Los negocios que la empresa Alfedel llevó a cabo en determinados municipios de Madrid en connivencia con el cabecilla del caso Púnica, Francisco Granados, supusieron todo un 'pelotazo' para los implicados en esta trama. En concreto, y según las estimaciones del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón los acusados provocaron un desfalco en el bolsillo de sus socios cooperativistas de "cantidades millonarias" que ascienden a 15 millones de euros.
Así lo determina el juez instructor en un auto recogido por La Información y mediante el cual registra formalmente la pieza última pieza del procedimiento, bautizada con el nombre de Alfeldel. En la misma figuran como imputados un total de 13 personas físicas, entre las que se encuentra el constructor confeso David Marjaliza; su socio José Luis Cápital; el exalcalde de Cartagena José Luis Conesa y Alfonso Ferrón, administrador único de Alfedel. Además, recuerda que también están imputadas en calidad de personas jurídicas un total de seis sociedades que participaron en estos hechos ocurridos en Madrid y Murcia durante más de una década.
En concreto, entre los años 2002 y 2014 la empresa Alfedel consiguió ingresar en sus arcas 19 millones de euros con esta operativa. La misma consistía en que la promotora, gracias a la intervención de Francisco Granados en calidad de alcalde de Valdemoro primero y de número 'tres' del Gobierno madrileño después, se adjudicó suelos de consistorios de la Comunidad para construir colegios. Bajo la premisa de que el centro concertado era un servicio público de interés para el municipio, lograron hacerse con estos terrenos a un precio "muy inferior" al del mercado y sin cumplir las condiciones de los pliegos, de acuerdo con el relato del magistrado instructor.
Mordidas de 12 millones para Marjaliza y Cápita
A cambio de estas concesiones, Alfedel pagaba "sustanciosas comisiones" que variaban en función de las características del colegio y que provenían de las cuentas bancarias de las cooperativas que confiaron en este negocio desconociendo la práctica corrupta que escondían las adjudicaciones. De hecho, Ferrón hizo creer a los profesores cooperativistas que para llevar a buen término los trabajos y conseguir las licencias de obra era necesario que éstos le otorgaran amplias facultades a Alfedel.
Las dádivas se camuflaron en contratos de consultoría suscritos con empresas de David Marjaliza y de Cápita, dando de esta forma una cobertura legal a unos hechos que enmascaraban un "concierto criminal" y que, de acuerdo con el criterio de los investigadores, serían constitutivos de una decena de delitos, entre ellos organización criminal, falsedad documental, prevaricación, blanqueo, tráfico de influencias y apropiación indebida. Según las pesquisas de la Policía Judicial, Marjaliza y Cápita amasaron un total de 12,1 millones de euros tras un total de 13 transferencias a cuentas bancarias de sus sociedades.
Granados y su comisión de 660.000 euros
El perjuicio de esta operativa fue doble: por un lado, los consistorios de Valdemoro (donde lograron hasta tres licitaciones), Majadahonda, Aranjuez y Torrejón de Velasco y, por otro, los cooperativistas que participaron en estas operaciones junto con Alfedel y que otorgaron facultades "omnímodas" a Ferrón para gestionar el control de las cuentas. De este modo, queda acreditado que Granados se granjeó comisiones de 660.000 euros por su mediación para adjudicar de manera "fraudulenta" una adjudicación a la cooperativa Helicón (también de Ferrón) en Valdemoro y mediar igualmente en Majadahonda.
Otros de los beneficiados con mordidas fue José Antonio Conesa, el cual se embolsó 939.000 euros a través de su sociedad (Atalia) por mediar en otros conciertos en la localidad murciana de Cartagena además de Valdeluz y Aranjuez; y el también exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno, cuyas cantidades para este último no se precisan. El magistrado García Castellón también implica en esta red de sobornos a sociedades constructoras y estudios de arquitectura que participaron en la construcción de los colegios y que giraron "facturas sobredimensionadas"que corrieron a cargo de los cooperativistas estafados.
El magistrado recoge en su auto una serie de licitaciones en las localidades arriba mencionadas que demuestran el 'modus operandi' de los acusados. De entre ellas cabe destacar la adjudicación a la sociedad Espacio Educativo para la construcción del colegio Catón en Torrejón de Velasco (cuya inversión se valoró en 14 millones de euros) o de unas parcelas en Valdemoro en favor de la sociedad Helicón. De nuevo aquí el trámite se gestionó de manera especialmente fugaz y se obviaron asuntos esenciales como la desafección de los suelos. La normativa dice que el precio debe contar en los baremos como un criterio más, si bien los investigados manipularon este precepto hasta hacerlo "vano e inútil".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios