La cuenta atrás para aprobar los Presupuestos de 2018 ha comenzado y Rajoy ya se ha puesto manos a la obra para intentar sacar adelante las cuentas públicas que le garantizarían agotar la legislatura. El presidente del Gobierno en persona ha asumido los primeros movimientos para intentar cerrar un acuerdo que a día de hoy es imposible pero que, según las aspiraciones del Ejecutivo, se podría desbloquear una vez que se solucione la gobernabilidad en Cataluña y, por tanto, se ponga fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Moncloa tiene un margen de tres meses y medio.
Es el propio Rajoy en persona quien ha comenzado el cortejo al PNV. Lo ha hecho, según fuentes gubernamentales, con un acercamiento al líder del EBB, Andoni Ortuzar, que es quien desde Bilbao negocia con el Ejecutivo central el asunto presupuestario. Aseguran que ya se ha producido una primera toma de contacto con el dirigente vasco y añaden que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido relegado de momento en una negociación donde el Gobierno del PP se juega su futuro.
El PNV es el único partido que tendría que girar 180 grados para aprobar los PGE. Así, los jeltzales han transmitido al presidente del Gobierno en esta primera toma de contacto que mientras las instituciones de Cataluña sigan intervenidas no negociarán nada, según fuentes del partido. Hay que recordar que Rajoy ya tuvo un gesto con los nacionalistas vascos con la renovación del Cupo, que fue considerada por algunos como un regalo prenavideño hacia los peneuvistas ya que no hubo ninguna contrapartida política. Con Cs, por su parte, el PP ya tiene un acuerdo cerrado que data del verano pasado y que, a pesar de la fricción actual, Moncloa prevé cumplir. Algo similar ocurre con los dos diputados nacionalistas canarios, Ana Oramas y Pedro Quevedo, a quien el Gobierno confía en atraer al 'sí' durante las próximas semanas por las inversiones previstas en el archipiélago.
Un ejercicio de ingenieria parlamentaria
Moncloa es consciente de que para sacar adelante los Presupuestos de 2018 va a ser necesario realizar un ejercicio de ingeniería parlamentaria como el que ya tuvo lugar para aprobar los de 2017. El calendario del Gobierno es el siguiente: el próximo 23 de marzo se aprobarán las cuentas, que ya están redactadas, en el Consejo de Ministros para, a continuación, ser presentadas en el Congreso. Se fijará, entonces, el Pleno para debatir la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Habitualmente el Ejecutivo programa ese debate en los diez días siguientes a su aprobación por lo que podría celebrarse después de Semana Santa, es decir, la semana que arranca el 2 de abril cuando no hay ningún pleno previsto.
Para que el Gobierno continúe adelante con la tramitación de los Presupuestos sería necesario un empate a 175 diputados en esa primera ronda. El año pasado votaron a favor de la devolución de los Presupuestos los diputados de PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, ERC, el PDeCAT, Compromís, Bildu y... Nueva Canarias. El Ejecutivo, sin embargo, logró salvar ese primer match ball con el voto de PP, Cs, PNV y CC. Empate a 175 votos y rechazadas las enmiendas a la totalidad. Este es uno de los momentos clave del periodo de sesiones, ya que ningún diputado puede equivocarse de botón ni faltar en las tres votaciones necesarias para continuar con la tramitación parlamentaria.
Una vez superado esta primera prueba, el Gobierno deberá conseguir superar el trámite de enmiendas parciales. Se abrirá así un periodo de casi tres meses, hasta junio, para intentar conseguir los 176 votos necesarios en las partidas de cada ministerio (todas las carteras tienen que conseguir aprobar sus cuentas por mayoría absoluta y si se rechaza una los Presupuestos caerán, según la doctrina del Tribunal Constitucional). En esta segunda ronda es clave conseguir el 'sí' del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, para que todas las secciones sean aprobadas sin problemas.
Con Cs, por su parte, el Gobierno ya ha contactado. Fue hace ya tres semanas cuando el ministro Montoro descolgó el teléfono y marcó el móvil del secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, para emplazar a sus socios de investidura para volver a sentarse a hablar de lo que el Gobierno ha calificado como "las cuentas de la recuperación". Villegas puso dos premisas para dar el 'sí': que el PP aparte a la senadora Pilar Barreiro, imputada en el caso Púnica por cinco presuntos delitos, y que se apruebe la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, compromiso que se firmó este lunes.
Moncloa y Hacienda tendrán que 'retorcer' la Constitución para intentar sacar adelante los PGE de 2018, como ya hizo en 2017. Así, aunque en el artículo 134 de la Constitución se recoja que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", este año se volverán a hacer públicos en mitad del ejercicio en curso. Al tener carácter retroactivo se cumpliría el principio de anualidad. En 2017 el Senado no tocó ni una palabra del proyecto que salió del Congreso (no se aceptó ninguna enmienda) y los Presupuestos se publicaron directamente en el BOE.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios