Los más viejos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dicen que no recuerdan algo igual. El presidente del organismo, Fernando Marti, finalizó el 28 de diciembre su polémico mandato de seis años sin broche final. No ha comparecido en el Congreso, como es habitual, para defender la gestión realizada en el último ejercicio cerrado (informe anual 2017) y, de paso, dar la oportunidad a los partidos de hacer balance de sus seis años de mandato. Marti está en situación de prórroga automática desde diciembre y puede ser cesado en cualquier momento con acuerdo de los partidos o por decisión del Gobierno.
Según fuentes parlamentarias, los partidos están negociando citaciones en la Ponencia del Congreso para las relaciones con el CSN. Pero ese proceso se inició en noviembre y no se ha cerrado. La última comparecencia de Marti tuvo lugar en abril de 2018 para responder a cuestiones sobre normativa y sucesos concretos registrados en algunas centrales.
Las comparecencias del máximo responsable del CSN están reguladas en la Ley 15/1980 de creación del Consejo y en los propios estatutos del organismo. Las normas establecen que el CSN debe elevar semestralmente al Congreso y al Senado un informe sobre el desarrollo de sus actividades. Según recoge el propio organismo en su página web "el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) puede comparecer en el Parlamento atendiendo a la solicitud de las Cámaras o a petición propia".
Informe del año anterior
Además, según el propio Consejo "con carácter anual, el presidente del CSN comparece ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, con la finalidad de presentar el Informe de actividades del CSN correspondiente al año anterior". En 2018 no ha sido así, algo que en el propio seno del Consejo se califica de "anómalo". Porque no se trata solo de que el presidente explique la labor realizada en 2017, sino de rendir cuentas de un mandato de seis años que ha sido muy polémico.
Hay que retroceder hasta el año 2012, en el mandato de Carmen Martínez Ten (PSOE), para encontrar algo similar a lo que ahora sucede. En 2013, el entonces recién llegado Fernando Marti tuvo que defender en el Congreso el informe del año 2012 que correspondía a su antecesora. Tampoco había sucedido algo igual con la presidenta del organismo entre 2000 y 2006, Maria Teresa Estevan Bolea (PP), ni sucedió después. Hasta ahora. La Información intentó obtener la versión del CSN sobre la no comparecencia de Marti, sin éxito.
Marti finalizó su mandato el 28 de diciembre pasado tras seis años de polémica. Asumió la presidencia del organismo a finales de 2012, tras abandonar el cargo de secretario de Estado de Energía en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Junto a Marti, otros tres consejeros acaban su mandato en las próximas semanas. Se trata de Jorge Fabra, que sustituyó a Cristina Narbona en el Consejo y que cumple la edad límite para el cargo -70 años- en febrero, además de Fernando Castelló (nombrado a propuesta del PP) y de Rosario Velasco (ex diputada del PSOE). En marzo sólo quedará en el CSN un consejero con mandato en vigor: Javier Díes, nombrado en 2015 a instancias del PP.
PP y PSOE apenas si han comenzado los contactos para renovar un organismo que va a ser clave para determinar el futuro del parque nuclear en España, que cubre en torno al 20% de la demanda de electricidad. No hay nombres concretos sobre la mesa, pero sí está descartado que Marti renueve mandato por otros seis años.
Un mandato polémico
El presidente saliente ha tenido un mandato con debates en varios frentes : desde la gestión de los expedientes de la reapertura de la central Garoña -cerrada finalmente- al cementerio nuclear de Villar Cañas -paralizado por el Gobierno de Sánchez-, así como a la gestión de las discrepancias de parte del cuerpo técnico en su labor de control y supervisión de las instalaciones nucleares.
Ese complejo bagaje acabó en reproche. El Congreso de los Diputados, a través de la Ponencia encargada de las relaciones con el CSN, manifestó “la necesidad de no prorrogar en ningún caso el mandato del actual y reprobado Presidente del CSN”, según recoge en un informe aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos, incluido el PP.
La pelota está ahora en el tejado de los partidos. El proceso de designación de candidatos para el CSN es largo: intervienen las formaciones políticas, el Gobierno y la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. Esta debe examinar y dar el definitivo visto bueno -por tres quintos- a los nuevos consejeros propuestos. En caso de desacuerdo sobre los candidatos, y aunque no cuenten con el respaldo político requerido, el Gobierno siempre puede aprobar los nombramientos por decreto del Consejo de Ministros. Así sucedió en 2015, precisamente con el consejero superviviente Javier Díes.
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