Luceño, el juez también ha constatado que el empresario se ha ido deshaciendo de algunos coches de lujo que compró tras la operación, por lo que solo ha podido embargar un piso en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y bloquear 130.000 euros de sus cuentas. A la espera de conocer la postura de las partes personadas en la causa, el magistrado fijará también una fianza para este investigado.
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