El Ministerio de Justicia se plantea la creación e una base de datos propia con todos los datos necesarios para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de forma que no tenga que adoptar para ello de forma exclusiva la que ya existe y se utiliza para ello desde hace seis años, elaborada por los notarios, o el nuevo Registro de Titularidades Reales que acaban de poner en marcha los registradores, y que se considera que es “insuficiente” para ese cometido.
Así se reconoce en una respuesta parlamentaria del Gobierno a un diputado de Unidos Podemos, que preguntaba si el nuevo instrumento que han creado los registradores este mismo año y cuyos primeros datos están recogidos en septiembre, podría servir para el cometido al que obliga la directiva antiblanqueo de crear una base de datos con "unidad de decisión y gestión de publicidad". La respuesta advierte que el hecho de que tenga que ser cada registrador quien decida el “interés legítimo” para hacer públicos los datos a quienes lo pidan, puede hacer que ese instrumento no sea el idóneo.
Con esta respuesta, el Gobierno entra de lleno en la guerra entre notarios y registradores por tener el monopolio de los datos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y el narcotráfico, que se quieren unificar en toda Europa para tener más eficacia en ese cometido. Ese enfrentamiento se generó por la orden ministerial publicada en el mes de marzo por el Gobierno de Rajoy, que abría paso a los registradores (cuerpo al que el expresidente pertenece y se ha reincorporado ahora) a tener su propia base, frente a la de los notarios, y al negocio que se puede generar en torno a ello.
La argumentación de la respuesta alerta además que esa base de los registradores está en pleno proceso judicial tras la demanda contencioso-administrativa que interpusieron desde el Consejo General del Notariado. El documento, de cuatro folios, viene a dar la razón a los notarios y señala el concepto de titular real trasciende el contenido de la orden ministerial en la que se basa la iniciativa de los registradores.
Además, reconoce que "el Registro mercantil no abarca la totalidad de las actividades patrimoniales, ni las entidades dotadas de personalidad jurídica (Fundaciones, Asociaciones, Sociedades civiles, etc., ni las sociedades extranjeras), a lo que se une el dato de que numerosas sociedades no depositan sus cuentas en el mismo, porque no quieren o no pueden". "Claramente, el contenido del depósito mercantil en insuficiente y no abarca la integridad de las titularidades reales siendo precisa una actuación presencial, en los documentos que se otorguen por cada una de esas sociedades, para su identificación", advierte el Ejecutivo en su respuesta.
Reconocimiento al índice de los notarios
Frente a ello, la reflexión del Ejecutivo, elaborada en el seno del Ministerio de Justicia, reconoce que la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) que se elabora por los 3.000 notarios que operan en España, con comprobación real de los documentos de cada caso y presencia del notario al dar fe de sus actuaciones, ha sido hasta el momento el instrumento más efectivo en nuestro país para utilizar en la lucha contra el blanqueo y muchas cuestiones adicionales.
El Ejecutivo reconoce explícitamente en su respuesta que la base de datos de los notarios "se creó en marzo de 2012, con el dictamen favorable de la Agencia Española de Protección de Datos y permite bajo una unidad de dirección, gestión y criterio a las autoridades públicas conocer las estructuras de propiedad de todas las personas jurídicas, sean sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos o sindicatos, así como las sociedades extranjeras que actúan en España, sin pasar por el Registro Mercantil, conteniendo en la actualidad la información sobre titularidades reales de más de 2.300.000 sociedades, información que por otra parte no sólo procede de la manifestación de los representantes de dichas sociedades sino igualmente del análisis de los documentos otorgados en relación con cada una de dichas sociedades, realizado a los solos efectos de la extracción de cuál sea esa titularidad real".
A pesar de dar es espaldarazo a la iniciativa de los notarios como la mejor para el cometido que se persigue con la directiva europea, desde el Ministerio se advierte que "deberá realizarse una valoración equilibrada de ambas fuentes de información (…) sin consideración particular al hecho de que las medidas adoptadas sean beneficiosas para uno u otro colectivo". "El Gobierno pretende buscar las soluciones que equilibren convenientemente los intereses de ambos colectivos, que, no se olvide, son todos ellos funcionarios y servidores de esos intereses públicos", señala la respuesta parlamentaria.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios