Viernes, 22.11.2019 - 08:07 h
El Reino de España tiene pendientes más de 30 arbitrajes

Sánchez activará el plan Ribera contra los pleitos renovables por la vía de urgencia

El candidato a la presidencia alienta la continuidad de la ministra de Transición Ecológica al adelantar sus prioridades para la legislatura.

Pedro Sánchez y Teresa Ribera
Sánchez activa el plan Ribera contra los pleitos renovables por vía de urgencia. / Moncloa

Las alarmas están encedidas. El Reino de España tiene pendiente en el Banco Mundial una partida con más de 30 movimientos (arbitrajes) por los recortes aplicados desde 2010 y, sobre todo a partir de 2013, a la retribución de las renovables. Las reclamaciones de grandes fondos, empresas y también de particulares, superan los 10.000 millones de euros. Es un problema para cualquier Gobierno. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, lo sabe. Una de las medidas que adoptará por la vía de urgencia si logra la investidura, será reactivar los planes de la ministra en funciones Teresa Ribera para frenar los litigios.

Las fuentes consultadas, tanto en el Ministerio de Transición Ecológica, como en el Instituto para la Diversificación y  Ahorro de la Energía (IDAE), confirman que la primera y más probable medida del nuevo Ejecutivo en materia de energía será resucitar el anteproyecto de ley que el Gobierno aprobó en diciembre de 2018 para tratar de frenar las reclamaciones ante el organismo de arbitrajes del Banco Mundial.

La intervención del presidente en funciones, Pedro Sánchez, tras entrevistarse con el Rey, en la que confirmó la transición ecológica como el primer gran eje de sus planes para una nueva legislatura, fue un espaldarazo y un anuncio adelantado de que Teresa Ribera, muy probablemente, seguirá teniendo un papel destacado en el nuevo Ejecutivo. Y también de que resucitarán las medidas que decayeron con el fin de la anterior legislatura.

Calmar los ánimos

El plan para calmar los ánimos de los fondos de inversión, que reclaman cantidades millonarias por los recortes a la retribución de las renovables -y en especial de la energía fotovoltaica-, se concretó en una norma para fijar la retribución de las energías limpias entre los años 2020 y 2025.  Resumida, la oferta a los reclamantes para que se avengan al acuerdo consiste en mantenerles hasta el año 2031 la retribución vigente, del 7,503%, cuando la tasa de retribución para los proyectos posteriores al año 2013 se situará en torno al 7%.

En el lenguaje ministerial, el anteproyecto intenta "lanzar una señal positiva a los inversores para evitar el planteamiento de nuevos procedimientos o, en su caso, poner fin a los ya existentes". Para quienes acepten, las indemnizaciones o compensaciones que hayan decidido, bien los jueces, bien los árbitros, "se detraerán del importe correspondiente a la diferencia entre la retribución que proceda abonar de las tasas de retribución congeladas hasta 2031 y la que hubieran recibido en el régimen ordinario". 

Todo sea para contener la elevada litigiosidad que provocó el Real Decreto-Ley del hachazo. Hasta la fecha, el importe de los pleitos perdidos suma alrededor de 700 millones, pero las reclamaciones totales superan los 10.000 millones, según cálculos del sector.  De momento, España no ha pagado nada. Todos los arbitrajes desfavorables han sido recurridos. Aunque la avalancha de pleitos no es gratis: el Estado ha desembolsado ya más de 50 millones de euros en la gestión legal de los casos.

Nulidad de fallos

La Abogacía del Estado pide la nulidad de todos los fallos condenatorios del Ciadi. Primero lo hizo por defecto de forma. Y luego, al amparo de una directriz aprobada en 2018 por la Comisión Europea. La directriz declaró ilegales los arbitrajes renovables reclamados por inversores europeos, tanto si se acogen al respeto de tratados bilaterales como si aluden a la Carta de la Energía. Esta recoge un acuerdo de comercio e inversión plurilateral que abarca específicamente el sector de la energía. Bruselas considera que en ambos casos son normas incompatibles con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, que reserva para los tribunales nacionales y europeos la competencia exclusiva de interpretar la normativa comunitaria y garantizar la protección del inversor.

Con la transición ecológica en el frontispicio de la legislatura, Sánchez quiere cumplir lo adelantado desde junio y concretado en el  Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC): 50 GW de energía eólica; 37 GW de solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica y 3 GW nuclear.

Es dar la vuelta a una situación delicada. El Tribunal de Cuentas Europeo lo ha puesto de relieve al sostener en su último informe que los recortes de las ayudas a la producción de energías renovables en España afectaron a la confianza de los inversores y detuvieron "completamente" las inversiones en energía eólica y solar fotovoltaica "durante años".

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