El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confiado a otra de sus personas de confianza, Magdalena Valerio, uno de los desafíos políticos que a buen seguro tendrá que afrontar durante su mandato presidencial: la definición de un nuevo sistema de actualización anual de las pensiones que garantice la preservación del poder adquisitivo de los pensionistas.
Valerio, hasta este miércoles secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo del Partido Socialista, será la nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de Sánchez, que con este nombramiento parece priorizar el 'ajuste social' de la reforma de las pensiones realizada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2013 por delante de cualquier otra cuestión del ámbito laboral.
La futura ministra, nacida de Torremocha (Cáceres) en 1959, ha formado parte del núcleo de asesores económicos de confianza de Sánchez durante los últimos años y acredita una dilatada trayectoria profesional, centrada, primero, en la administración regional manchega y, posteriormente, en el Congreso de los Diputados, justo en el periodo en el que se llevaron a cabo las últimas reformas laboral y de pensiones.
Es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de los Servicios Públicos de Empleo, ha sido diputada, concejala en el Ayuntamiento de Guadalajara y consejera de la Junta de Castilla-La Mancha y, actualmente, es además la secretaria provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara.
Muy crítica con la reforma de las pensiones decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy es una firme defensora de reimplantar la revalorización general de las pensiones en función del IPC y de establecer instrumentos que permitan una mejora adicional de las pensiones mínimas.
Entre los grupos políticos existe un amplio grado de consenso en que hay que buscar un sistema de revalorización que preserve el poder adquisitivo de los pensionistas, pero se antoja complicado un acuerdo general en el seno del Pacto de Toledo sin la participación del Grupo Popular.
Por otra parte, el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Rajoy y el PNV ya 'blinda' de alguna manera las percepciones de los pensionistas durante 2018 y 2019, aunque las protestas de pensionistas en la calle y la propia presión política ejercida desde el PSOE auguran que el Gobierno tendrá que tomar alguna decisión más permanente en este sentido.
Precisamente, el establecimiento de un nuevo mecanismo de actualización anual de las pensiones aparece como el principal reto en el corto plazo de su Departamento. No lo tendrá fácil. El asunto lleva meses anclado en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y el futuro no pinta muy halagüeño. El Grupo Popular ya avanzó que un eventual éxito de la moción de censura no crearía el clima más adecuado para cerrar el tradicional listado de resoluciones que deben marcar la hoja de ruta de la actuación del Gobierno en este campo.
Valerio deberá afrontar también el futuro del factor de sostenibilidad y el problema de la financiación de la subida general de pensiones acordada para 2018 y 2019. El Gobierno de Rajoy había anunciado su intención de obtener ingresos extra de un incierto nuevo impuesto sobre las grandes tecnológicas, aunque tanto en sus documentos como en sus manifestaciones públicas el PSOE siempre ha sido más partidario de establecer nuevos gravámenes al sistema financiero para conseguir ese objetivo. Sin tiempo para crear nuevos impuestos, la activación del ahora durmiente - el Gobierno del PP situó su tipo efectivo en el 0%- Impuesto sobre los Depósitos Bancarios aparece como una posibilidad.
El debate sobre la reversión de la reforma laboral
La otra gran incógnita es qué pasará con la reforma laboral o con "los aspectos más regresivos de la reforma laboral" que tanto se han criticado desde el Partido Socialista. Los sindicatos albergan ahora la razonable aspiración de revertir algunos de los aspectos más perniciosos de la reforma, singularmente lo que tienen que ver con el balanceo de las negociación colectiva hacia los convenios de empresa por delante de los sectoriales.
Como ministra de Trabajo y Seguridad Social también le tocará desarrollar el marco legal que permita abordar el problema de la brecha salarial entre hombres y mujeres y la discriminación laboral hacia la mujer, temas que también han formado parte de su argumentario de cabecera. Menos probable parece que puede hacer algo en relación a la implantación de una Renta Básica en España, otra de las propuestas defendidas por el equipo económico socialista en los últimos años.
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