"Lo importante es controlar el brote. El Gobierno de España está aquí para lo que sea necesario". La decisión de la Generalitat de aprobar un decreto ley para confinar Lleida ha levantado un revuelo judicial por el que el Ministerio de Sanidad ha pasado solo de puntillas. El titular de la cartera, Salvador Illa, ha dado 'una de cal y una de arena' al president de la Generalitat, Quim Torra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Tras incidir en que, "hay que actuar sin contemplaciones" contra la Covid, el ministro del ramo ha sacado a colación el 'modus operandi' que guió los pasos del Gobierno de coalición durante el estado de alarma: "En nuestra legislación la restricción de derechos fundamentales tiene que contar con la supervisión del legislativo o del poder judicial. El presidente Pedro Sánchez obtuvo hasta seis veces el respaldo del Congreso".
Este lunes, el Govern aprobó un Decreto Ley sin precedentes ni respaldo judicial, por el que Cataluña autorizó a sus sanitarios a tomar "las medidas que consideren necesarias" para frenar al virus. Tras la desescalada, las CCAA recuperaron plenas competencias y no hubo más 'hoja de ruta' por parte del Ejecutivo de Sánchez. Las autoridades regionales se embarcaron en la nueva normalidad sin una batería de directrices que delimitase los pasos a seguir por unos presidentes autonómicos, que tuvieron que emprender la cruzada contra los rebrotes antes de lo esperado. La cuestión sobre la contundencia de las medidas quedó al albor de los tribunales.
Quim Torra advirtió que él mismo asumiría los efectos del polémico decreto que, desde su nacimiento, contó con la reprobación de la magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida. Para Torra, los antecedentes del 12J fueron más que suficientes para llevar hasta las últimas consecuencias la cobertura a un endurecimiento de las precauciones que, en principio, "en no ha deberían de extenderse más de 15 días: "En Galicia y País Vasco se han restringido derechos fundamentales, como el derecho de sufragio, sin que ningún juez haya dictado que, para ello, fuera necesario declarar otra vez el el estado de alarma", argumentó el president ayer.
"Hay instrumentos disponibles para atajar los brotes y hay que actuar con contundencia", insistía Illa este mediodía, justo antes de contrastar que el Gobierno sí contó con el respaldo del poder legislativo con los cara a cara que, "hasta seis veces", llevaron al presidente socialista ante el Pleno. Sobre el brote de Segrià, que agrupa 16 brotes aún activos y este martes ha alcanzado los 1.715 positivos en toda la comarca, el ministro ha derivado la cuestión de la estrategia adoptada al 'Plan de respuesta temprana', que, a su entender "detalla el conjunto de medidas que hay que tomar según sea el brote".
El citado protocolo, más que un marco de actuación, es un recordatorio de los indicadores que las CCAA no pueden perder de vista, así como de las herramientas disponibles en el control de la pandemia. "Muchas de las medidas ya están en práctica", ha asegurado Illa, quien ha cifrado en 120 los focos registrados en el país desde el fin del estado de alarma, "la mayoría de los cuales están controlados". El titular de Sanidad ha resumido el contenido del citado marco, "se repasan los pilares de la detección precoz y las capacidades de asistencia".
El ministro destaca que las CCAA tendrán que asegurar, entre otras cuestiones, las reservas de material sanitario para que sus centros puedan cubrir sus necesidades durante un plazo de ocho semanas. El texto también atañe al Ejecutivo que, tendrá que garantizar un 25% de los recursos que se necesitaron durante el pico de la pandemia. Solo un paso separa al citado documento de una aprobación que Sanidad tendrá que obtener en la reunión interterritorial de este mism jueves.
En cualquier caso, Illa ha trasladado que no cree que exista conflicto alguno de poderes en el decreto de Torra: "Sin perjuicio del análisis que tendrán que llevar a cabo los servicios jurídicos del Estado, no parece que el decreto invada competencias". Respecto al Segrià, la Generalitat ha optado por el aislamiento perimetral de la comarca. El Gobierno se ha mostrado de acuerdo con la medida, pese al distanciamiento de la cartera de ese embrollo judicial. "Estamos en comunicación fluida y dispuestos a ayudar en todo lo que se nos pida y haciendo un seguimiento de los brotes que hay en toda Cataluña... el objetivo es controlar el brote con respeto a las resoluciones judiciales", ha zanjado el ministro, no sin recordar que ahora la pelota está en el tejado de la Generalitat.
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