La tensa relación que va a tener el Ejecutivo central con las comunidades gobernadas por el PP empieza a vislumbrarse. La educación pública es el primer campo de batalla entre ambas partes. El protagonista de la pugna es el pin parental que el gobierno de la Región de Murcia pretende aprobar para lograr el 'sí' de Vox a sus Presupuestos. Este mecanismo, por el que se permite a los padres vetar la presencia de sus hijos en charlas extraescolares que consideren contrarias a sus valores, ha provocado que Pedro Sánchez y el Ministerio de Educación salgan en tromba contra una medida que están dispuestos hasta a llevar a los tribunales. Lo que es un comienzo de una larga lista de desencuentros entre administración central y autonómica, con asuntos sobre la mesa como las futuras leyes sobre cambio climático, vivienda o apuestas.
El propio presidente del Gobierno no ha dejado sola a su ministra del ramo, Isabel Celaá, en el anuncio de que harán todo lo posible para evitar la aplicación del pin parental. Según el Ejecutivo, esto supone una "objeción de conciencia encubierta", algo rechazado por la jurisprudencia existente, que niega que este derecho asista a un nivel general. El conflicto está en las charlas sobre educación sexual o con contenido LGTBI, a las que Vox ha puesto en el disparadero por defender que los padres pueden elegir si sus hijos reciben información de este tipo. Algo que para Moncloa atenta "contra el derecho a la educación de los niños", como ha dicho Sánchez.
Pablo Casado y los suyos no van a ponérselo fácil a Sánchez. La punta de lanza del rechazo a estas reformas va a estar en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha advertido de que irá con todo lo que crea que puede afectar a sus competencias autonómicas. En Moncloa ya lo saben, y esperan una legislatura bronca también contra Andalucía, presidida por Juanma Moreno. Murcia, donde está al frente Fernando López Miras, se ha unido de manera inesperada a la lista de 'rivales' por el pin parental. Tampoco es casual que PSOE y Unidas Podemos vayan a polemizar con estas comunidades en particular. Que los gobiernos de las mismas estén 'sujetados' por Vox explica en parte estos recelos. Pero socialistas y morados podrán sacar adelante la reforma que apruebe el Consejo de Ministros con los votos de ERC, con la que está alineada en esta materia.
En el acuerdo programático firmado Sánchez y Pablo Iglesias, se especifica que una de las prioridades será aumentar la "educación afectivo-sexual" en el sistema público. Estos asuntos son los que precisamente quiere evitar Vox con la instauración del pin parental. Pero que una cuestión educativa sea polémica va a ser casi lo normal durante la legislatura. El anuncio del gobierno de coalición de sacar adelante una nueva legislación que acabe con la 'Ley Wert' va a ocupar gran parte del debate público. Especialmente problemática va a ser la apuesta personal de Celaá para potenciar a la pública frente a la concertada, sector al que ha recordado en varias ocasiones que "recibe fondos públicos", o finiquitar que la Religión deje de contar para la media del curso.
Las otras luchas: vivienda, juego, contaminación...
Las nuevas leyes estatales que obligarán a las comunidades a centrar sus esfuerzos en cumplirlas o que afectarán a las competencias que tienen transferidas van a contribuir a esta pelea entre administraciones. La Ley contra el Cambio Climático que tiene casi lista la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, estará entre las problemáticas. Esta norma obligará a regiones y ciudades a no superar ciertos niveles de contaminación, lo que complementará la supervisión que hace Europa al respecto. Algo que no gusta, por ejemplo, a Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, que tienen sus propios planes para luchar contra la polución. De hecho, Sánchez llegó a personalizar en estas administraciones por su intención de derogar Madrid Central, señalando que no iba a permitirlo.
El tema de la vivienda abrirá otro frente. Esta materia, gestionada por las autonomías en este momento, es una de las prioritarias de Unidas Podemos para aplicar cambios de calado. Señalar las zonas especialmente 'tensionadas' por la subida de los precios del metro cuadrado o buscar la manera de intervenir el mercado del alquiler son dos medidas que están en el acuerdo programático del gobierno de coalición. Situaciones que pueden 'espantar' a los inversores del ladrillo y a los fondos buitre, que se han opuesto a que salgan adelante estas reformas. Por eso Madrid o Andalucía también las han rechazado. Lo que no evitará que se abra el debate, ya que el coste de los pisos es un motivo de preocupación social.
Otro asunto que también está considerado como de interés en la sociedad es el de las casas de apuestas. La nueva ley que prevén impulsar el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro Alberto Garzón va a limitar considerablemente la actividad de este negocio. Su idea es retrasar la apertura de sus locales hasta las 22h y poner coto a su publicidad, en la línea de lo que piden las asociaciones de ludopatas rehabilitados y sectores de la izquierda. Las firmas del sector ya han empezado a movilizarse para evitar normas que supondrían un 'roto' a sus ingresos y que implicaría el cierre de establecimientos, como pretende Unidas Podemos. Ahí contarán el apoyo de algunas comunidades. Lo que no es óbice para que gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso hayan impedido la apertura de más locales hasta tener sobre la mesa toda la legislación correspondiente.
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