El avance de la investigación penal por la caída del Banco Popular ha llevado a los accionistas minoritarios a pedir a la Audiencia Nacional que imponga una fianza civil al que fuera último presidente de la entidad, Emilio Saracho. Se trata de un reclamo que ha efectuado la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC) en representación de cerca de 6.800 minoristas que quieren asegurar un posible resarcimiento en calidad de perjudicados por la resolución del banco hace ahora tres años.
Aunque los pequeños accionistas no fijan una cuantía concreta, fuentes de la investigación consultadas por este diario explican que se podría alcanzar una cifra millonaria puesto que el cálculo se obtiene del valor de la compra de las acciones a fecha del último cierre contable de la entidad. De acuerdo con el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4, las diligencias practicadas durante este tiempo de proceso penal permiten dilucidar la existencia de responsabilidad en estos hechos del último presidente del banco antes de que este fuera resuelto por la JUR en junio de 2017.
AEMEC, que fue de las primeras asociaciones en presentar querella por estos hechos, sostiene que tras más de tres años de investigación contra los antiguos gestores del Popular, existen pruebas que demostrarían la comisión de un delito de administración desleal. En concreto, cuestionan la "irregularidad" del nombramiento de Saracho y la filtración de noticias perniciosas que salieron del Consejo de Administración de la entidad durante sus últimos meses de vida. En lo que respecta el primer punto, el escrito recogido por este diario asegura que su nombramiento en sustitución de Ángel Ron, también imputado en la causa, tenía como finalidad la venta del entonces sexto grupo bancario del país, motivo por el cual, dicen, la entonces consejera Reyes Calderón contactó a Saracho que en el momento de los hechos era un alto cargo de JP Morgan.
Su llegada de JP Morgan
Es por ello que, además de la imposición de una fianza civil, esta asociación representada por los letrados Óscar Arredondo y Juan Ortiz-Úrculo, solicita al magistrado José Luis Calama Teixeira una batería de diligencias. Entre ellas se encuentra librar oficio a JP Morgan para que informe "cómo y en qué términos económicos se produjo la salida de Saracho" y se libre oficio a la firma de cazatalentos Spencer Stuart para que explique si fue contratada por Calderón en nombre del Banco Popular. Igualmente reclaman la testifical del exdirector de Comunicación de la entidad Carlos Balado tal y como hizo la defensa de Ángel Ron. Con todo, esta última petición ya la ha acordado el magistrado instructor en aras a escuchar la versión del directivo que denunció que se filtró información falsa por parte de críticos a la gestión de Ron para hacer caer el valor de la acción de la entidad.
De hecho,también hacen alusión a la carta, recogida por este diario, en la que Balado advirtió de dichas filtraciones en prensa. Sobre las mismas se pronunciaron tanto Reyes Calderón como el inversor mexicano Antonio del Valle. Ambos negaron que se quisiera 'malvender' el banco y apuntaron a una mala gestión por parte de los organismos europeos. Saracho, por su parte, explicó que cuando llegó a la entidad en abril de 2017 la situación del banco era mucho peor de la que le habían explicado y que no había otra salida más que su resolución ante la alarmante fuga de depósitos. En relación a las malas noticias que salieron de la entidad, no las negó en sede judicial pero sí rechazó de plano haber sido el autor de las mismas.
Requerimiento a otros bancos
En su petición, los minoritarios también piden al magistrado que libre oficio a los bancos BBVA, Sabadell, Deutsche Bank y BCI para que informen sobre si tuvieron interés en invertir en el Popular poco antes de su intervención. La tesis que manejan estos pequeños inversores es que el banco era solvente a finales de 2016 y que la gestión de los últimos directivos aceleró la caída de la entidad. Para ello se amparan en gran parte de los interrogatorios celebrados hasta el momento así como en las conclusiones del peritaje del Banco de España. Los expertos plasmaron en su informe remitido al juzgado que el fin del Popular se produjo por la "intensa" fuga de depósitos de hasta 16.000 millones de euros entre los meses de abril y junio de 2017.
Los accionistas también dedican capítulo especial a la reexpresión de cuentas ante la CNMV y aseguran que este fue el "primer paso en la generación de una escalada de desconfianza hacia la entidad y sus directivos". Frente a la tesis de Saracho, que sostuvo que la reformulación de las cuentas fue decisión del comité de auditoría, los minoritarios le atribuyen esta acción y le afean que, "curiosamente", en el hecho relevante por el que comunicaron la reexpresión de las cuentas del cierre de 2016 no hicieron mención a un superávit de 184 millones de euros en las provisiones para créditos
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