La dimisión de Paz Esteban al frente del CNI no ha servido para calmar del todo las aguas entre el Gobierno y sus socios nacionalistas de investidura, que esperan tener muchas más explicaciones y no van a dejar de estirar la polémica mientras les sirva como arma de ataque político. En el seno del Ejecutivo saben que después de hacer rodar la primera cabeza, sea por cese o por sustitución, la clave está ahora en dejar claro de dónde vino la orden para poner en el centro del espionaje de Pegasus a Pere Aragonès y los demás dirigentes políticos catalanes. Una vez admitido que se hizo, tanto desde ERC como en el PNV quieren escuchar de boca del propio Sánchez quien ordenó tal acción, cuando y por qué, una justificación política de muy difícil salida para Moncloa -según admiten desde su entorno-, porque cualquier camino que elija dejará a alguien al pie de los caballos.
Las explicaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, no parecen suficientes para los líderes soberanistas catalanes y vascos que, con la información confidencial de la Comisión de Secretos reventada y la primera salida en la mano, van a esperar a la última semana de mayo para que el presidente les ofrezca su versión, no tanto de víctima que ha sido espiada, como de posible promotor de las investigaciones. Fuentes cercanas a Moncloa aseguran hasta la saciedad que el Gobierno no fue quién lanzó el ‘código rojo’ al CNI para que abriera expedientes de investigación sobre los 18 dirigentes infectados con Pegasus, pero sus explicaciones son poco creíbles por parte de los socios políticos afectados.
De otro lado, cabe la explicación de que fue el propio CNI quién actuó ‘motu propio’ en un momento en el que desde las fuerzas independentistas catalanas se estaba poniendo en riesgo la unidad y la seguridad del país, algo que justificaría sus decisiones a los ojos de la mayor parte de los españoles y de los partidos nacionales de centro y derecha, pero que no convence a quienes, por el momento, sostienen a Sánchez en Moncloa, incluidos sus propios socios de coalición de Unidas Podemos. Algunos asesores cercanos al Gobierno advierten que cualquier salida es mala, sobre todo si tenemos en cuenta que los espionajes se realizaron en plenas negociaciones de investidura entre el PSOE y ERC, con grandes dudas en las bases catalanas de este partido a la hora de aceptar lo que en Madrid se estaba cocinando para poner al líder socialista en el poder.
El PNV solo aprieta, por ahora
Con menos presión que ERC, pero no menos significativo por el peso que tiene en todas las votaciones parlamentarias del Hemiciclo, desde el PNV también se ha advertido al Ejecutivo que “este escándalo no puede cerrarse en falso; debe aclararse todo lo que rodea a este asunto”. Los abertzales entienden que el Gobierno tendrá sus motivos para haber “destituido” a la directora del CNI, pero no se cierran a que lleguen más ceses o dimisiones si de las explicaciones que se den más adelante surgen otras responsabilidades. De hecho, desde la formación vasca advierten que ellos no habían pedido el cese de Paz Esteban ni de ningún otro miembro del Gobierno por el caso Pegasus porque considera que “procedimentalmente es el momento de las explicaciones”.
Frente a la intención de los partidos nacionalistas de alargar al máximo la presión sobre Sánchez, en el seno del Gobierno se da por cerrado este caso con la salida de Paz Esteban y se descarta cualquier tipo de acción adicional que pueda comprometer a la figura de la ministra de Defensa. Es más, el nombramiento de su secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro, como número uno del CNI, se contempla como una solución de continuidad para el organismo.
En el jeroglífico de las explicaciones que el presidente debe ofrecer en el Congreso, más allá de revelar de dónde salió la orden que obligó a investigar a los 18 políticos en plena crisis catalana, tendrá que aclarar si la salida de Esteban es un cese o tan solo una sustitución o un relevo. De la misma manera, los partidos de centro derecha, como Cs, PP y Vox, van a necesitar una explicación paralela que justifique por qué la directora ha tenido que dimitir si tanto la ministra que la tutela como el propio Gobierno entienden que ha hecho su trabajo hasta ahora de forma profesional e impecable.
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