El primer verano sin restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus constatará la recuperación del turismo interior a niveles previos a la Covid, lo que provocará, nuevamente, millones de desplazamientos por carretera en fechas claves y un aumento de la siniestralidad, un asunto preocupante que queda patente año tras año en las estadísticas de accidentes de tráfico. En este contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT), el organismo competente para la realización de controles de velocidad, pruebas de alcoholemia y presencia de drogas en vías interurbanas y travesías, se prepara para que nada falle de cara a la 'Operación Salida' y anticiparse a buena parte de los accidentes.
Para ello cuenta con dos 'armas' eficaces: los radares, tanto móviles como fijos, y los controles 'sorpresa' para detectar a los conductores ebrios, que requieren de unos equipos que deben actualizarse y renovarse de forma periódica y que implican a laboratorios privados, que son los encargados de detectar sustancias tóxicas en los conductores. Así, el 14 de abril anunció la licitación de un macrocontrato para la puesta a punto de estos aparatos, recogidos en un inventario detallado que incluye la oferta a la que ha tenido La Información. El pliego, dividido en tres lotes, está valorado en 55,5 millones de euros.
El plazo de presentación de ofertas acabó el pasado 15 de mayo y hasta cinco empresas tecnológicas, dedicadas a la seguridad vial y laboratorios optarán por alguno o por varios de los lotes. Synlab Diagnóstico, Laboratorio Echevarne, Tradesegur, Anovo Ibérica y la UTE Mantenimiento de Cinemómetros Portátiles han sido las empresas que han pasado el penúltimo filtro. El informe detalla que a fecha de 18 de abril, la DGT contaba con 6.666 etilómetros indiciarios -marcas Drager y Envitec- y otros 2.385 -Drager y Safir-; 831 equipos de medición de drogas -Drugtest y Abbott-; además 607 cinemómetros portátiles, con marcas Autovelox, Mutanova, Jenoptik Robot y Velolaser.
Madrid acapara 36 radares portátiles de 528 instalados. Mientras los controles de drogas se centran en las provincias de Madrid, Valencia, Sevilla y Baleares
El pliego además detalla, de modo orientativo, en que provincias, no se recogen las vascas y catalanas, que tienen las competencias de tráfico transferidas- están ubicados actualmente los dispositivos, aunque un pequeño porcentaje todavía no está desplegado. Madrid acapara estos controles, 36 radares portátiles de los 528 instalados; seguida por A Coruña -25- y Baleares, 22. Mientras, los equipos de detección de drogas se concentran en Madrid (68), Valencia (33) y Sevilla y Baleares, ambas con 32. En cuanto a los etilómetros, en la provincia de Madrid se ubican hasta 623, seguida por Sevilla, Valencia, A Coruña y Pontevedra.
Junto esto, y fuera del contrato actual, en España hay desplegados en torno a 1.877 radares fijos, a los que hay que añadir 13 helicópteros Pegasus de la Guardia Civil -diez de ellos cuentan con cámara MX15- para vigilar el exceso de velocidad desde el aire, aunque también los adelantamientos peligrosos. Estos helicópteros empezaron a realizar esta labor en 2013 y su función no solo se limita a poner multas y sirven de enlace con distintos centros de la DGT. Los Pegasus se ubican en siete zonas, aunque no actúa en el País Vasco y Cataluña, que también tiene su propio helicóptero con radar al servicio de los Mossos d'Esquadra.
Según recoge el 'I Observatorio de radares en España' elaborado por la empresa tecnológica Coyote, las distintas redes de tráfico disponen de 2.640 de estos aparatos para detección de excesos de velocidad y otras sanciones. De ellos, 1.877 son fijos; 391 de semáforo, 159 de tramo -que controla la velocidad media en un tramo determinado de la carretera- y 213 de cinturón y móvil, unas cámaras capaces de realizar hasta 50 fotografías por segundo para identificar si se utiliza el cinturón de seguridad o el móvil mientras se conduce. La mayoría de estos radares se sitúan en Cataluña, Madrid y Castilla y León. A estos hay que añadir los 607 portátiles de la DGT, que el Ministerio del Interior defiende en la memoria justificativa del contrato como el mejor instrumento para evitar accidentes de tráfico a partir de un enfoque de tolerancia cero a los 'excesos' e imprudencias en la carretera.
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