Cinco formas de evitar otras elecciones: vía vasca, fórmula gala o prima griega

Reformar la fórmula constitucional de la investidura o, al menos, buscar una solución que implique no volver a repetir el bloqueo político en el que se encuentra instalado el país. Es la propuesta que ya han puesto sobre la mesa PSOE y PP para intentar encontrar un consenso que ponga fin a esta situación de interinidad permanente. Y es que hace dos meses y medio que se celebraron las elecciones generales y la convocatoria de unos segundos comicios en noviembre es perfectamente posible. El objetivo es no repetir el bochorno de 2016, cuando costó casi un año elegir presidente. 

En los cuarteles generales de los partidos ya se está dando vueltas a esta situación que se podría solventar a través de cinco vías. Son soluciones que ya se están estudiando en los cuarteles generales de los cuatro principales partidos y que los expertos en Derecho Constitucional también están analizando. Reconocen que no va a ser fácil porque cuatro de ellas exigen una reforma agravada de la Constitución.

En el País Vasco se aplica una fórmula de investidura que difiere de la que se sigue en el Congreso. Así, en el Parlamento de Vitoria pueden presentarse varios candidatos a 'lehendakari' y solo se puede votar 'sí' o 'abstención'. El voto negativo no está contemplado. Es investido quien obtenga más apoyos. En la primera votación es necesaria la mayoría absoluta y, en caso de empate,el Reglamento de la Cámara establece una segunda votación 24 horas después de la primera. 

Esta vía acaba con los bloqueos de la oposición y permite los pactos. De hecho, lo habitual en el País Vasco son los Gobiernos de coalición, que se han dado hasta en siete legislaturas. En la actual el PSE cuenta con tres consejeros en un Ejecutivo del PNV. En alguna ocasión, incluso, ha gobernado quien no ganó las elecciones, como es el caso de Patxi López en 2009. El problema para aplicar este procedimiento a la investidura del presidente del Gobierno es el papel que jugaría el Rey. El jefe del Estado, según la Carta Magna, propone al candidato, por lo que su función constitucional quedaría en entredicho.

Es una medida que ha lanzado el PP. Consiste en regalar 50 escaños al ganador de las elecciones con el objetivo de evitar bloqueos en la investidura. Así, si este sistema que se aplica en Grecia estuviera vigente en nuestro país, el PSOE tendría 173 diputados y estaría más cerca de acabar con esta interinidad. Dicen en Génova que esta solución no necesitaría, además, una reforma de la Constitución, puesto que el texto recoge en su artículo 68 que "el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados". 

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El problema de esta vía es que, según apuntan expertos en Derecho Constitucional, pondría en duda la diversidad ideológica del Congreso y sería una enmienda al carácter representativo del Parlamento recogido en la misma Carta Magna. 

Es un modelo que se aplica en Francia. En las presidenciales se celebran dos votaciones. La primera, con todos los partidos que concurren a las elecciones. Y la segunda, dos domingos después, con los dos líderes que quedaron primeros. Esto podría provocar carambolas curiosas, como que el partido que quedara segundo en la primera vuelta pudiera ganar en la segunda al recoger el voto de sus rivales. O que alguna formación se quede fuera de la elección final por un pequeño porcentaje, como le ocurrió a Fillon contra Le Pen en los comicios de 2017.

Adoptar la solución que se aplica en la elección de los alcaldes es otra de las posibles vías a estudiar. Fue, incluso, la que sugirió Sánchez en una entrevista esta misma semana. El presidente puso como ejemplo la designación de los ediles en toda España: se fija una fecha (en las pasadas elecciones el 15 de junio) y si no hay una mayoría absoluta gobierna automáticamente el candidato más votado. "Yo no digo que esa sea la fórmula para la gobernabilidad de España, pero es evidente que tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida coaliciones negativas que pueden abocar a la repetición electoral sistemática".

Otra fórmula pasaría por recoger en la Constitución unas fechas concretas para la investidura, acortando los plazos. Esto evitaría que la fecha de los plenos y debates fueran elegidas de forma discrecional por el candidato y la presidencia del Congreso. Esta solución es la que defiende Ciudadanos, que pide acotar los plazos entre las elecciones y esa primera sesión de investidura, lo que exigiría también una reforma de la Carta Magna en su procedimiento agraviado.

Sánchez ha afirmado esta semana que el artículo 99 de la Constitución, el que regula la fórmula de la investidura "no funciona" y "hay que reformarlo". ¿Qué sería necesario? La reforma agravada. Es decir, la modificación debería ser aprobada por una complicada mayoría de tres quintos en cada Cámara, 210 diputados y 159 senadores. Para ello haría falta el concurso de tres de los cuatro grandes partidos en el Congreso: PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos. Además, debería convocarse un referéndum si así lo solicitan una décima parte de los parlamentarios.

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El artículo 167 de la Carta Magna recoge, además, que si esa reforma constitucional no obtiene el apoyo de tres quintos de cada una de las cámaras se crearía una Comisión de composición paritaria de diputados y de senadores que presentarían una nueva propuesta de reforma. 

Si la reforma de la Constitución consigue la mayoría absoluta en el Senado, el Congreso podría aprobarla por mayoría de dos tercios. Eso sí, debería ser sometida a referéndum para su ratificación, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, si lo solicitan una quinta parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (35 diputados como mínimo).

Sánchez tiene previsto proponer en su discurso de investidura del próximo día 22 una reforma de la Constitución para desbloquear las investidura. Además, el PSOE ha planteado en su proyecto para el Gobierno cuatro modificaciones adicionales de la Carta Magna: blindar las pensiones, acabar con el término minusválido, eliminar los aforamientos e introducir la consideración de los "límites planetarios" en el derecho al medio ambiente del artículo 45. No hay que olvidar que hay que cambiar la sucesión en la Corona.