Jueves, 17.10.2019 - 08:23 h
Aún no hay director nombrado

La oficina de conflictos de interés sigue vacante con Soraya en 'operación salida'

El Gobierno todavía no ha designado al máximo responsable del departamento que debe decidir sobre las incompatibilidades del Gobierno de Rajoy.

Montero y Batet en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
Montero y Batet durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. / EFE

Un puesto clave del Gobierno sigue vacante tras los primeros cien días de Pedro Sánchez en el poder. Se trata del cargo de director o directora de la Oficina de Conflicto de Intereses, un departamento que debe decidir sobre las incompatibilidades a las que se enfrentan altos cargos del Ejecutivo cesado si quieren pasar a formar parte de la empresa privada. De momento la oficina se encuentra capitaneada por su anterior responsable a la espera del nombramiento oficial.

La Oficina de Conflicto de Intereses ha pasado en esta segunda parte de legislatura a depender del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Es, por tanto, el departamento dirigido por Meritxell Batet el que supervisa ahora el régimen de incompatibilidades de los altos cargos del equipo de Rajoy. Fuentes del Gobierno confirman a La Información que a día de hoy la dirección continúa vacante y que, de momento, la coordinación está corriendo a cargo de la subdirectora general de Régimen de Altos Cargos, Flor María López.

Esta subdirectora era, efectivamente, la anterior directora de la oficina. Fue designada durante la etapa del PP en el Gobierno y dependía orgánicamente de Elena Collado, la secretaria de Estado de Administraciones Públicas con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda. También se encuentra pendiente de nombramiento el cargo subdirector general de Régimen de Incompatibilidades de los Empleados Públicos.

La Oficina de Conflicto de Intereses se encuentra dividida en dos departamentos. Por un lado, el que afecta al futuro laboral de los altos cargos del Gobierno y, por otro, el que debe decidir sobre las incompatibilidades de los empleados públicos. Esta segunda sección se encarga de autorizar que los funcionarios puedan compatibilizar su trabajo en la administración con una actividad pública (la mayoría solicitan dar clases como profesores asociados) o con una privada (cuidadores, administrativos, asesores...)

La 'oficina de incompatibilidades' debería, por tanto, decidir si autoriza el paso de Soraya Sáenz de Santamaría a la empresa privada si la exvicepresidenta lo solicita finalmente. Tal y como se publicó en estas páginas, la exnúmero dos de Moncloa estaría sopesando dar el salto a una gran fundación vinculada del Ibex 35, pero tendría serios obstáculos al haber participado en las diferentes comisiones delegadas durante sus más de seis años en la Vicepresidencia.

Tres meses sin pagar a los altos cargos de Rajoy

La ausencia de un director en la Oficina de Conflicto de Intereses ha provocado un retraso de más de tres meses para abonar los 'finiquitos' a los altos cargos del Gobierno de Rajoy que fueron cesados como consecuencia de la moción de censura. En torno a una veintena de afectados continúan a día de hoy sin cobrar la indemnización a la que tienen derecho. Entre ellos se encuentran el exministro de Fomento Íñigo de la Serna, que dejó la alcaldía de Santander para incorporarse al consejo de ministros y que en las primarias del PP apostó por Soraya Sáenz de Santamaría, o Román Escolano, que estuvo menos de tres meses en el Ministerio de Economía y que ahora también tiene derecho a cobrar esta pensión. El Tesoro ya dio orden hace unos días de abonar estas cuantías que se esperan en las respectivas cuentas bancarias antes de que acabe este mes.

La misma Oficina de Conflicto de Intereses autorizó unas semanas antes de la moción de censura una batería de fichajes por la empresa privada.  Fue el caso de Fernando García Sánchez, antiguo Jemad, que ahora es presidente de la Fundación Iberdrola; de Ángel Fernández Díaz, exjefe de gabinete de Íñigo de la Serna en Fomento y que ahora trabaja en Airbus; de Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, que ha fichado por el Instituto de Empresa; y de Begoña Cristeto, secretaria general de Industria, que ha sido contratada por KPMG.

Anteriormente, la misma oficina dio el visto bueno a que Jaime Pérez Renovales, que fue subsecretario de la Presidencia con Soraya Sáenz de Santamaría en Moncloa, fichara por el Banco Santander como secretario general y del consejo. Lo mismo sucedió con Marta Fernández Curras, que fue la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos a las órdenes de Cristóbal Montoro, y que ha terminado fichando por el despacho EY; Miguel Ferre, que fue por su parte secretario de Estado de Hacienda, también ha acabado en el mismo bufete de abogados. Y su compañero en el Ministerio de Hacienda, el que fuera director general de Tributos, Diego Martín-Abril, fue contratado como asesor de Goméz Acebo & Pombo Abogados. Íñigo Fernández de Mesa, Miguel Temboury, José Manuel Vargas... el listado es amplio y todos ellos necesitaron el visto bueno de la misma Oficina de Conflicto de Intereses.

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